El oficialismo no consigue formular un discurso económico coherente, no sólo frente al FMI, sino ante una clase media castigada, clave desde el punto de vista electoral
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Voy a mostrarle tres fotos que no necesitan comentarios. Usted puede interpretar lo que dicen sin necesidad de una explicación de mi parte. Estas fotos comenzaron a circular primero por WhatsApp, después en Twitter y más tarde se viralizaron.
La primera foto en realidad es de antes de ayer. Ginés González García, en Ezeiza, emprendiendo un viaje, no se sabía muy bien adónde. Lo sabemos este lunes con la segunda foto, donde se ve al exministro de Salud junto al empresario Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud, el encargado de la fabricación de la vacuna AstraZeneca en la Argentina junto el laboratorio Liomont, mexicano, que debía encargarse, y tardó mucho en hacerlo, de enfrascar las vacunas.
Estas fotos adquieren especial sentido en medio de la polémica acerca de por qué la Argentina renuncia a las vacunas de Pfizer. No solamente las rechazó en su momento por cuestiones legales; las sigue rechazando en la oferta que hacen desde el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también por parte de Estados Unidos, como le volvieron a explicar a Sergio Massa en el viaje que realizó a Washington. Nos ofrecen vacunas que son Pfizer o Moderna y nosotros la seguimos rechazando. Aceptamos solo algunas vacunas, principalmente la vacuna emblema, AstraZeneca, que fue la que le ofreció Sigman al Gobierno. Ahí está, en el hotel Icon Embassy de la calle Serrano 46, en Madrid, el exministro González García, con Sigman. Lo primero que hizo al llegar a España fue encontrarse a desayunar con el empresario.
Después tiene actividades académicas que han sido detalladas en la nota que está en LA NACION, escrita por José Luis Brea, que cuenta pormenores del viaje de González García. La foto adquirió notoriedad cuando la publicó en su cuenta la diputada Mariana Zuvic agregándole el número de muertos que hay hasta hoy en la Argentina por falta de vacunación.
85.343 Muertos por COVID en Argentina. pic.twitter.com/WFkqJI9pz0
— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) June 14, 2021
Miremos el tema desde otro punto de vista. El Gobierno sigue confiando en la vacuna pero con la misma lógica con que Alberto Fernández habla de Cristina Kirchner. Irónicamente. Sin la vacuna no se puede, con la vacuna sola no alcanza.
Obviamente el oficialismo está haciendo una gran apuesta y está bombardeando a todo el sistema de medios con la cantidad de vacunas, que verdaderamente aumenta. Se le acaba de dar al laboratorio Richmond la autorización por parte de la Anmat para que sus técnicos, especializados en el manejo de productos biotecnológicos, justamente en el contenido de lo que sería el principio activo de la vacuna, puedan enfrascarlas en MR Pharma, que es el laboratorio que fue alquilado para utilizar su planta de envasados.
El Gobierno apuesta a que la vacuna Sputnik -la que finalmente va a envasarse en ese laboratorio por la gestión de Richmond- permita agregar un millón de dosis este mes, dos millones el que viene, tres millones el otro, para llegar a las elecciones con mucha gente vacunada. En una vacunación que sigue estando politizada, desde muchos puntos de vista. Y uno de ellos es que las provincias que quieren comprar vacunas, no solamente tienen un calvario burocrático para atravesar, sino que de las que compran le restan las vacunas que reparte el Estado nacional. Es decir, adquirir nuevas vacunas por parte de una provincia con sus propios recursos significa renunciar a las que debe repartir el poder central.
Obviamente con las vacunas no se llega, así piensa el oficialismo, pero con la vacuna sola no alcanza. Porque una vez que la gente está vacunada sigue abierto un enorme problema económico y social que está reflejado muy nítidamente en las encuestas que preocupan al Gobierno. Esta es una de las razones principales por las cuales, sobre todo el kirchnerismo, los sectores que rodean a Cristina y los que rodean a Axel Kicillof, decidieron reabrir la economía, permitir la circulación y reabrir las escuelas. En un escenario que, si uno mira los números, es más dramático que en el momento que las cerraron.
Esto indica que hay un criterio de hipersensibilidad frente a encuestas que dicen que, si seguían por ese camino, la derrota posiblemente fuera inevitable. Se habla de muchos mensajes de intendentes del conurbano bonaerense a Cristina Kirchner para que lo convenciera a Kicillof de la necesidad de volver a la educación presencial, sobre todo allí donde los chicos son los más castigados por la exclusión.
