Sindicalización policial: las claves y la historia de un debate que se enciende después de cada desborde
Un seminario en la UBA reúne a quienes promueven y rechazan la protección gremial a los uniformados; “le exigimos que respete los derechos humanos cuando nosotros no respetamos los suyos”, dice su director
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LA NACIONPablo Morosi
No es común que se relacione la seguridad con las condiciones laborales de los agentes asignados a su custodia. Es más común, en cambio, asociar los abusos y desbordes de las llamadas fuerzas del orden con la formación y el apego a protocolos de acción por parte de sus miembros. Estos y otros ítems, que también incluyen la pretensión de un mejor salario y la optimización de los regímenes de descanso y cobertura sanitaria, forman parte del cúmulo de asuntos incluidos en un singular seminario de postgrado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que promueve rediscutir la pertinencia de la sindicalización policial desde una perspectiva plural ligada a los derechos humanos.
“Es necesario derribar una serie de prejuicios, estigmas y generalizaciones y seguir el camino de las democracias consolidadas que apuntan a fortalecer el bienestar del personal como herramienta clave para mejorar la calidad del servicio prestado y, consecuentemente, revertir la inseguridad”, sostiene el director del curso de “Derecho a la Sindicalización de las Fuerzas de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y Agentes de Inteligencia. Avance o Retroceso para la Democracia”, Mateo Pérez Esquivel, abogado y nieto del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
El docente reunió en el mismo ámbito a representantes que apoyan la iniciativa y quienes la rechazan fervientemente, al señalar el inherente carácter represivo de las fuerzas así como la existencia de una estructura de corrupción proclive al autogobierno. Mientras los detractores advierten que dar organicidad a colectivos de personas que portan armas pondría en riesgo la verticalidad de la cadena de mando, dejaría abierta una puerta a la politización o a las consecuencias impensadas que podría generar una huelga en la paz social.
Desde la otra vereda se sostiene que, más allá de todo eso, el derecho a la sindicalización es un derecho humano -éste es precisamente el eje de debate que propone el seminario- que permitiría exigir condiciones dignas de trabajo y acceder a una negociación colectiva.
Cada vez que ocurren hechos como la represión policial en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, la discusión alrededor de la sindicalización policial parece reavivarse, amén de las críticas internas y externas que apuntaron contra el ministro Sergio Berni y el gobernador, Axel Kicillof. También, ante este tipo de sucesos, salen a la superficie las pésimas condiciones de trabajo en que los agentes llevan adelante la tarea. Ubicados entre los trabajadores estatales peor remunerados, sin acceso a derechos laborales básicos, los policías ostentan índices altos de enfermedades laborales, trastornos psicológicos y suicidios.
“Es necesario generar más espacios institucionales de diálogo y contención, dejar de silenciar la problemática y hacernos cargo del tema que tiene consecuencias palpables en la vida cotidiana de toda la ciudadanía”, sostiene Pérez Esquivel, que fichó en el cuerpo docente del seminario a personalidades como Víctor De Gennaro, Raúl Zaffaroni, Pablo Pimentel, Horacio Pietragalla Corti, Roberto Cipriano García, Sabina Frederic, Héctor Recalde y, entre otros, Marcelo Saín, además de algunas figuras internacionales como Elvis Secco, jefe de la División contra el crimen organizado de la Policía Federal de Brasil, y Angels Bosch, expresidenta de la European Confederation of Police (Eurocop), quien ha manifestado su asombro por la inexistencia de un sindicato policial en la Argentina.
Para Pérez Esquivel, la sindicalización debería alcanzar a las policías y servicios penitenciarios tanto federales como de cada provincia y CABA, así como a las fuerzas de seguridad –”no para las fuerzas armadas”, aclara– Gendarmería y Prefectura pero también a los miembros de los Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
“La sindicalización es un resorte de control para el Estado en cuanto al cumplimiento de los protocolos atención social y sanitaria, contención psicológica ante situaciones límites a las que están expuestos los agentes”, sostiene en la misma línea Nicolás Masi, titular de Sindicato Policial Bonaerense (Sipoba) y uno de los principales referentes de las organizaciones policiales que pugnan por la sindicalización.
