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Sturzenegger habló sobre su relación con Caputo ahora que los dos son ministros

El ministro de Desregulación dijo que los gobernadores tienen que reactivar la obra pública y no Milei; “Es responsabilidad de las provincias y municipios”, alegó

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Sturzenegger y Caputo
Sturzenegger y CaputoX

Convencido de que bajar el gasto público es “fuertemente reactivante”, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, evitó ahondar sobre cuestiones de la macroeconomía porque dijo que eso le correspondía al titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo. Prolijo en cada una de sus respuestas, y de ninguna forma metiéndose en los dichos de su colega de Gabinete -con quien afirma ahora ser equipo pese a las fricciones que tuvieron en las épocas macristas- el nuevo funcionario resumió en cuanto a los temas estrictamente económicos: “El Gobierno tiene un único vocero: Luis Caputo”.

Incluso zigzagueó cuando le consultaron por la polémica frase que vertió esta semana el titular de Hacienda cuando indicó que la gente iba a tener que vender dólares para pagar los impuestos, en referencia -según alegó- a que pretendía que se aprecie el peso. “El Gobierno es un equipo, tenemos un excelente DT que define los roles [por Javier Milei], el mío está en la desregulación y el ministro Caputo es el que lleva la macro, podés charlarlo con él, está abierto, no le busquemos el pelo al huevo”, pidió en Radio Mitre.

Además indicó que ambos se “complementan muy bien” porque Caputo encuentra en él un “aliado” para proteger el superávit. “Cuando hablás con los sectores para ver cómo mejorar la productividad, lo primero que te dicen es: ‘Bajame impuestos, el IVA, Ingresos Brutos. Esto no es sobre bajar los impuestos, bajar los impuestos es transferir el costo tuyo al resto de la sociedad. De lo que se trata es de bajar las cosas que son un peso muerto e inútiles, que aumentan los costos”, dijo, pese a que una de las principales promesas de este gobierno fue la de bajar impuestos. No obstante, más tarde él mismo aseguró que a través de la anulación de la emisión monetaria se logrará bajar la inflación y también reducir cargas tributarias.

“Luis se siente tranquilo y cómodo de que, desde nuestro lado, tenemos un blindaje extraordinario a evitar cualquier iniciativa que pueda comprometer el equilibrio fiscal”, sostuvo.

Que los gobernadores se encarguen de las obras

Mientras planteó que son los gobernadores y los intendentes los que deben reactivar la obra pública y no su nuevo jefe político, el presidente Javier Milei. Comentó además, en un dardo a los mandatarios provinciales, que no solo deben basar su gestión en entregar mates o regalar viajes de egresados. Esto último sonó sobre todo dirigido al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que había implementado una ayuda escolar para esas travesías y que dio de baja por el recorte de fondos nacionales.

“La obra pública, mucha, es responsabilidad de la provincias y de los municipios. Después les transferirás esa pregunta a ellos”, respondió en Radio Mitre cuando se refirió al freno que se impuso desde que los libertarios desembarcaron en la Casa Rosada. “Podés tener un gobernador que quiere repartir mates y pagar viajes de egresados y no hacer obra pública. Habrá que preguntarles a ellos también”, insistió irónico.

Comentó además que la obra pública era un mecanismo “para comprar voluntades políticas” y para “avasallar el federalismo”, por lo que el recorte implicó una afectación a “la casta”.

Ley de hojarascas y cambios para los empleados públicos

Dispuesto a enviar la ley de hojarascas al Congreso, que incluye un paquete de derogación de determinadas legislaciones que vienen desde hace años, Sturzenegger se mostró despreocupado sobre lo tortuoso del debate legislativo porque dijo que las sociedades necesitan un “proceso de maduración” antes de aceptar determinados cambios.

La Ley Bases ya sancionada, Sturzenegger la dividió en tres capítulos para el análisis: la promoción de inversiones -con el RIGI y las modificaciones en el sector de hidrocarburos-, la reforma laboral y la reforma del Estado.

Sobre este último eje adelantó entonces tres cambios que introducirá. “Vos tenías la adscripción, que podías mandar a alguien afuera y seguías pagándole el sueldo. El Gobierno tiene gente trabajando en la Provincia, en Tucumán, en municipalidades. Entonces no. La joda esa se acabó porque la termina pagando el contribuyente. No tenemos la menor idea si trabajaban o si eran ñoquis”, planteó.

Después expresó que va a incorporar un examen para ingresar a las filas públicas, que se corregirá de manera automática y será anónimo. “Nadie va a poder favorecer [un ingreso al Estado] por la orientación política, va a ser un filtro interesante”, comentó.

Y en el tercer punto detalló que, para aquellos que están en disponibilidad sin cumplir tareas pero con salario por 12 meses garantizado, permitirán que sean tomados por empresas y les pagarán a esas compañías el equivalente por el sueldo estatal.

SAD

Por otra parte, Sturzenegger se refirió a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que quiere implementar el Gobierno, luego de que Claudio “Chiqui” Tapia emitiera un comunicado en el que dejó en claro que a los clubes que adopten este formato no les permitirán competir en las ligas oficiales.

“Hay una cosa muy loca. La propuesta del Ejecutivo no obliga a nadie a nada. Es impresionante cómo da miedo la libertad. Lo que dice el decreto es que las sociedades va a tener más libertad para elegir a voluntad de los socios de los clubes. Nadie está obligando. Parece sorprendente que la otra organización diga: ‘Yo no quiero que el otro sea libre’. La AFA sí”, comentó, después también de que los clubes de primera división se plegaran a respaldar a la asociación comandada por Tapia.

“La AFA tiene un año para adecuar su estatuto. Hay una ley del DNU que define a los participantes de la ley de deportes y la tienen que cumplir. A partir de la reglamentación está obligada la AFA a entender que la ley dice que puede haber distintas formas societarias y que los clubes que decidan cambiar no pueden ser excluidos”, dijo, pese a que desde la asociación alegan que el Gobierno no se los puede imponer.

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