Sindicalistas rechazaron la multa que les impuso el Gobierno por las protestas y criticaron a Bullrich
La central obrera consideró a la medida del Ministerio de Seguridad como una “afrenta ilegítima y contraria a la Constitución” ; desde ATE Capital apuntaron contra la titular de la dependencia: “No tenemos por qué pagar tus delirios de megalómana”
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LA NACION
Luego de que el Gobierno intimara a distintas organizaciones sindicales por las protestas de diciembre en contra del megadecrerto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación económica, la Confederación General del Trabajo (CGT) calificó a esta medida como un intento de “acallar toda manifestación de protesta de los trabajadores organizados”, aunque aseguró que de ninguna manera “condicionará al movimiento obrero”. El titular de la seccional Capital Federal de ATE, Daniel Catalano, cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien llamó “megalómana”.
“La CGT no representa los intereses de una ‘casta’ sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga”, sostuvo la central obrera en un comunicado.
El texto fue en respuesta a la decisión de la administración de Javier Milei de instar a más de 20 gremios y organizaciones sociales a pagar montos de hasta $56 millones en concepto de multas por los gastos que, según indicaron desde el Ministerio de Seguridad, les valió el operativo desplegado durante las protestas del 22 y 27 de diciembre en Plaza de Mayo y Tribunales.
La entidad -liderada por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano- consideró que esta acción originada en la dependencia que conduce Patricia Bullrich es una “afrenta ilegítima y contraria a la Constitución” que “expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical y el derecho a huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento”. Sin embargo, afirmó que ese tipo de disposiciones no significarán un condicionamiento para el movimiento obrero organizado.
“Por más que intenten este y otro tipo de maniobras y decisiones, creen que nos quedaremos cruzaditos de brazos. Defenderemos a los trabajadores. El tema de fondo es que van por la CGT, que es lo único organizado y unido y, más allá de algunas diferencias, el conjunto rechaza el intento de reforma laboral y de criminalizar la protesta”, sostuvo Moyano.
En esa línea, la CGT definió a esta situación como una “nueva provocación” del Gobierno y un “nuevo intento” de “acallar toda manifestación de protesta de los trabajadores organizados en expresión de sus legítimos reclamos ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”.
Por su parte, el titular de la seccional Capital Federal de ATE, Daniel Catalano, se expresó en sintonía y cuestionó en particular a la titular del Ministerio de Seguridad. “A ver, @PatoBullrich, si vos querés mandar policías a provocar en una movilización pacífica, por lo menos que se paguen sus propios micros. No tenemos por qué pagar nosotros tus delirios de megalómana”, escribió en su cuenta de la red social X.
En tanto, la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), que lidera Juan Carlos Schmid, evaluó que “esta disposición avasalla los derechos consagrados en la Constitución, viola acuerdos internacionales y pretende disciplinar a las organizaciones sindicales en el contexto del establecimiento de un gobierno autocrático”.
Los telegramas oficiales fueron enviados por el Ministerio de Seguridad a gremios como Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otros.
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