Este lunes, Cristina estuvo en La Plata. Volvió a hablar del sistema de salud, volvió a referirse a la necesidad de una reforma que -siempre en los términos de ella- es para más Estado, para más intervención. Criticó a las prepagas, a las que el Gobierno decidió desfinanciar en medio de la crisis del Covid. Todo pensado no tanto por La Cámpora sino más bien por los sanitaristas que rodean a Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
Hay que insistir: el enfoque sanitario es imprescindible para la carrera electoral del Gobierno. Es insuficiente para llevar adelante una política que pueda hablarle, que pueda seducir y, en alguna medida, atraer a esos sectores de clase media y media baja castigados por un año y medio de maltrato económico, por un mal manejo de la pandemia y la cuarentena, a los que se les agregan tres años de crisis desde la corrida cambiaria de abril de 2018, inscripto todo esto en diez años de estancamiento. Hay que convencer a esas personas de que adhieran al oficialismo. Este es el desafío que tiene el Frente de Todos y también Juntos por el Cambio.
En el caso del Gobierno este desafío es especialmente exigente, porque estamos hablando de dos gobiernos en uno. Y esto se empieza a notar en términos de formulación de un mensaje para esos sectores tan castigados. Lo que vemos en estos días son medidas sueltas, casi todas pensadas para el conurbano bonaerense. La raíz de este Gobierno, del kirchnerismo, está en el conurbano; los votos de la jefa, Cristina Kirchner, están en esta zona del país; Máximo Kirchner y La Cámpora aspiran a convertirse en los jefes de la provincia de Buenos Aires y del conurbano. Ahí están los votos, ahí reina Cristina, ahí mira Kicillof desde La Plata. Por lo tanto, las medidas que van saliendo, sobre todo del Congreso, con independencia de los intereses de Martín Guzmán, -algunas elaboradas por La Cámpora, otras por Sergio Massa- van dirigidas al conurbano. Son medidas sueltas, no forman parte de un programa, es difícil integrarlas en un discurso.
Una de ellas es fiscal, tiene que ver con la recategorización impositiva que permite a mucha gente que había excedido la categoría del monotributo, volver a convertirse en monotributista. ¿La aprobó Martín Guzmán? No sabemos.
Hay otra que es muy interesante, que sí está en conflicto con Guzmán, que es el proyecto para ampliar, no reducir, los subsidios al gas, en una nueva geografía de zonas frías. En esa zonas frías se incorpora a la provincia de Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza y Salta. Aquellos que padezcan de frío en esa zona van a tener una reducción de entre 30 y 50% del costo del gas, obviamente si son personas ajustadas económicamente, y que viven en zonas de bajas temperatura. Pero, lo interesante es la provincia de Buenos Aires, que se ha convertido, a partir de esta ley, en una zona fría. Con algunas rarezas: por ejemplo, en José C. Paz hace frio, pero en Capitán Sarmiento no. Hay barrios del conurbano que están castigados por el frio y otros que no.
El subsidio está muy justificado cuando se dirige a los que menos tienen, pero se sigue manteniendo a gente que pagó el impuesto a la riqueza. Es decir: la clasificación se ha hecho en este caso a partir del clima para ampliar los subsidios y no para segmentarlos. Se mantiene la enorme falla a la equidad que hay en el sistema de subsidios en la Argentina.
¿Qué hay que mirar aquí? Esta nueva recategorización debe ser comparada con el gráfico del precio internacional del gas, que muestra una suba que impacta directamente en las importaciones argentinas. Hay un problema complejo, porque al ampliar los subsidios se amplía el gasto público, muy probablemente habrá que aumentar la emisión monetaria, con lo cual al que se le está bajando el precio del gas se lo castiga con la inflación. Al mismo tiempo, se incentiva el consumo de gas, por ser más barato, por lo tanto, al consumirse más no alcanza la producción local, y hay que importar. Probablemente, el Gobierno tenga que disponer de acá hasta agosto 3500 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central. Habría que hacer la cuenta, pero es posible que se consuman gran parte de las reservas que recibirían del Fondo Monetario Internacional con esta política energética, que es la misma que llevó al kirchnerismo a un enorme problema en la experiencia anterior.
Todo esto sucede en un país donde los subsidios empiezan a ser un negocio en sí mismo. Hay empresarios dedicados a hacer plata con subsidios, como es el caso de las distribuidoras eléctricas. Hay versiones de que finalmente Edenor podría tener la aprobación esta semana para pasar de manos del Fondo Pampa al grupo de Manzano, Vila, Filiberti.
