Sturzenegger dio detalles sobre la quita de subsidios a “películas sin espectadores” del Incaa y recriminó: “¡Por lo menos traigan a los amigos a verla!”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado aseguró que la reforma permitirá “preservar los recursos del contribuyente, usarlos criteriosamente y fomentar el cine”
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LA NACION
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio detalles sobre la reforma en los modelos de financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) que oficializó el Gobierno a través del Boletín Oficial en las últimas horas. Mediante una serie de posteos en su cuenta oficial de X, el funcionario nacional explicó por qué ya no habrá subsidios para “películas sin espectadores” o que “prácticamente no lograron captar la atención”, y apuntó contra los productores de esos filmes: “¡Por lo menos traigan a los amigos a verla!”.
“Hoy toca comentar el decreto 662/24 que reglamenta el funcionamiento del INCAA y que busca que el dinero de los contribuyentes sea invertido de manera criteriosa, equitativa y sin condicionamientos políticos”, comenzó el hilo que publicó en su cuenta personal de X.
Sturzenegger señaló que el anterior modelo implicaba tres problemas para el plan de control de capitales públicos por parte de la gestión de Javier Milei. En primer lugar, destacó que había “beneficiarios abonados al Incaa”, entre los que se encontraba principalmente el instituto mismo, sobre el cual aseguró que fagocitaba “gran parte de los recursos presupuestarios asignados”.
Además, continuó: “El segundo problema era que si el proyecto triunfaba, el éxito era primordialmente para el privado. Pero si era un fracaso, lo pagaba el Estado. Usar los recursos del contribuyente no imponía riesgos para quien los pidiera”.
En cuanto al tercero de los inconvenientes expresó que estaba vinculado a la selección de propuestas: “Casi la mitad de las películas financiadas en 2023 tuvieron menos de 1000 espectadores. 12 películas tuvieron menos de 100 espectadores. Una tuvo 4 y otra 5″. Por último, chicaneó a los productores: “¡Por lo menos traigan a los amigos a verla!”.
A su vez, confesó que se postergó la promulgación de una “ley de Onganía”, cuyo objetivo era “doblegar la libertad y controlar el contenido de la producción audiovisual”. Asimismo, remarcó: “Una agenda de libertad como la que propone el Presidente requiere repensar integralmente el uso de los recursos públicos en este campo. El Decreto 662/24 da un pequeño paso en ese sentido”.
Por último, afirmó que el arte es un “componente central de una sociedad libre” y manifestó: “Por definición es contestario, crítico y provocador. En Argentina el Estado ha usado los recursos para doblegar la cultura, haciéndola servil a sus intereses políticos”.
Qué buscará el decreto según Sturzenegger
Detallados los problemas que el Gobierno consideró en el anterior modo de funcionamiento del Incaa, Sturzenegger procedió a explicar que el decreto buscará resolver la siguiente pregunta: “¿Cómo se logra un balance entre preservar los recursos del contribuyente, usarlos criteriosamente y fomentar el cine?”. En tanto, comenzó: “Lo estipulado por el 662/24 y puesto en práctico por el director del instituto, Carlos Pirovano, en la órbita de la Secretaría de Cultura se basa en tres principios”.
El primero de ellos consiste en una “fuerte racionalización” del dinero. Así, añadió: “Pirovano ha implementado la mayor restructuración del organismo del que se tenga memoria. En el futuro, el gasto del instituto no podrá superar el 20% de sus recursos”. También citó un comunicado de la Secretaría de Cultura, a cargo del Ministerio de Capital Humano, en el cual se informó que se detectó un déficit de 4 millones de dólares en el Incaa.
Luego indicó que el segundo punto implica que, a partir del decreto, cualquier proyecto deberá contar con un 50% de financiamiento propio para recibir fondos por parte del Incaa. “Se acabó la posibilidad de asumir un riesgo con la plata del pueblo, debe ser compartido. El dinero del contribuyente es sagrado”, escribió.
“El tercero es limitar el porcentaje de los recursos que pueden ir a un proyecto en particular. Además de establecer una espera de un año luego de haberlo terminado, asegurando un acceso a los fondos más equitativo para todos los miembros de la comunidad”, sumó.
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