Para el dirigente, que terminó sus días de actividad cesanteado por impulsar este reclamo, “los movimientos de reclamo como el de octubre de 2020 –en plena sobrecarga laboral provocada por la pandemia, los policías bonaerenses se acuartelaron y manifestaron frente a la residencia presidencial de Olivos– no hubieran ocurrido de haber existido un sindicato que asegurara a los agentes condiciones dignas para llevar adelante su misión”.
Sipoba viene exigiendo la sindicalización policial desde 1989, con el argumento de que el artículo 14 bis de la Constitución garantiza la “organización sindical”, aunque ese pedido ya tiene tres rechazos judiciales contundentes. En 1988 se produjo la primera huelga policial desde la recuperación de la democracia, que le costó el puesto a Luis Brunatti, ministro de Gobierno de Antonio Cafiero. Aquel episodio dio vida a la primera expresión de agrupamiento llamada Movimiento Policial (MoPol).
Los planteos de Sipoba y otras asociaciones de uniformados llevan más de 30 años y han agotado todas las instancias administrativas y judiciales, además de que referentes de distintas fuerzas políticas presentaron proyectos en el Congreso y las legislaturas provinciales que no prosperaron.
En ese sentido, el Ministerio de Trabajo de la Nación rechazó en reiteradas ocasiones solicitudes de inscripción presentadas por nucleamientos de policías de diferentes provincias y de fuerzas federales. En 2001, la por entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, habría avalado un reconocimiento para Sipoba. Sin embargo, los folios donde constaría el acto administrativo fueron arrancado del expediente y nunca pudo comprobarse en forma fehaciente aquella decisión.
Hacia fines de 2014, Bullrich promovió en el Congreso una ley para agravar las penas para efectivos de fuerzas de seguridad que abandonen sus tareas. No obstante, la actual titular de Pro se manifestó a favor de la agremiación aunque, aclaró, que sería una “sindicalización sin derecho a huelga” por el carácter de servicio esencial que lleva adelante la policía.
En los hechos, el personal de fuerzas de seguridad en actividad y retirado se nuclea en círculos de oficiales y suboficiales y en mutuales o cooperativas que intentan suplir la falta de organizaciones sindicales. En tanto, hoy, a lo largo del territorio nacional existe una veintena de entidades con estructura gremial e incluso federaciones que poseen una personería civil pero no sindical. Entre estos agrupamientos, los más significativos están en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Río Negro.
La presión por la sindicalización de las fuerzas de seguridad reapareció en 2012, con una protesta de Gendarmería y Prefectura que contó con el respaldo de dirigentes como Hugo Moyano y Pablo Micheli. Tras la toma del Edificio Centinela y luego de una ardua negociación con las autoridades, los amotinados depusieron su actitud. Más allá de aquel hecho, que una vez más reavivó los pedidos de sindicalización de las fuerzas de seguridad, por lo general la CGT y el sindicalismo tradicional argentino no ha acompañado el reclamo de los hombres de armas. Un caso especial es el de Víctor De Gennaro y la CTA, que sí se ha expedido favorablemente. En 2013, el reclamo por mejoras salariales y laborales se extendió a las policías de casi todas las provincias.
En los tribunales, la sindicalización tuvo un largo recorrido hasta impactar contra la negativa de la Corte Suprema. En 2017, los ministros del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz determinaron que los policías no tienen un derecho colectivo a sindicalizarse. En disidencia votaron Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Más allá de las posturas favorables o negativas, en el fallo todos los jueces coincidieron en rechazar la potestad del “derecho a huelga”, teniendo en cuenta el carácter de servicio público de la seguridad y el poder que ostentan los agentes.
El año pasado, una Opinión Consultiva (27/21) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó el derecho sindical de los policías civiles. En el artículo 77 del documento se indicó: “Los Estados deben garantizar que los trabajadores y trabajadoras policiales gocen del derecho a organizarse para discutir entre ellos sus condiciones de trabajo, a peticionar a sus superiores y a las autoridades y a expresarse públicamente en forma pacífica, todo lo cual es indispensable para desarrollar su conciencia profesional”.
