Stornelli pidió enviar a juicio a Cristina Kirchner y empresarios por la cartelización de la obra pública

El fiscal Carlos Stornelli le pidió al juez Claudio Bonadio que eleve a juicio otra causa donde la expresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y decenas de empresarios de la construcción están implicados por la presunta cartelización de la obra pública.

Se trata de un expediente derivado de la causa de los cuadernos, con 51 procesamientos confirmados por la Cámara Federal. Se investigó el esquema de pagos ilegales que funcionó bajo la órbita del exministerio de Planificación y Obras Públicas, mediante el cual los empresarios habrían pagado sobornos a los exfuncionarios para recibir contratos de obra pública.

La prueba tenida en cuenta para acreditar los hechos investigados son las declaraciones de imputados colaboradores, las planillas aportadas por el financista arrepentido Ernesto Clarens, así como también por distintos organismos estatales, y los entrecruzamientos de llamadas entre los que habrían cobrado sobornos y quienes los habrían pagado. El esquema recaudatorio investigado por Bonadio y Stornelli se encaudra en el período 2003- 2015.

Este expediente surgió, en gran parte, a partir de la lista aportada por Clarens, el hombre detrás de las finanzas de los Kirchner, que cuando se presentó como arrepentido en el expediente de los cuadernos de las coimas entregó planillas con registros de pagos ilícitos por parte de empresas contratistas del Estado. Clarens relató que le entregaba a Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner, el dinero recibido.

El juez Bonadio evaluó esas planillas en relación a listados aportados por la Oficina Anticorrupción y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y reconstruyó cómo era el esquema recaudatorio, basándose también en las declaraciones de los arrepentidos José López y Carlos Wagner.

"Se encuentran los aportes realizados por distintos imputados colaboradores, quienes hicieron referencia al modo implementado principalmente por funcionarios públicos del gobierno argentino, en ese sector. En ese marco refirieron que se habrían abonado anticipos financieros a representantes estatales, a través de Ernesto Clarens, extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra –generalmente, entre un 3% y un 20%- o montos más concretos y relacionados con certificados de obra", indicó el fiscal Stornelli en el requerimiento de elevación a juicio, al que accedió LA NACION.

Entre febrero y marzo de este año fueron indagados más de 100 empresarios y exfuncionarios. Bonadio procesó a casi todos los imputados como parte de una asociación ilícita. La Sala I de la Cámara Federal confirmó, a fines de octubre, 51 de los procesamientos dictados por Bonadio. Después de esa resolución, Stornelli pidió enviar a los 51 procesados a juicio oral. El primer tramo de la causa de los cuadernos ya fue elevado a juicio en septiembre, y el Tribunal a cargo de ese proceso es el TOF 7.

Cristina Kirchner, López, Roberto Baratta, Julio De Vido y Clarens están procesados en esta causa por 175 actos de cohecho pasivo. En el expediente 9608/2018, que es la causa de los cuadernos -iniciada a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno- ellos están procesados por haber integrado una asociación ilícita.

Los exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, Sandro Férgola, Hernán Passacantando y Germán Nivello, en cambio, están procesados en esta causa como miembros de una asociación ilícita.

Stornelli pidió enviar a juicio a los empresarios Ángelo Calcaterra, Gerardo Cartellone, Aldro Roggio, Pedro Losi, Hugo Dragonetti, Juan Chediack, Patricio Gerbi y Wagner, entre otros, por el delito de cohecho activo.

En esta causa se valoraron los dichos Clarens como arrepentido. "A mediados del año 2005, estando acá, me convoca Carlos Wagner, para entonces Presidente de la Cámara de la Construcción, a una reunión en la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como la Camarita, -en ocasión de una licitación por una obra en Tucumán en la que resultó adjudicataria la UTE conformada por Roggio y Perales Aguiar- y me informó que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública a través de una operatoria que demandaba mi intervención en la recepción de los mismos de parte de algunas constructoras en concepto de pago de aportes o retorno y que debía ocuparme de que le lleguen al Secretario de Obra Pública, José López, o quien éste me indique", relató Clarens

"Yo conocía a José López de mi trabajo en Río Gallegos y tenía con él una buena relación. Ese mismo día Wagner se lo comunica a los empresarios que estaban presentes. En ese contexto, me indicó a Daniel Muñoz como la persona que se ocuparía de recibir el dinero de mi parte. Quiero aclarar que, según leí en publicaciones periodísticas, los primero retornos que ocurrieron durante el año 2003-2005 se pagaban en la Camarita, los cobraban ellos. Para Kirchner yo era el financista de Baez, supongo que a partir de eso fue que me eligieron. De hecho, cuando Wagner me comunica que yo debía encargarme de esta operatoria lo chequee con José López, y Lazaro Baez, ellos me pasaron el teléfono de Muñoz, y así es como me contacto con Muñoz, quien me señaló donde encontrarnos dependiendo del monto que le debía entregar", relató Clarens.

En el tramo principal de la causa de los cuadernos se investigaron las entregas de dinero a Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner, en el departamento del matrimonio Kirchner ubicado en las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. Además se investigó, en otros dos expedientes, a Muñoz y su entorno por el delito de lavado de dinero.

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