Sorpresivamente, y en medio de la tensión con Pro, la SIDE quiso intervenir en la causa del “espionaje ilegal” de la era Macri

El día previo a la primera sesión convocada en la Cámara de Diputados para tratar el DNU que aumentó los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), hubo un movimiento en la causa del “espionaje ilegal” a exfuncionarios de la época de Mauricio Macri en la Casa Rosada, donde además fueron espiados jueces, periodistas, allegados y familiares. Ocurrió en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Sorpresivamente, un abogado se presentó como apoderado de la central de inteligencia y pidió conocer el estado procesal de la causa.

El letrado Ignacio Damián González, que acompañó el escrito con el poder de representación de la agencia que controla políticamente Santiago Caputo, a través de Sergio Neiffert, dijo al juez “que teniendo un interés legítimo en conocer el estado procesal de dichos actuados, solicito tenga a bien relacionar el domicilio electrónico del suscrito con la causa de marras”. La causa no tiene movimientos relevantes desde hace meses, pero por algún motivo, el Gobierno se interesó en el proceso, pese a que no es parte.

Con ese argumento le contestó el juez Sebastián Ramos -que cubre en este momento a Martínez de Giorgi, que está de licencia-, a la central de inteligencia. Dio por tierra el pedido de la agencia y respondió: “En cuanto a lo solicitado por el apoderado de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), toda vez que dicho organismo no reviste carácter de parte y que además, tampoco se encuentra justificado su concreto interés en conocer el estado de estos actuados -y de las causas conexas-, NO HA LUGAR”.

Este extraño intercambio en la causa se da en un contexto de extrema tensión entre Mauricio Macri y Santiago Caputo. El expresidente transmitió en público y dejó trascender que el asesor de Javier Milei es un problema para la alianza entre Pro y La Libertad Avanza. El libertario respondió con un contundente apoyo al “arquitecto” de su gobierno y lo ratificó como parte de su “triángulo de hierro”.

La respuesta del juez se da dos días después de que la cámara baja rechazara el DNU que amplió en $1000 millones los fondos reservados de la SIDE. Pese a que el Gobierno apostaba a que se demore, la sesión especial comenzó este miércoles con un amplio quorum con 140 diputados en sus bancas. El Pro, a diferencia de la primera vez en que se intentó tratar el tema, tuvo su primer ruptura y votó mayormente en contra del DNU. Veinte diputados votaron en contra del decreto, cuatro a favor y dos se abstuvieron. Quienes responden a Macri dijeron que no a la ampliación de recursos de la agencia de inteligencia.

Fue el segundo punto de desconexión entre el Pro y La Libertad Avanza en una semana, en lo referente a la inteligencia. El martes, por cortocircuitos con el bloque amarillo, fue confirmado Martín Lousteau al frente de la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia en el Senado. El macrismo dejó entrever su bronca con el oficialismo, porque había pactado con Victoria Villarruel la titularidad de esa comisión.

La causa

La causa de espionaje ilegal durante la época de Macri se inició a partir de denuncias que señalaban que la AFI (Agencia Federal de Inteligencia, nombre modificado nuevamente por la gestión libertaria), durante la época de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, habría realizado tareas de inteligencia ilegal como seguimientos, interceptaciones de comunicaciones, y recopilación de información sobre personas vinculadas tanto al oficialismo como a la oposición, jueces y periodistas, entre otros. El proceso comenzó con denuncias presentadas por la interventora de la agencia, Cristina Caamaño, en 2020.

El primer juez en tomar el caso fue Federico Villena, de Lomas de Zamora, pero fue apartado de la causa porque su intervención guardaba “estrecha relación con las medidas que fueron adoptadas” por él mismo años antes, en un expediente abierto en el gobierno de Macri para hacer inteligencia vinculada al G20 que se llevó a cabo en 2018 en Buenos Aires. Luego, pasó al de Juan Pablo Auge en el mismo distrito.

Finalmente, se incorporaron dos causas (la del Instituto Patria y la del resto de las tareas de espionaje) a un expediente principal que fue trasladado al Juzgado Federal Nº8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Martínez de Giorgi. Este movimiento tuvo convalidación por parte de la Corte Suprema. En 2022, los jueces del máximo tribunal se excusaron de intervenir en el caso y los conjueces Javier Leal de Ibarra (Cámara de Comodoro Rivadavia), Juan Carlos Bozón (Cámara Nacional en lo Penal Económico) y Guillermo Antelo (Cámara Civil y Comercial), Ramón González (Cámara de Corrientes) y Mario Leal (Cámara Federal de Tucumán), designados por sorteo, dejaron firme que la causa continúe en Comodoro Py.

La Cámara de Casación Penal dejó firmes, en ese año, los procesamientos de un grupo de exespías y confirmó la falta de mérito dictada a Gustavo Arribas. Majdalani, por otra parte, quedó procesada pero no por infringir la ley de inteligencia, sino por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Procesados en ese entonces quedaron Alan Flavio Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano, por infracción a la ley de inteligencia. Darío Nieto, exsecretario de Mauricio Macri, fue confirmado en falta de mérito en a causa.

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