Sin margen para hacer cambios, el oficialismo marcha contra la Corte como gesto de unidad

Las caras visibles de la convocatoria para repudiar el desempeño de la Corte Suprema son las del juez Juan María Ramos Padilla, el dirigente piquetero Luis D’Elía y el sindicalista Pablo Moyano. Pero, más allá de los organizadores y voceros de la iniciativa, el gobierno nacional dio su aval a la marcha que se realizará el 1 de febrero (#1F) y, con cada vez más facciones que mostraron su adhesión, se vislumbra un alto nivel de participación.

El aval oficial fue nada menos que la última crítica que hizo el presidente Alberto Fernández al máximo tribunal cuando se le consultó por la convocatoria y dijo, en declaraciones radiales, que “con la Corte Suprema hay un problema de funcionamiento muy serio”. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, también se expresó sobre el tema y dijo que se llegó a un “hartazgo” y que “el pueblo tiene que hacerse sentir”.

Los pormenores de la manifestación se discutieron en una reunión vía Zoom que se realizó el viernes, en la que participaron representantes del Sitraju (el gremio de trabajadores judiciales que encabeza la diputada camporista y consejera de la magistratura Vanesa Siley), el abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, los diputados nacionales Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, organismos de Derechos Humanos y otras facciones sindicales, y otros integrantes del Frente Sindical que lidera Pablo Moyano.

Se acordó en esa reunión que no habrá oradores, pero que se le dará lectura a un documento. Y se considera, por estas horas, montar un escenario con un sistema de sonido y luces (dado que la marcha del Obelisco a la Plaza Lavalle comenzará a las 18) para leer el texto que buscará enumerar las inagotables críticas de parte del kirchnerismo y sus afines al máximo tribunal y al Poder Judicial en general.

Esos embates apuntan un puñado de decisiones que tomó el máximo tribunal y a fallos de tribunales inferiores que fueron avaladas por los supremos. La Corte tiene por delante, además, fuertes definiciones en expedientes que involucran nada menos que a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y también fallos de alto impacto político y económico, como es el caso de la demanda por la Coparticipación que presentó la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado nacional.

Si toda movilización tiene un fin (un aumento salarial, revertir una medida, la sanción de un proyecto), ¿por qué apuesta el Gobierno a esta marcha, si no tiene el número requerido para apartar a los jueces o cambiar la composición de la Corte?

“Yo marcho para decirle a quienes deciden [el Gobierno] que hagan algo. Lo que sea que hagan, lo voy a respaldar”, dijo a LA NACION la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, una abogada muy cercana a Cristina Kirchner.

En las filas de la convocatoria recuerdan la masiva protesta contra el fallo del 2x1, en 2017, y se ilusionan con un efecto similar: que los jueces reaccionen a las críticas y modifiquen sus posiciones o, incluso, aseveró un kirchnerista de paladar negro en diálogo con LA NACION, “que renuncien los supremos”.

Unidad en medio de las fisuras

Otro dirigente político, que mantiene un buen vínculo con Cristina Kirchner y con Alberto Fernández, desestimó esa posibilidad y dijo que, al menos, la manifestación arrojará una fotografía de la Plaza Lavalle “colmada de repudio al lawfare”. El mismo dirigente reconoció a este medio que la postal de esa jornada servirá como una muestra de unidad en medio de tantas fisuras, especialmente por la crisis económica y el debate en torno a alcanzar o no un acuerdo con el FMI.

Respecto de qué fin puede perseguir la movilización si no existe consenso legislativo para avanzar en las reformas que promovió el kirchnerismo para modificar la Justicia, el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau dijo a LA NACION que “las situaciones de empate se resuelven en la calle”, y opinó que “el tema del espionaje generó conciencia social” para marchar contra el Poder Judicial.

“La marcha va a generarle al Gobierno un efecto adverso, contrario al que busca, es la arremetida de un poder contra otro, aunque no la organicen ellos formalmente”, dijo un juez federal de Comodoro Py que ha sido apuntado por el kirchnerismo últimamente.

Varias voces de la oposición opinaron públicamente que la marcha busca desestabilizar al Poder Judicial y que va en contra de la división de poderes. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) repudió los dichos de Alberto Fernández que respaldaron la protesta, y su conducción emitió un comunicado.

Un sector minoritario de la AMFJN, que conforma la Lista Celeste, se despegó de ese comunicado y transmitió que si bien no se plegará a la movilización pero que “da libertad a la gente del espacio que quiera ir”.

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