Sobreprecios: la justicia realizó procedimientos en AySA por la compra de 620 vehículos por US$25 millones
Los ordenó el juez Lijo por una denuncia de JxC; cuestionan la compra de 620 vehículos a una concesionaria Renault a un precio superior al de mercado; la respuesta de Malena Galmarini, titular de la compañía
- 5 minutos de lectura'
El juez federal Ariel Lijo envió a la Policía Federal con una orden de presentación a la empresa AySA SA, a la automotriz Renault Argentina y a la concesionaria de autos Lumiere para pedir y secuestrar documentación relacionada con la compra que realizó la firma que comanda Malena Galmarini de 613 autos y 7 camiones eléctricos por unos 25 millones de dólares.
Los procedimientos obedecen a una causa que investiga el juez Lijo con intervención del fiscal Carlos Rívolo por supuestos sobreprecios en la adquisición de los vehículos tras una denuncia de los diputados Ricardo López Murphy y Marcela Campagnoli, y de Juan José Calandri, quien se desempeña como auditor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de una denuncia de los representantes de Juntos por el Cambio (JxC) contra Malena Galmarini, quien oficia como virtual jefa de campaña de su marido, el candidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa.
La empresa AySA dijo que no se trató de un procedimiento judicial, sino de un requerimiento de información, la cual afirmó que está en su sitio web, abierto a la ciudadanía. Sostuvo que fue una “adquisición de vehículos utilitarios livianos, utilitarios eléctricos y tipo pick ups” para renovar 613 unidades que tienen un promedio de 8 años. Aseguró que así mejora “la operatividad por la reducción de reparaciones” y que “los procesos de renovación de flota se realizan periódicamente analizando la antigüedad y su estado”.
La compañía estatal sostuvo que los requerimientos y pedidos de información para la elaboración de esta licitación comenzaron en enero de 2023. El llamado a licitación se realizó en marzo y se recibieron ofertas en abril. De acuerdo a AySA, el proceso licitatorio se desarrolló bajo las normas que exigen los distintos organismos de control. Indicó que el 1 de septiembre se aprobó en reunión de directorio la orden de compra de los vehículos y que el presupuesto destinado es de USD 25.474.453. Dijo que como compra al tipo de cambio oficial gasta $15 millones por vehículo y no el doble, como señala la denuncia.
“Los montos fueron ratificados mediante carta adjunta, por la misma Renault, que además de subrayar que no participa directamente en licitaciones públicas, reiteró su compromiso de transparencia y rectitud con toda su red oficial de concesionarios”, dijo AySA.
Explicó que se destinan $11 millones de pesos para cada unidad y entre $3 y $4 millones para la adecuación de los mismos para realizar tareas operativas específicas. De este modo cada vehículo se entrega con equipamiento adaptado a las necesidades de las áreas operativas correspondientes. Esto incluye protección de piso de caja de carga y paneles interiores laterales, panel divisor tipo reja de sector de carga con cabina, los logos de AySA y los gastos de flete y patentamiento, además del grabado de cristales y autopartes.
La denuncia está dirigida contra a Malena Galmarini, presidenta de AySA, y contra Lumiere Automóviles SA.
En las órdenes de presentación se les exige la totalidad de la documentación vinculada al proceso, también los papeles de la licitación por la cual se adjudicó el 4 de septiembre pasado la compra en Lumiere de 613 utilitarios Renault Kangoo y 7 camiones eléctricos por U$S 25.746.000. Ahora, los intimados tiene 48 horas para aportar esos documentos.
La denuncia señala que se adjudicó una licitación por montos mayores a los precios de mercado y en dólares, con una cotización que es beneficiosa para la empresa que hizo la oferta, a un precio superior al estimado por AySA. El pliego establecía un costo máximo de U$S 25.474.453, cuando debería estar expresado en pesos o si se menciona en dólares, debe existir una justificación, lo que no aparece en la licitación.
De acuerdo a los denunciantes, supuestamente se habrían comprado las Kangoo a 42.000 dólares cada una y los siete camiones eléctricos a 82.000 dólares cada uno. Estas sumas serían el doble de los valores de mercado, pues los utilitarios estarían en 14.000 dólares, lo que implicaría un sobreprecio de 28.000 dólares por unidad.
Malena Galmarini explicó que la compraban al tipo de cambio oficial ($365,50) lo que representa un total de $15.000.000 por rodado, de los cuales se destinan $11.000.000 para la compra de la unidad y entre tres y cuatro millones de pesos para la adecuación de los autos para realizar tareas específicas con la colocación de accesorios para el trabajo y el ploteo con el nombre de la empresa.
Sin embargo, según los denunciantes, ello no justificaría el sobreprecio. Galmarini aseguró que debían renovar la planta de vehículos de más de ocho años de antigüedad y que así se gastaría menos en mantenimiento. Los denunciantes destacaron que en 2022 AySA licitó y adjudicó a Lumiere la compra de 256 vehículos por U$S 10.928.549 y a Igarreta, otra concesionaria de la marca Ford, por U$S 367.680 por la compra de 28 camionetas 4x4.
La fiscalía de Rívolo instó la investigación, pidió recuperar los documentos de la licitación y que se realice un amplio peritaje para determinar si hubo sobreprecios en las adquisiciones denunciadas. Fue el periodista Carlos Pagni quien advirtió en su programa de LN+ sobre esta denuncia y allí indicó que el vicepresidente de AySA, Martín Reibel, allegado a Máximo Kirchner, no firmó esos contratos, ni el acta del directorio donde se adjudicaban estas compras, al igual que el sindicalista José Luis Lingeri.
Otras noticias de Justicia Federal
- 1
El Colegio de Abogados de la Ciudad repudió la fiesta del fiscal Ramiro González
- 2
Alarma en la Corte Suprema. La Justicia investiga una serie de llamados a comisarias de alguien que se hace pasar por Horacio Rosatti
- 3
La Justicia dispuso el desalojo de la ocupación ilegal en el Parque Nacional Los Alerces
- 4
Elisa Carrió pidió indagar a Sergio Berni acusado de contaminar la escena del crimen de Nisman