Surgen más datos de las coimas que pagó una multinacional estadounidense en la Argentina

La multinacional Stericycle, de recolección y tratamiento de residuos sanitarios, admitió en Estados Unidos que pagó sobornos en la Argentina. Pero antes tomó dos decisiones: echó a los ejecutivos involucrados y, en silencio, armó sus valijas en 2020 y se marchó del país. Ahora, si algún investigador judicial busca a la firma en Buenos Aires, se encontrará con su nombre en algún viejo cartel y poco más. Pero tres ejecutivos pueden saber quiénes cobraron las coimas, según reconstruyó LA NACION.

Los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos aportan pocos datos sobre las actividades delictivas que ocurrieron en la Argentina. Apenas detallan que ocurrieron entre 2012 y 2016, que usaron la palabra “alfajores” como eufemismo para aludir a los sobornos y que se centraron en ámbitos provinciales. Pero no dieron nombres.

Esos documentos, sin embargo, aportan algunos indicios. El primero, identifica como parte de la trama delictiva a una empresa local de Stericycle: Hábitat Ecológico SA. El segundo, habla de pagos ilegales en “provincias”, en plural. Y alude a “hospitales controlados por el gobierno e instalaciones sanitarias”. El tercero, que uno de los pagadores –al que identifican como “Ejecutivo 1″- era un ejecutivo argentino cuyas responsabilidades abarcaban la División Clínica de la firma local.

La alusión a “provincias”, otra vez, tampoco ayuda demasiado. Las operaciones de Stericycle en la Argentina –como Hábitat Ecológico y otras firmas vinculadas como Medam BA SA y SOMA SA- abarcaron múltiples jurisdicciones. Entre otras, las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Salta y Santa Fe, y la ciudad de Buenos Aires.

Los documentos obrantes en Estados Unidos también detallan que ese “Ejecutivo 1″ no fue el único involucrado. Otra vez, aluden en plural a “empleados y agentes” que conspiraron entre sí para completar los sobornos que llevaron a obtener y mantener contratos que redituaron al menos US$4,4 millones en ganancias a Stericycle, un holding con 15.000 empleados que factura US$ 2.650 millones al año, según datos de The Wall Street Journal.

Ese argentino identificado como “Ejecutivo 1″ coordinó esos pagos ilegales con dos superiores, ambos mexicanos: uno basado en Miami y el otro en el Distrito Federal de México, a los que se identificaron como “Ejecutivo 1 para América Latina” y “Ejecutivo 2 para América Latina”. Ambos, de acuerdo a las evidencias recolectadas en Estados Unidos, también supervisaron y autorizaron los pagos de sobornos en México y Brasil.

Los nombres de esos ejecutivos para América Latina permanecen en las sombras, aunque podrían ser Luis Miguel Barbero y Abraham Cigarroa, quienes estudiaron y trabajaron en México, con responsabilidades con Stericycle para toda la región durante esos años, hasta sus salidas. LA NACION intentó contactarlos, pero no respondieron las consultas.

Otro dato: de acuerdo a los documentos oficiales del Departamento de Justicia y de la SEC, la cúpula gerencial de la filial argentina de Stericycle calculó y autorizó las coimas, “que típicamente se pagaron al contado”. ¿Cómo era el proceso? Un empleado de la firma elevaba el monto del soborno –”habitualmente un porcentaje del monto del contrato”-, la cúpula aprobaba ese cálculo y el pago, y el empleado retiraba el dinero de la oficina de la firma en Buenos Aires para su entrega al funcionario corrupto.

Ejemplo de la SEC: en junio de 2012, la firma consiguió un contrato para encargarse de los desechos sanitarios en una provincia, la coima se fijó en el 15% del contrato, la cúpula de Stericycle aprobó el monto “y el efectivo se entregó al funcionario en varios lugares distintos”.

