Soria resta votos en Diputados: al oficialismo le faltan al menos siete para aprobar la reforma judicial
Diputados de los interbloques afines al oficialismo anticiparon que no avalarán las iniciativas sin consenso previo ni modificaciones en el texto
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LA NACIONLaura Serra
La designación de Martín Soria al frente del Ministerio de Justicia, lejos de allanar, obstaculiza la ya empinada tarea de reunir los votos en la Cámara de Diputados para avanzar en dos iniciativas prioritarias para el oficialismo: la reforma judicial y la que modifica la ley orgánica del Ministerio Público. Ni siquiera los bloques aliados están dispuestos a acompañar ambos proyectos sin previo consenso ni modificaciones.
Tanto la reforma judicial –que, según la oposición, tiene como propósito colonizar la Justicia Federal con magistrados oficialistas- como la modificación de la ley de Ministerio Público –que flexibiliza la mayoría en el Senado para nombrar al nuevo procurador- tienen media sanción de la Cámara alta, pero están congeladas hace meses en la Cámara baja por falta de apoyo. La brecha se amplió: al bloque oficialista le faltan al menos siete votos para reunir quorum en el recinto y avanzar en su tratamiento.
La lupa debe colocarse en una bancada que, hasta ahora, le fue leal al oficialismo en todas las leyes: el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Ramón. Con sus seis integrantes, suelen ser clave para que el bloque que conduce Máximo Kirchner –con 117 miembros en sus bancas- se arrime a los 129 que requiere para alcanzar el quorum. En esta oportunidad, sin embargo, uno de ellos –el rionegrino Luis Di Giacomo- anticipó que no votará las reformas judiciales si vienen impulsadas por el nuevo ministro; otros tres, que pertenecen al Frente de la Concordia Misionero, sostienen que darían quorum siempre y cuando haya un compromiso de los diputados y senadores oficialistas para incluir modificaciones al texto, mientras que los dos restantes –Ramón y Pablo Ansaloni-, son los únicos dos que podrían avalarla.
Di Giacomo fue tajante en su postura. “Siempre sostuve que la reforma judicial es necesaria y constituye un reclamo de toda la sociedad. La Justicia Federal parece actuar según los gobiernos de turno y tiene reminiscencias ‘monárquicas’ que la hacen una cofradía cerrada e intocable –sostuvo-. Sin embargo, si predomina el ala extrema en la discusión, no cuenten con mi voto”.
El rionegrino, que responde al exgobernador y actual senador Alberto Weretilneck, también es un crítico acérrimo de Soria, excandidato a gobernador de su provincia el año pasado. “Soria es una persona violenta e incapaz de generar un diálogo positivo”, fustigó Weretilneck.
“Si Soria es quien va a implementar la estrategia judicial es absolutamente obvio que Juntos Somos Río Negro no va a acompañar ningún proyecto judicial en el Congreso”, agregó.
Los misioneros Ricardo Wellbach, Diego Sartori y Flavia Morales, en tanto, anticiparon que sólo acompañarían las iniciativas si el oficialismo se aviene a incorporar cambios. “Nosotros queremos conversar en un marco de consenso. Ningún proyecto debe ser pétreo”, sostiene Wellbach. “Eso sí, si el Frente de Todos acepta incluir cambios, debe haber un compromiso con el Senado para que se los respete si el texto retorna a la Cámara alta para su sanción”, agregó.
Los restantes bloques son todavía más duros. Los cuatro diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti, ya anticiparon su rechazo a forzar la aprobación de ambas iniciativas sin previo consenso. La relación entre los cordobeses y el Gobierno no pasa por su mejor momento: Schiaretti está resentido con la Casa Rosada por su renuencia a prorrogar la ley de biocombustibles, clave para el sector productivo de la provincia.
Tampoco los diputados de Acción Federal, Felipe Álvarez y Antonio Carambia, darían quorum para avanzar en la agenda judicial tal como la propone el Gobierno. “No es el momento”, deslizan. En la misma sintonía, la neuquina Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, se mostró reacia a apurar la sanción de ambas leyes sin previo consenso y posibles modificaciones al texto.
Quienes desde un primer momento bajaron su pulgar y anticiparon su rechazo fueron los once diputados del Interbloque Federal, que conduce Eduardo “Bali” Bucca. “Sin un acuerdo político fuerte, es inviable”, enfatizó el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, de Consenso Federal.
Por Laura Serra
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