SUBE: el auditor que se hizo militante

De gerente del Banco Mundial a kirchnerista

4 de agosto de 2012

Actualizado el 23 de julio de 2020

Como gerente del Banco Mundial (BM), A.P debía garantizar la transparencia de la licitación para supervisar el SUBE. Este ingeniero chileno auditó el concurso y emitió decenas de avales que permitieron la firma del contrato multimillonario que ahora investiga la Justicia.

Pero ya no está en su cargo. Según reconstruyó LA NACION, A.P forjó una estrecha relación con los funcionarios de la Secretaría de Transporte a los que debía controlar. Y tras aprobar la supervisión del boleto electrónico, el consultor hizo explícita su afinidad al kirchnerismo con una activa militancia. Poco después, renunció a la gerencia en el BM.

"Cuando llegué a la fiesta de inauguración de las oficinas del consorcio [a cargo de controlar el SUBE] me sorprendió verlo a A.P. No me esperaba que un funcionario del Banco Mundial estuviera ahí. El estaba conversando muy amistosamente con Angel Ferrigno [Iatasa], Fernando Fazzolari [Iatasa], Pablo Vainberg [IRV], Hernán Sraer [asesor de la Secretaría de Transporte] y Nora Turco [funcionaria de Transporte]", aseguró Stephen Chandler, ex jefe de la empresa a la que se adjudicó el control del boleto electrónico.

El consultor inglés detalló que el cóctel se realizó en Tacuarí 32, las oficinas de Iatasa, días después de que la Secretaría de Transporte le asignara la supervisión del SUBE a Global Infrastructure (GI), IRV, Iatasa y González Fischer y Asociados, en marzo de 2011. "Saludé a los invitados y me acerqué a A.P. Hablamos unos minutos y cuando le pedí su tarjeta, me dijo que ya no tenía porque había renunciado al Banco Mundial", recordó Chandler.

Cuatro funcionarios con decisión en Transporte relataron los vínculos que tejió el técnico chileno con los funcionarios que interactuaban en la ejecución del préstamo que manejaba.

La presencia de A.P en las oficinas de Transporte, en Julio Argentino Roca 636, no se limitaban a las auditorías cuatrimestrales. "Venía, por lo menos, una vez por mes para reunirse con Turco y [Jorge] De Beláustegui. Tienen una relación de mucha confianza", relató una fuente que presenció esos encuentros. "Se generó una gran relación. El diálogo era casi diario; entre los tres arreglaban todo", agregó otra fuente del sector.

De Beláustegui, máximo responsable de ejecutar el préstamo, fue la primera víctima política por la polémica licitación.

A.P negoció con otra área: Planificación del Transporte Urbano en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Platamba), a cargo de Turco. El chileno participó desde el primer minuto en la supervisión del SUBE. Como gerente del proyecto acordó con Turco los montos asignados para cada ítem. Al control del boleto electrónico, se le otorgaron 10,5 millones de dólares, cifra que después se transformaría, con impuestos y gastos, en 17 millones de dólares.

Turco es clave en la estructura de Transporte. Durante la licitación, ocupó tres cargos: directora nacional de Planificación y Coordinación del Transporte, coordinadora de Platamba y miembro del Comité de Evaluación en el concurso. Ese tribunal recomendó contratar al consorcio ganador, pese a contar con una oferta $ 10 millones más económica.

Después de avalar la supervisión del SUBE, que también contó con auditorías realizadas por el organismo desde Washington, A.P renunció a su cargo como gerente del BM en agosto de 2011. La entidad le asignó tareas en Asia, pero él nunca se fue de la Argentina.

Consultados por este medio, en el BM se negaron a hacer declaraciones sobre la situación de A.P. Tampoco permitieron que el consultor hablara con LA NACION. Los socios de Iatasa e IRV mencionados por Chandler no hicieron declaraciones.

Los contactos de A.P alcanzan estatus de ministerio. "¿Cuándo nos juntamos a tomar un café para hablar de Transporte?", preguntó A.P vía Twitter. La respuesta llegó desde las altas esferas del Gobierno. Juan Andrés Randazzo, hermano y ex asesor de Florencio, ministro del Interior y Transporte, aceptó su solicitud: "Dale compañero. La semana que viene está bien #Transporte".

El intercambio sucedió el 22 de junio, antes de que el funcionario anunciara la decisión de suspender el contrato. Consultados por LA NACION, allegados al ministro aseguraron que el encuentro no se concretó. "No tienen relación. Jugaron tres partidos de fútbol en un grupo de 20 personas. Si eso es tener un vínculo...", dijeron.

Afinidad explícita

A.P defiende la política oficial en el Indec, hace proselitismo por el Gobierno y elogia la estatización de YPF, entre otras medidas. No esconde su afinidad con el kirchnerismo.

El chileno mantiene una activa militancia que es explícita en las redes sociales: intercambió mensajes con los diputados Carlos Heller y Agustín Rossi. Abrió una cuenta en la red social "Sumate a Cristina"; en su perfil, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, escribió un largo mensaje.

En mayo de 2011, A.P invitó vía Twitter a la charla "Economía para militantes", organizada por Negros de Mierda, la agrupación kirchnerista que ganó protagonismo por impulsar la salida de presos para participar de actos políticos.

Según indica el manual de empleados del organismo, sus funcionarios deben evitar situaciones de "reales o aparentes conflictos de intereses". Tampoco pueden emitir "cualquier pronunciamiento público" porque -considera la institución- podría influir en la "imparcialidad requerida" para ejercer su cargo.

Unos días antes de las últimas elecciones porteñas, su agrupación Las 3 Banderas organizó una charla con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Según pudo comprobar LA NACION, el 7 de julio -fecha del encuentro- A.P todavía era gerente del BM.

UNA LICITACIÓN MARCADA POR LAS SOSPECHAS

La supervisión del SUBE, clave para auditar el funcionamiento del boleto electrónico, se gestó entre sospechas.

El Estado pagó $ 10 millones de más por las tareas como consecuencia de una licitación ganada por un consorcio compuesto por la empresa inglesa Global Infrastructure (GI) y por ex asesores de la Secretaría de Transporte.

Las tareas consistían en supervisar el montaje de equipos de validación y recarga de tarjetas, controlar el software, inspeccionar la transferencia de datos y verificar la cobertura de la red de bocas de entrega de la tarjeta.

Una investigación de LA NACION detectó irregularidades en la constitución de la firma inglesa GI, a cargo del liderazgo técnico de las operaciones.

También reveló vínculos personales y profesionales entre los empresarios locales y las autoridades encargadas de gestionar el concurso.

El Gobierno decidió suspender el contrato de 65 millones de pesos -financiado con un préstamo del Banco Mundial- luego de que se detectaran dos empleados fantasma que nunca trabajaron ni cobraron, pero que suman sueldos por unos 650.000 dólares.

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, admitió que la supervisión es "un poco cara" para el Estado y admitió "anomalías" en el contrato.

La Justicia también avanzó sobre el concurso: el fiscal federal Ramiro González imputó al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a los funcionarios que avalaron la licitación y a los empresarios que la ganaron.

El ex gerente

A.P Ex gerente del Banco Mundial Profesión: ingeniero Edad: 44 Origen: ChileEstaba a cargo de auditar el contrato de supervisión de la SUBE y aprobó todo. Después renunció al cargo. Hoy se desempeña como consultor externo en proyectos para Asia.

iruiz@lanacion.com.ar