Solo en Off: sin probarse el casco, Patricia Bullrich se prepara para la “batalla de El Calafate”

Fiel al viejo lema que reza "ni un paso atrás", y después de su participación en la marcha del 27-F, la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, se prepara para protagonizar, en dos semanas, lo que algún referente de su entorno definió como "la batalla de El Calafate". Entusiasmada con su creciente perfil mediático, dispuesta a seguir consolidando su liderazgo en el sector "halcón" de Juntos por el Cambio y con las elecciones legislativas en la mira, la exministra de Seguridad incluyó al "lugar en el mundo" de Cristina Kirchner como sede de la presentación de su libro Guerra sin cuartel, en el que relata su reciente paso por la función pública y que ya ha presentado en distintos puntos del país.

¿Van a ir con el casco puesto? "No, para nada. Los que van a tener que usar casco son ellos y si pasa algo será su responsabilidad", desafía la exministra ante sus dirigentes de confianza. "Y además, los que usan casco están conmigo", ironiza, en referencia a los distintos uniformados que, con o sin cámaras cerca, le manifiestan su apoyo antes, durante o después de cada presentación.

Nadie duda que en Santa Cruz el clima político estará caldeado, pero cerca de Bullrich aseguran que, de haber alguna agresión desde el kirchnerismo, será ese sector el que pague el costo político.

En esta estrategia de "plantar bandera" en la provincia de los Kirchner, Bullrich designó meses atrás como interventora de Pro en Santa Cruz a Silvana Giudici, y la exdiputada radical y exfuncionaria del gobierno de Cambiemos cumplió: viene presentando distintas denuncias contra la gobernadora Alicia Kirchner y sus funcionarios por la distribución de las vacunas en esa provincia, además de acompañar iniciativas nacionales anteriores y de alto impacto, como la de la vuelta a clases presenciales, uno de los caballitos de batalla de la oposición.

El sugestivo silencio de Rodríguez Saá sobre la vacunación

Mucho se ha hablado del escándalo del "vacunatorio vip" en el escenario nacional, pero en San Luis hay sospechas que se multiplican y un silencio que aturde: el del gobernador Alberto Rodríguez Saá, a quien la oposición le pide –sin éxito– que dé a conocer la lista de eventuales "privilegiados", que incluiría a su hermano y senador nacional, Adolfo Rodríguez Saá, y miembros de su familia.

"Queremos saber si lo ocurrido a nivel nacional también sucedió en nuestra provincia", dijo el diputado provincial Luis Lucero al presentar una nota al gobierno. Según publicaciones locales, como El Chorrillero, Adolfo Rodríguez Saá habría recibido la vacuna como parte de un operativo que incluyó el cierre de calles adyacentes al hospital de San Luis, el mismo lugar donde fuera vacunado su hermano, de quien está distanciado.

El exgobernador y también senador nacional Claudio Poggi, hoy en la oposición, se sumó a la polémica y denunció que funcionarios del gobierno puntano le ofrecieron la vacuna y la rechazó, mientras que el dirigente radical Walter Ceballos hizo público que él sí aceptó inocularse, aunque destacó que cumplió con los requisitos y que posee dolencias físicas que ameritaban su vacunación. "Llamaban la jefa de Gabinete, Zavala Chacur, y la ministra de Salud, Sosa Araujo", denuncian los opositores puntanos.

Daniel Arroyo, el "único" del gabinete con buenas noticias

La explosión del "vacunatorio vip" y el fallo que condenó al empresario kirchnerista Lázaro Báez sumieron al Gobierno en una de sus semanas más difíciles. Uno de los pocos miembros del gabinete que tuvieron buenas noticias, y para colmo desde los estrados judiciales, fue Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, sobreseído en la causa por presuntos sobreprecios en la compra de alimentos de primera necesidad al inicio de su gestión.

"Nunca se habían comprado esos alimentos, pero bueno, fue duro todo. La verdad es que es un alivio", susurraron desde el ministerio, en alusión directa al fallo del juez Sebastián Casanello, que consideró válidas las recomendaciones del fiscal Guillermo Marijuan con relación al caso.

Sabedor del escozor que produce en el kirchnerismo la condena contra Báez, Arroyo evitó cualquier manifestación pública en relación con el fallo, que motivó la "sana envidia" de varios de sus compañeros del gabinete. "De lo de Lázaro no sé nada", fue la respuesta de distintos voceros oficiales cuando la prensa los consultaba sobre la condena al dueño de Austral Construcciones, beneficiado por contratos de obra pública cuestionados en el reciente fallo judicial. Nadie pudo responder si el presidente Alberto Fernández llamó a Arroyo para felicitarlo, luego de aquella denuncia que lo golpeó duramente.

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