Ejemplo del Departamento de Justicia: en septiembre de ese mismo año, dos empleados del área de Ventas de la firma cruzaron mails sobre la coima a pagar a un funcionario por el 10% del monto del contrato acordado por $ 213.000 (por entonces cerca de US$ 45.610) con un Ministerio de Salud provincial por la recolección de residuos sanitarios. El porcentaje, cabe aclarar, es “deducido los impuestos”. La coima se pagó el 28 de septiembre por el 10%, es decir, $ 21.300 –unos US$ 4560-, en efectivo.

Tercer ejemplo: los mismos u otros empleados del área de Ventas cruzaron mails el 30 de mayo de 2013 por pagos pendientes con un Ministerio de Salud provincial por los “alfajores” pendientes de la última vez –es decir, por pagar-, y detallaron que esperaban entregarlos el 17 ó 18 de ese mes.

Cuarto ejemplo, con otros detalles: en septiembre de 2013, los mismos u otros empleados de Ventas intercambiaron correos electrónicos por el último soborno, que se concretó el 30 de agosto de ese año. El monto bruto era de $ 257.730 –unos US$ 45.000 al tipo de cambio entonces vigente-, y descontados los impuestos, el coimero se llevó su 15% de alfajores.

Durante la última semana, LA NACION procuró contactar a Stericycle en su casa matriz de Estados Unidos. También en sus únicas dos filiales que mantiene en América Latina –en Brasil y Puerto Rico-, al igual que en sus oficinas para toda Europa y en su filial de España. Tres días después de la primera consulta, la multinacional sólo envió un mail con la copia del mismo comunicado de prensa que había subido a su página oficial de Internet. Pero no respondió las preguntas que planteó este medio, repetidas veces.

En la Argentina, el holding de empresas que antes perteneció a Stericycle pasó a llamarse “Centro de Tratamiento de Residuos”, nombre bajo el que operan Hábitat Ecológico BA, SOMA SA y Medam BA SA, firmas que comparten líneas telefónicas. Hoy, Gustavo Solari está al frente de ese grupo. “Compré en julio de 2020, pero se ve que se olvidaron de informarnos sobre todo esto al vender. Estuvieron muy macanudos”, dijo el empresario a LA NACION. “Dijeron algo, al pasar, sobre Brasil, nada más. Pero sobre lo ocurrido en la Argentina, nada”, insistió.

Por separado, quien adquirió una planta de la multinacional en Marcos Paz, Federico Fardighini, relató algo similar. “La multinacional decidió irse en 2020 y yo compré la planta, sin conocer nada de lo que ocurrió antes. En el proceso de ‘debida vigilancia’ no saltó nada, ni dijeron nada”, indicó el empresario.

Fardighini, quien se presentó a sí mismo como un “pequeño o mediano empresario local”, renombró ahora la planta como “SGA Environmental”, pero lidia con el daño reputacional de Stericycle. “Me llaman clientes y proveedores preguntando qué pasó, ¡y no tengo idea! Es como si compraras una casa y te enteraras después de algo que pasó años atrás con los anteriores dueños”, lamentó.

Quienes sí pueden saber qué ocurrió, en tanto, callan. Entre ellos, los responsables a nivel mundial de Stericycle. Pregonan en su página de Internet que el proceso de “transformación” de su directorio comenzó en 2017, cuando se abrieron las investigaciones por corrupción. Al año siguiente arribaron nuevos ejecutivos, como Cindy Miller.

Pero en la Argentina, sin embargo, nada informó al respecto desde 2017. Los registros societarios aportan que en los años cuestionados, los máximos responsables de las operaciones de Habitat Ecológico en la Argentina eran Claudio Armando Vessuri, como presidente; Roberto Eduardo Sambuccetti, como tesorero y Gonzalo Mariano Añaños, como gerente general. LA NACION intentó ubicarlos por teléfono, por LinkedIn y por correo electrónico durante una semana, pero no respondieron las consultas.

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