Sin desalojo, las tomas ilegales se convierten en nuevos barrios del conurbano
LA NACIONInés Beato Vassolo
Desde fines de julio pasado, se sumaron cuatro "barrios" más a la localidad de Guernica, en el partido de Presidente Perón: 20 de julio, La Lucha, La Unión y San Martín. Así los nombraron sus fundadores. Si contaran con calles pisadas y construcciones de ladrillo, los nuevos barrios –consolidados sobre un descampado de 100 hectáreas– se parecerían más al de enfrente, Numancia.
En cambio, las casas que recién se levantan están hechas con chapas, maderas y lonas; o son, simplemente, una carpa. Es que la policía no deja que los recién llegados ingresen materiales al predio, para "no innovar", según repiten los nuevos vecinos.
Son 2500 familias –en su mayoría, peronenses– las que eligieron una porción de terreno para hacerla propia, y ya no hay lugar para nadie más. Aún no han aparecido todos los dueños de las tierras, lo que les permitió a los ocupantes avanzar con la zonificación de barrios, sobre la base de "límites naturales del descampado".
"Encontramos un plano de manzana tipo en Google, y con eso nos dividimos las parcelas, en terrenos de 10 metros por 20 o de 10 por 30. Ahora está todo ocupado y tenemos una lista de espera para incluir a quienes lo necesiten, en caso de que el Gobierno nos dè algún plan", explica Leandro Cabrera, de 28 años, que se presenta como delegado de una de las manzanas de 20 de julio.
Cabrera vive en Guernica desde hace más de diez años, y el día que inició la toma de terrenos se acercó a guardar un lugar para él y su familia: "Yo hago el aguante acá, mientras mi mujer y mis dos hijos siguen viviendo en un cuarto alquilado, que hace cuatro meses que no pagamos".
Firmes, a pesar del clima
En la zona predominan hombres, que, como Cabrera, mandaron a sus familias a refugiarse del clima en la casa de algún conocido, dadas las lluvias de la última semana. José Iza, de 45 años, trabajaba como carpintero, antes de la pandemia, y vivía en Glew –localidad lindera a Guernica–. Ahí quedaron su mujer y sus tres hijos, mientras él defiende una porción de tierra que ya considera propia.
Algunos vecinos sostienen que están dispuestos a pagar por la tierra, pero, con la toma, buscan "hacer ruido" para conseguir una respuesta del municipio.
"Esto no es fácil. Tenés que dejar a tu familia, bancarte la lluvia, pasar frío, correr el riesgo de estar al lado de todos estos cables mojados, pero no hay otra opción", dice Iza, y señala un tendido eléctrico de más de 200 metros que empalmaron, entre varios, para llevar luz a sus terrenos.
Tanto Iza como algunos de sus nuevos vecinos sostienen que están dispuestos a pagar por la tierra, pero, con la toma, buscan "hacer ruido" para conseguir una respuesta del municipio.
"La clase política es la indicada para darnos una mano. Si fuese época de elecciones, estaría lleno de gente queriendo ayudar. En un año y medio van a aparecer ofreciendo calles e infraestructura", afirma Iza.
Ollas populares para 3000 menores
Walter Benítez, de 37 años, también está solo en el lugar y, al igual que Iza, se quedó sin trabajo por la pandemia. Era empleado de una empresa de construcción, a la cual, según dice, se vio obligado a renunciar por la crisis.
Benítez fue de los primeros en llegar a la toma, y pudo acarrear perfiles de acero galvanizado, para armar una estructura que cubrió con lonas. Aún así, considera que "es imposible" recibir al resto de su familia.
"Se quedan cerca, en lo de mi cuñada, y yo les llevo algo de comer", dice Benítez, mientras revuelve una cacerola grande, en la que prepara el almuerzo para más vecinos, ya que le tocó el turno de gestionar una olla popular en su parcela.
Los vecinos se organizan entre ellos y cada uno dona entre $20 y $30 por día para comprar alimentos y armar comedores y merenderos en las distintas manzanas. El caudal de la asistencia alimentaria les permite calcular que en la toma hay alrededor de 3000 menores.
Algunos de los ocupantes dicen recibir alimentos por parte de organizaciones sociales. Otros, sostienen que las agrupaciones los ayudan "solo con lo legal". No está claro el rol de los referentes sociales; tampoco la postura del gobierno municipal, que, si bien dice repudiar la toma, semanas atrás convocó a una mesa de diálogo con los protagonistas, que dejó a muchos de ellos ilusionados.
