Durísimas acusaciones contra el juez Villena por el caso de espionaje ilegal a políticos, funcionarios y sindicalistas
Martinez de Giorgi anuló los procesamientos de jefes penitenciarios por espiar a presos comunes y del kirchnerismo, pero deslizó sospechas sobre la actuación del magistrado de Lomas Zamora
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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi deslizó que su colega de Lomas de Zamora, Federico Villena, actuó de manera ilegal en la investigación de las causas de espionaje sobre funcionarios, políticos, sindicalistas, religiosos y periodistas que realizó un grupo de agentes de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Al mismo tiempo, Martínez de Giorgi sobreseyó a exagentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que estaban siendo investigados por espiar en el penal de Ezeiza a exfuncionarios presos del kirchnerismo.
“Resulta evidente y claro, que el Dr. Federico Villena ha estado involucrado activamente en la acción bajo investigación, respaldando con apariencia de legalidad actividades de vigilancia que se realizaron de manera ilegal o proporcionando los recursos para llevar a cabo acciones de inteligencia de manera ilícita”, escribió Martínez de Giorgi, quien enumeró un cúmulo de irregularidades.
La decisión del juez se dio en el incidente de nulidad que presentaron agentes del Servicio Penitenciario que estaban procesados por espionaje ilegal a los presos del kirchnerismo. La prueba clave para esos procesamientos fueron dos penitenciarios que declararon como testigos de identidad reservada (Claudio Segura y su hermana) y que contaron cómo se había montado un servicio de vigilancia con cámaras y micrófonos tanto para controlar a Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina”, pero también al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina y los entonces exfuncionarios kirchneristas Amado Boudou, Carlos Zannini y Ricardo Jaime, entre otros. Los dos testigos identificaron a los penitenciarios que realizaron estas tareas.
Martínez de Giorgi concluyó que la declaración de estos dos testigos en realidad fue “guionada” para eximir de responsabilidad a quien había dado las órdenes y sugirió que se trataba de Villena. Con este argumento es que Martínez de Giorgi desvinculó del caso al extitular del SPF durante el gobierno de Mauricio Macri, Emiliano Blanco; al extitular de la Dirección principal de Análisis de la Información del Servicio Penitenciario Federal Cristina Suriano y a un grupo de agentes de distinta jerarquía que trabajaban por debajo de ellos.
“Desde el comienzo y hasta una etapa avanzada de la investigación, el Dr. Villena actuó́, aunque no oficialmente, como juez y parte del proceso. En ese doble papel, tuvo el control absoluto de la investigación. Por ello resulta necesario determinar si desde el principio estuvo consciente de todos los detalles de la maniobra que finalmente quedó bajo su escrutinio, o si esta situación se hizo aparente a medida que el proceso avanzaba”, dijo Martínez de Giorgi.
El legajo del espionaje carcelario es uno de los derivados de una causa más grande en la que se investiga el espionaje ilegal a dirigentes políticos iniciada a partir de la declaración de Sergio “Verdura” Rodríguez, detenido por una causa de narcotráfico, en la que dijo que también había trabajado para agentes de inteligencia.
En un reportaje televisivo, ratificado días atrás ante la Justicia durante una indagatoria, Verdura Rodríguez dijo que también había sido guionado en relación con sus expresiones, pero el juez Martínez de Giorgi sostuvo que aún deben realizarse medidas de prueba para comprobarlas.
El juez dijo que ambas causas, la del espionaje ilegal y la del SPF, tuvieron el mismo origen: un testigo falso que dio la letra para iniciar el caso. En el asunto del espionaje ilegal se comprobó que los agentes de la AFI hacían seguimientos, fotografías e informes y que eran elevados a la cúpula de la AFI de Cambiemos.
“Luego de revisar todo lo expuesto en los puntos anteriores, el tribunal concluye que existen abundantes elementos que respaldan la versión de las defensas acerca de que el testimonio de Claudio Gabriel Segura (empleado del SPF) estaba preparado previamente y que, en gran parte de su extensión, no se basaba en su conocimiento adquirido a través de sus sentidos”, escribió Martínez de Giorgi.
Y agregó: “Ello, con el objeto de direccionar la investigación, asignar responsabilidad en agentes del Servicio Penitenciario Federal y encubrir la efectiva participación del juez Federico Villena en la cobertura judicial brindada, con respecto a tareas de inteligencia desplegadas por la AFI”.
El juez enumeró decisiones de Villena que permitieron que la AFI se excediera en sus acciones. Por ejemplo, dar autorización para que durante un año los agentes de la AFI accedieran de manera directa y on line a los registrado por todas las cámaras de la Ciudad, o prorrogar las escuchas que se realizaban en el penal, aún cuando no ofrecían resultados para la investigación.
Dijo Martínez de Giorgi: “Se percibe con absoluta nitidez que el Dr. Federico Hernán Villena ha tomado parte activa en la maniobra que aquí́ se investiga, prestando cobertura judicial a tareas de observación ilegalmente realizadas (en el caso del Instituto Patria o bien facilitando los medios para producir inteligencia ilegal, al menos, de miembros del Sindicato de Camioneros, así́ como de personas que se encontraban privadas de su libertad, en el caso de Juan Pablo Medina o las personas detenidas en el IRIC del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza”, que eran los presos del kirchnerismo.
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