SUBE: investigará el Banco Mundial las irregularidades
Evaluará si al decidir financiar la supervisión de la tarjeta se cumplió con las reglas internas
La preocupación por las irregularidades registradas en la supervisión del SUBE llegó a Washington. Según pudo saber LA NACION, el Banco Mundial inició una investigación interna para analizar la contratación de 65 millones de pesos –financiada con fondos del organismo internacional– que fue suspendida por el Gobierno.
Luego de que la sede argentina del Banco Mundial admitiera su inquietud ante una serie de notas publicadas por LA NACION, la oficina Integrity Vice Presidency, con sede en la capital de los Estados Unidos, ya analiza los procedimientos internos que autorizaron la firma del contrato.
El Banco Mundial intentará establecer si el proceso, a cargo de la Secretaría de Transporte, se desarrolló en cumplimiento de las normas de selección de consultores. También determinará la responsabilidad de sus funcionarios, encargados de auditar el concurso que transcurrió entre 2009 y 2011.
En reserva, fuentes del organismo financiero aseguraron que en la Argentina les "encontraron la vuelta" a las reglas de la entidad. En las licitaciones por precio y calidad, el Banco Mundial privilegia este último aspecto en un 80 por ciento de importancia. Esa evaluación de calidad la realiza un comité de funcionarios públicos.
"Ya saben que si le otorgan cierto puntaje a la propuesta técnica, después es imposible que pueda revertirse con las ofertas económicas", dijo una fuente del banco especialista en este tipo de concursos. En la supervisión del boleto electrónico, el consorcio PWC-Barimont realizó una propuesta de $ 10 millones más económica por el trabajo, pero la evaluación de calidad realizada por los funcionarios de la Secretaría de Transporte fue determinante para sellar su derrota en el concurso.
Andrés Pizarro, ex gerente de la entidad, fue el encargado de avalar cada paso de la licitación, mediante la emisión de documentos de "no objeción". Con su firma, el ingeniero chileno avaló la contratación del consorcio integrado por Global Infrastructure, IRV, Iatasa y González Fischer y Asociados.
Un kirchnerista
Pizarro mantiene una estrecha relación con los funcionarios de Transporte a los que debía controlar. Esos contactos son incompatibles con las reglas que la entidad exige a su staff. Luego de aprobar el concurso, el gerente renunció a su cargo e hizo explícita su militancia kirchnerista.
Desde Washington, el Banco Mundial también avaló en reiteradas oportunidades el procedimiento. El ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi – que autorizó el contrato – dijo que el concurso había pasado "14 veces por el directorio del Banco Mundial". Pese a las consultas, los responsables del Banco Mundial evitaron opinar sobre las declaraciones del ex funcionario. Tampoco permitieron que Pizarro hablara sobre el tema.
La revisión lanzada por el Banco Mundial habría comenzado luego de que se conociera la existencia de dos empleados fantasma: Marcela Ashley y Steve Beer, cuyos sueldos suman 650.000 dólares. La noticia también fue determinante para que el Gobierno decidiera suspender el contrato. Según pudo saber LA NACION, desde el Banco Mundial enviaron una nota a las unidades ejecutoras de los distintos proyectos financiados por la entidad en la Argentina –se estima que hay más de 30 dependencias– para que tomen los recaudos necesarios ante situaciones similares.
Con la intención de poner documentación a disposición de la Justicia, los diputados Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña (Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad) pidieron al Banco Mundial la apertura de sus expedientes internos, como notas y comunicaciones no formales. La idea de los legisladores es que esa información –que no consta en el expediente– sea utilizada en la causa que investiga la asignación del contrato.
La denuncia realizada por los diputados está a cargo del juez federal Sergio Torres. También el juez Julián Ercolini investiga las supuestas irregularidades en la licitación . En esa causa, el fiscal federal Ramiro González pidió decenas de medidas de prueba e imputó a Schiavi, a los funcionarios de Transporte que participaron en el proceso y a los empresarios que ganaron el concurso.
El Gobierno oficializó hace dos semanas la decisión de suspender el contrato, medida que tiene vigencia por 30 días.
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