Sin dictamen, Diputados retomó la discusión del presupuesto 2025 mientras los gobernadores suman presión a la Casa Rosada

El Gobierno accedió a retomar el debate del presupuesto 2025 después de que los gobernadores aliados, que exigen certidumbre en la asignación de recursos, lo ayudaran a frenar en Diputados la avanzada opositora para limitar el poder de Javier Milei -a través de una reforma a la ley de DNU y del rechazo al decreto que lo faculta a canjear deuda sin el aval del Congreso-.

A pesar de la renovada predisposición al diálogo que exhibió el oficialismo, la discusión en comisiones fue testimonial: no solo no se emitió un dictamen sino que, en paralelo, los mandatarios provinciales coordinaban una cumbre para fijar sus exigencias presupuestarias y presionar a la Casa Rosada.

Es decir, la negociación real del presupuesto se da por fuera de la comisión presidida por el libertario José Luis Espert -que salió esta mañana de su letargo tras más de dos semanas de inactividad-, y tiene como protagonistas a los gobernadores y a los referentes de la Casa Rosada. Serán las conclusiones de estas conversaciones las que definan la suerte del proyecto de presupuesto. Según pudo saber LA NACION, los acuerdos todavía están lejos y el diálogo transita un período de alta tensión.

El oficialismo se rehúsa a ceder en todos los puntos que exigen las provincias y apuesta a llegar a un término medio bajo la amenaza de que se desmorone la sanción de una ley. Los gobernadores saben que es mejor sancionar un presupuesto que prorrogar el actual -correspondiente al 2023- y profundizar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la asignación de partidas. Como una herramienta de presión, los mandatarios provinciales coordinaron, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) -organismo manejado por ellos mismos- una cumbre a las 18 para delimitar sus exigencias. Será una demostración de poder para torcerle el brazo al oficialismo.

Por su parte, el Gobierno se comprometió con un sector de la oposición a avanzar con un dictamen a más tardar el próximo martes y llevar ese despacho al recinto dos días después. Fue para frenar el inminente rechazo del decreto 846 -para canjear deuda a discreción- así como la limitación para utilizar DNU.

Los libertarios repiten que quieren un presupuesto que les permita brindar certidumbre a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien tiene millonarias obligaciones de deuda. No obstante, la parsimonia que exhibieron para avanzar en esta discusión espiralizó las dudas de todos los espacios políticos.

Durante el debate de la comisión, Unión por la Patria (UP) anticipó que presentará un dictamen propio y cuestionó las negociaciones paralelas entre el Gobierno y las provincias. “¿Siguen peleando la zona franca, diputado Fernández?”, chicaneó el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, a Carlos Fernández, uno de los cuatro legisladores que responden al mandamás de Misiones, Carlos Rovira, que retiene el poder provincial a través del gobernador Hugo Passalacqua. Fernández negó con su cabeza y los integrantes de la Comisión rieron con resignación: los misioneros fueron funcionales a los intereses del Gobierno en el Congreso y posibilitaron el sostenimiento del veto a la reforma previsional y al financiamiento universitario.

El vicepresidente de la comisión, Carlos Heller (UP), señaló que los datos incluidos en el presupuesto “son inconsistentes”. Incluyó como ejemplos la estimación de la inflación -18,3%- que, indicó, superará las previsiones del Gobierno y eso “representará una reducción de gastos”. “El Gobierno plantea un objetivo optimista de un 5%, luego de caer un 3,8% del PB este año, a diciembre del 2025 sería un 1%”, agregó. Para concluir, Heller dictaminó: “Este Presupuesto viene a consolidar un modelo de ajuste fiscal y de destrucción del Estado. El proyecto está en las antípodas de las políticas que nos hemos comprometido a implementar ante nuestros votantes; queremos otro tipo de país”.

La legisladora de la Izquierda, Vanina Biasi, coincidió con la observación de Heller y determinó: “Es un presupuesto que está preparado para ser completamente manipulado”.

Al hueso, el diputado del radicalismo blue, Fernando Carbajal (Democracia), le preguntó a Espert si el Gobierno estaba dispuesto a hacer cambios al proyecto original. A lo largo de toda la reunión de Comisión, el libertario repitió que el dictamen que estaba circulando para la firma contenía el texto original presentado por el Presidente el 15 de septiembre. “Las negociaciones tienen que ser transparentes y claras. Queremos saber si los cambios que piden los gobernadores se aceptarán. Queremos que lo digan de manera clara para que cuando la semana que viene se vuelva a hacer una sesión para modificar la ley de DNU sepamos que los ausentes son porque se les concedió cambios en el presupuesto”, indicó.

En representación de La Libertad Avanza (LLA), Carlos Zapata defendió el presupuesto y dijo que el proyecto está reforzado “en materia social”. También remarcó la importancia de la eliminación de la moratoria previsional prevista para marzo del 2025 porque, según indicó, “es una estafa para los que aportamos”. Además, dijo que está de acuerdo en mantener la prestación para el adulto mayor que es el 80 por ciento de la jubilación mínima.

Las exigencias de los gobernadores

Los mandatarios provinciales de Pro y de la UCR volverán a demandar hoy que se incluyan en el presupuesto los siguientes cinco puntos:

• El financiamiento del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Anses. El Gobierno, por ahora, no pretende moverse de los $254 millones asignados.
• El pago de la compensación del Pacto Fiscal de 2017.
• La eliminación de las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles cuyos fondos, a juicio de los gobernadores, está subejecutados. Pretenden que se coparticipen.
• La reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la AFIP (ahora ARCA).
• La coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.

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