El rechazo de la intendenta de Presidente Perón
"No entendemos el juego de la intendenta [Blanca Cantero]. Nos sentó en la mesa, creímos que tenía un proyecto para nosotros, y después salió en contra", se lamenta uno de los ocupantes. Días atrás, Cantero hizo público su rechazo a las usurpaciones, las cuales catalogó de "anárquicas" e "ilegales", y exigió que la Justicia avance con los desalojos.
En la mesa de diálogo participaron referentes de los gobiernos municipal, provincial y nacional,organizaciones sociales y ocupantes independientes. Quienes se quejan de haber sido excluidos, son los vecinos de Numancia, que denuncian problemas de inseguridad desde que comenzó la toma.
"Duermo con un ojo abierto y uno cerrado. El barrio pasó de ser tranquilo a sufrir delitos. Es indignante trabajar para tener tus cosas y que venga cualquiera a apropiarse de la tierra", dice una mujer, que hace ocho años vive con su familia sobre la calle Luis Testa.
Tras varios intentos, tomaron un plan de viviendas en La Matanza
En el barrio Los Ceibos, en la localidad de González Catán, los vecinos parecen estar contentos con la toma que comenzó hace 15 días , cuando más de 400 familias ocuparon casas sin terminar, de un plan nacional de viviendas que lleva más de diez años parado.
"Estamos contentos porque es gente del barrio que lo necesita y ahora nos sentimos más seguros. Esto era tierra de nadie. Mataron gente, roban, hay mucha inseguridad", dice Alejandra –quien prefirió no dar su apellido–, que vive desde hace más de 30 años, con su familia, sobre la calle Sanabria, frente a las casas a medio construir.
Según comenta la vecina de La Matanza, desde que se paró la obra, hubo más de ocho intentos por ocupar el lugar, pero fueron reprimidos por la policía y ninguno prosperó.
"La necesidad no nació hoy, pero se juntó con la falta de trabajo, y esta vez no se van a dejar sacar", sostiene Alejandra, y agrega: "Dicen que son oportunistas, pero mirá cómo viven. Es necesidad".
Por orden de llegada
Aquellos que llegaron primero, se apropiaron de casas con techo, tanque de agua y ventanas. Otros tantos, tuvieron que poner sábanas para tapar las aberturas y algunos, menos, quedaron en construcciones sin cubierta. "Pero cierran la parte de la escalera y se quedan tranquilos abajo", coinciden entre ocupantes. También están las familias que no alcanzaron a tomar ninguna casa, pero demarcaron sus lotes en una zona en la que se había proyectado un espacio verde.
"No hubo disputa entre nosotros para ver quién se quedaba con el mejor lugar. La toma fue pacífica, porque nos conocemos todos, somos del barrio", dice Alejandro Gabriel Borgobellio, de 27 años, que hacía de constructor y changarín, pero se quedó sin trabajo por la pandemia y no pudo seguir pagando los $7000 de alquiler, del cuarto en el que vivía con su familia.
"Dicen que por ley no me pueden desalojar, aunque no pague el alquiler, pero la gente no entiende que la renta es en negro, así que la dueña nos echó igual", explica Borgobellio, en referencia al decreto nacional que prohíbe los desalojos.
A medida que junte dinero, Borgobellio comprará puertas y ventanas para cerrar su nueva casa que, al igual que el resto, tiene dos plantas. Se siente afortunado de haber llegado "de una corrida", a elegir una vivienda con techo y contrapiso, en donde puede apoyar su colchón sin que se moje.
También tendrá que construir un baño. Mientras tanto, él, su mujer y sus dos hijos, se duchan en la casa de una vecina del barrio, que también les permite cargar la batería de sus teléfonos celulares.
Dicen que por ley no me pueden desalojar, aunque no pague el alquiler, pero la gente no entiende que la renta es en negro, así que la dueña nos echó igual
En la zona parece primar la solidaridad. Aquellos que tienen una vivienda formal, dejan que los ocupantes usen sus servicios e, incluso, les preparan comida.
Reclamo judicial
A diferencia de Guernica, en Los Ceibos sí existe un dueño con el poder de reclamar ante la Justicia: el municipio de La Matanza, responsable de ejecutar la obra financiada por la Nación. Según un vocero de prensa municipal, ya se hicieron las denuncias pertinentes por ésta y otras tantas tomas. Quienes conocen el partido, identifican al menos diez focos distintos de usurpaciones, que surgieron en las últimas semanas.
Las acciones legales ya están iniciadas. Mientras tanto, la Gendarmería custodia el lugar, para que no se ingresen materiales de construcción. "Pero los gendarmes no se mueven de la calle Coronel Conde, así que entramos todo por Sanabria", sostienen, casi entre burlas, los ocupantes.
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