Mientras tanto, Manzano y Vila lograron iniciar con su empresa mendocina -por una reglamentación que pasó por debajo del radar en abril- una negociación de su deuda por la compra de electricidad a Cammesa, la empresa que vende la electricidad en la secretaría de Energía de Darío Martínez. La versión es que el que llegó a contactarse con Martínez para que tengan una buena negociación de esa deuda de su empresa mendocina es el doctor José Roberto Dromi, exministro de Carlos Menen, y figura clave al lado de Julio De Vido, justamente en el negocio de la importación de gas. Hoy sigue siendo figura clave, para llegar al secretario de Energía. Como no llegaron de entrada, tuvieron que encontrar un intermediario: Aníbal Fernández, titular del yacimiento Rio Turbio. Dicen que Dromi suele ser muy generoso compartiendo honorarios, una versión que corre ya hace varios años.
También hay una disputa por el reparto de los recursos destinados a la acción social. Aparece el ministro Daniel Arroyo autorizando la extensión de programas sociales a organizaciones sociales. Lo cierto es que hay ya más de 1.200.000 nuevos planes distribuidos en la provincia de Buenos Aires, con perspectivas electorales. Lo que no hay es un discurso, una explicación de “hacia adónde vamos”. Porque hay dos discursos: por un lado el de Guzmán; y por el otro, para sintetizar, el discurso de Kicillof, Cristina Kirchner y La Cámpora.
No logran unificarse para apelar al votante, pero tampoco para hablarles a los organismos de crédito. Con toda esta política fiscal, que llega sobre todo desde el Congreso, se desbarata el discurso de Guzmán. Y se vuelve muy difícil el hecho de que puedan convencer al Club de París de que hay una propuesta razonable para el Fondo. En este sentido, cabe recordar que, para renegociar la deuda argentina (que ya está en default), el Club requiere un acuerdo previo con el FMI. Ese acuerdo es cada vez más vidrioso e improbable con esta política económica tan invertebrada, que tiene como eje el aumento del gasto.
Esto es importante porque dada la negociación que hizo -en su momento- Axel Kicillof, si la Argentina no paga la deuda que tiene con el Club de París dentro de más o menos 1 mes y medio (60 días a partir del 31 de mayo), los punitorios serán de 900 millones de dólares: esta cifra no es mayor gracias a que Mauricio Macri, en la gestión de Nicolás Dujovne, se desendeudó. Casi como si fuera un kirchnerista. demás, estos 900 millones de dólares podrían sumarse a los 3500 millones de dólares que se gastarán en importar gas por una política de tarifas bastante irracional.
Esta dificultad con el Club de París es muy bien vista por Sergio Massa, que en su viaje a Washington le ha bajado el perfil a cualquier relación que pueda establecer con el Fondo o con el Tesoro de los Estados Unidos. Lo hace para no quedar él como el responsable de lo que puede ser un fracaso en la negociación.
En el centro del problema está Guzmán, atacado por el oficialismo desde el ala izquierda (el kirchnerismo de Cristina, La Cámpora y Kicillof) y muy poco defendido por el sector del Presidente. En este último grupo se encuentran el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Comandados por Santiago Cafiero, intentan todo el tiempo armar un club de la Rosada que permita defender la política económica de Guzmán. Pero le tienen miedo a Cristina. En la medida en que el Gobierno se vuelve más bicéfalo, la vicepresidenta y su poder crecen más dentro del oficialismo.
Este es un problema que los gobernadores viven a diario porque, si necesitan algo, deben conversar con el jefe de Gabinete, o con el ministro del Interior, Wado de Pedro. Se trata de dos interlocuciones totalmente distintas. Por eso, muy astutos, los mandatarios provinciales les sacan cosas a ambos. Este es, entonces, un Gobierno que de cara al interior y al propio oficialismo tiene una especie de esquizofrenia o doble comando.
La importancia de esto radica en que impide la formulación de un discurso electoral en un momento en que las encuestas comienzan a reflejar cosas muy extrañas y que uno tiende a no creer del todo en medio de una escena muy misteriosa, desde lo regional, lo nacional y lo bonaerense. Es una sociedad muy castigada ante 10 años de estancamiento, 3 años de crisis y esta última estribación de la crisis con la pandemia. Mucha gente no solo no llega a fin de mes, sino que fue cambiada de clase social. De esta manera, algunas personas que antes eran consideradas de clase medida han tenido que recurrir –por primera vez- a un comedor para alimentarse. Esto plantea un misterio en el panorama electoral, sobre todo si se sigue incrementando la inflación.
En cuanto a la rareza de algunos datos, se puede observar –por ejemplo- una encuesta de Management & Fit que analiza la intención de voto por espacio político en la provincia de Buenos Aires. Allí se determinó que, entre los menores de 40 años, un 37,5% se inclina por Juntos por el Cambio, mientras que un 26,9% lo hace por el Frente de Todos. Esto es muy extraño, y hace que uno se pregunte si estará bien hecho el estudio. De todos modos, hay que prestar atención a estos datos porque hay trabajos de Fixer, una consultora que estudia las redes sociales, que coinciden con esto. De ser así, por primera vez, el kirchnerismo estaría resbalando en el voto joven. ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿Con el cierre de la escolaridad? ¿Con el cierre de todo? Lo cierto es que que Juntos por el Cambio le esté ganando en el voto de los menores de 40 años al Frente de Todos es muy novedoso.
