Sobreseyeron a Mauricio Macri, Fabián Rodríguez Simón y otros exfuncionarios en la causa de la “mesa judicial macrista”
La jueza María Eugenia Capuchetti cerró el caso por “inexistencia de delito”; el fiscal apeló y ahora decidirá la Cámara Federal
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La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó por “inexistencia de delito” a Mauricio Macri y a un grupo de exfuncionarios de su gobierno en la causa conocida como “mesa judicial”, que investigaba supuestas presiones a jueces a través de llamadas, visitas, estrategias mediáticas y denuncias en el Consejo de la Magistratura.
La lista de quienes fueron sobreseídos incluye, además de al expresidente, al exministro de Justicia Germán Garavano, al exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, a la exdiputada y actual legisladora porteña Graciela Ocaña; al procurador de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques (que fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el macrismo), al exministro Jorge Triaca y al exasesor presidencial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que sigue prófugo en el marco de otra causa, que tramita la jueza María Servini.
Capuchetti hizo lugar a una excepción de falta de acción por inexistencia de delito que planteó Garavano. Capuchetti firmó su fallo antes del inicio de la feria judicial. Fue apelado por la fiscalía (que entendió que era “prematuro” sobreseer a los acusados porque quedaban pruebas pendientes) y ahora la Cámara Federal debe decidir si lo confirma o lo revoca.
Esta causa se inició en 2018 y fue creciendo porque acumuló “diversas y numerosas denuncias, ampliaciones de denuncias y extracciones de testimonios de distintos expedientes”, relató la jueza en su fallo.
Para Capuchetti, fueron determinantes las declaraciones de los jueces supuestamente presionados. “La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados -dijo la jueza en su fallo-, en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas, o incluso de haber cesado la administración que habría planificado dichas interferencias”. Según Capuchetti, “sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí, y con respecto a lo resuelto en cada una de las causas traídas a su conocimiento, lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”.
Para la magistrada “no es menor” el hecho de que “no se trata de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia” sino de “magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquél que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”.
Capuchetti agregó: “Es más: tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”.
LA NACIONTemas
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