El dictamen se basó en el criterio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en 2004 había determinado ante una presentación de Sipoba que era el Estado nacional el responsable de definir el tema en tanto no existiera una norma explícita que prohíba la agremiación.
La sindicalización en el mundo
Hay sindicalización en buena parte de los países europeos como Alemania, Italia, Polonia, Francia y Portugal, así como también en Estados Unidos y Canadá.
Pese a que a nivel constitucional los países de América Latina no poseen límites explícitos a la sindicalización policial, la experiencia se replica en forma plena únicamente en Uruguay, que en 2006 habilitó la creación de la Federación Nacional de Sindicatos Policiales. En Brasil hay una agremiación que alcanza sólo a la Policía Judicial. Colombia tiene un esquema sindical para los agentes del servicio penitenciario.
“La sindicalización policial posibilitaría reducir el autogobierno de la policía, permitiría incluir al policía dentro de procesos y mecanismos institucionales de participación democráticos, y un mejoramiento en sus condiciones de trabajo y de organización, lo que en consecuencia produciría un impacto en la calidad del servicio que prestan a la ciudadanía. Le exigimos a la policía que respete los derechos humanos cuando nosotros no respetamos sus derechos humanos”, apunta Pérez Esquivel en diálogo con LA NACION.
Hace unos días, los episodios en el Bosque y la situación generada en el Sur con los mapuches provocaron la reflexión de Raúl Zaffaroni en la misma línea. “Nadie aprende a respetar los derechos humanos cuando se violan los propios y la realidad es que no hay trabajadores al que se le desconozcan más sus derechos que la policía”, reflexionó el exjuez de la Corte en una columna de opinión por radio AM 750, donde abogó por la sindicalización con el detalle de dejar expresamente excluida la posibilidad de tomar medidas de acción que signifiquen la paralización del servicio.
El abordaje del tema desde la perspectiva de los derechos humanos se impone. La docente de la UBA y abogada de la UCA Nerina Da Rin lo pone en estos términos: “Es muy negativa la prohibición de encausar sus reclamos sindicalmente y fortalecer su situación laboral. Si no les respetan los derechos laborales no van a respetar los derechos de otros”.
A su turno, el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel, expresa sus reparos y la necesidad de un cambio cultural: “No es posible -dice- pensar hoy en una sindicalización porque los miembros de las fuerzas no poseen la madurez necesaria como para asumir su actividad desde la prevención y no desde la represión. Si bien siempre defendemos la idea de que todos tienen que alcanzar los mismos derechos a un trabajo en condiciones de dignidad y eso en este caso deben garantizarlo los gobiernos, la realidad nos permite comprobar que es necesario trabajar para desarmar ese concepto corporativo y elitista impregnado en las fuerzas desde aquel golpe de Estado de (José Felix) Uriburu en 1930 y que pese a los 39 años de democracia persiste entre los uniformados”.
En su libro ¿El gremio de la gorra? Trabajo y sindicalización policial, ejes de la discusión (Octubre 2016), los especialistas Marcelo Saín y Nicolás Rodríguez Games plantean que para pensar en cualquier reforma de fondo del sistema policial que apunte a una mejora del servicio de seguridad es preciso incluir la cuestión gremial. Frente a los impedimentos legales que aún persisten para el tema, Saín -autor de un proyecto de sindicalización policial que no prosperó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires- considera que al menos es posible “acercar espacios que nos permitan abordar los temas del bienestar policial que son urgentes. Desde la cuestiones salariales, las condiciones materiales del trabajo, la salud de los policías, la duración de la jornada laboral y otras situaciones de violencia dentro del propio ámbito laboral”. Para el exministro de Seguridad de Santa Fe, “las mejores policías del mundo están sindicalizadas; por algo será”. Y concluye: “El progresismo sigue proyectando el fantasma de la historia de una policía como fuerza militar cuando hoy la policía es un espacio de inclusión para personas que de otro modo quedarían al margen”.
Por Pablo Morosi
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