También es muy extraño que, entre los que tienen un nivel educativo bajo, Juntos por el Cambio se esté imponiendo con un 33,7% ante un 32,1% del Frente de Todos. ¿Es el mundo del revés?
Es lógico que, si ve estos números, Cristina esté preocupada y también es lógico que haya temor a que aparezca un peronismo no kirchnerista que le hable a esta gente. Por eso, también es entendible que hayan abierto las escuelas y comenzando a liberar, aunque el número de muertes en la Argentina ya haya superado la barrera de los 85 mil. Sin ir a observar las críticas de los opositores, es interesante ver lo que le dice –por ejemplo- Alicia Castro a su propio Gobierno por estas cifras.
De todos modos, esta situación no solo representa un desafío para el Gobierno, sino también para Juntos por el Cambio, que carga con una mochila de una recesión que se inició durante la administración de Macri. Así, hay un avispero que se revuelve dentro de la oposición por un sector liderado por muchos actores, entre ellos, María Eugenia Vidal, los radicales, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta. Si hubiera que buscar un líder nítido allí sería, justamente, el jefe de Gobierno porteño, que reconoce el duelo de liderazgo que tiene con Macri, el cual se dirimirá finalmente en 2023. Pero también advierte que no pueden ir en nombre del gobierno del expresidente a hablarle a ese sector de la sociedad golpeado por la crisis.
Estos dirigentes son conscientes de que deben distanciarse de Macri y de su experiencia como jefe de Estado, lo que lleva –principalmente a Larreta- a decir que en la Capital hay que ir a la elección con alguien que exprese alguna conexión con los sectores más desprotegidos. Por eso, la trae a Vidal, aunque no sabemos cómo hará el experimento para hacerla cruzar el Riachuelo de vuelta desde la provincia de Buenos Aires. Si resultará o no exitoso, se verá una vez que empiece la campaña electoral. También hay que observar si enfrenta o no a Patricia Bullrich en la Ciudad.
Lo cierto es que, la semana pasada, Vidal habló –uno por uno- con los principales dirigentes, especialmente con quienes la acompañaban en la provincia de Buenos Aires, para avisarles que no volverá a ese territorio. Además, el domingo en una reunión que mantuvo en Nueva York con representantes del sistema financiero les dijo que competirá en la Ciudad. Esa fue, entonces, la primera vez que se la escuchó decir qué piensa hacer.
Lo mismo sucede con Larreta, quien pretende desembarcar en la provincia de Buenos Aires. Esto genera muchísimo ruido porque en el fondo está la pelea por la gobernación de 2023 con alguien peronista (por lo mismo “peronoide”), que es Diego Santilli. Con gran resistencia de cierta dirigencia de la Provincia, a la cabeza de la cual está Jorge Macri. Todo esto está relacionado con las mismas preocupaciones que tiene el Gobierno frente a una situación incierta desde el punto de vista social. El oficialismo frente a esos números reacciona con más intervención, más gasto. Pero ese cuadro sombrío se proyecta sobre Juntos por el Cambio en un duelo más intenso con Mauricio Macri y lo que él representa como experiencia de gobierno.
Esto es importante porque es una elección donde las dos fuerzas están exigidas. Larreta tiene que hacer en la ciudad de Buenos Aires una elección excepcional, prácticamente imposible aún estando muy bien, para retener el número de bancas que tiene en la legislatura. Tiene que repetir su propia elección de hace cuatro años, pero, además, la de alguien que antes no era su aliado y ahora lo es: Martín Lousteau, que tiene su propio bloque en la legislatura. Lo mismo le pasa al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. No alcanza con reproducir el porcentaje o la cantidad de votos del kirchnerismo, porque ahora está Massa y hay que ganar las bancas que en su momento ganó Massa. Es una exigencia muy grande y los tiene preocupados.
Hay que mirar muchos datos, pero uno es estratégico para el futuro. Hay que mirar la provincia de Buenos Aires, la clase media, media-baja, y un número: qué diferencia hay entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Más específicamente, cuál es el piso en el que queda instalado Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. De ese piso depende si habrá entre 2021 y 2023 un proyecto competitivo que le plantee a la Argentina una alternativa frente a la experiencia populista que, recrudecida, va a la elección con estas medidas inconexas, incapaces de constituir un discurso, pero distribucionistas. De un distribucionismo sin plata.
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