Sin avances, la Ciudad y la Nación vuelven a reunirse por la coparticipación ante la Corte
Desde la última reunión no hubo más conversaciones ni intercambios; aunque confían en una salida política, subsisten las diferencias económicas y del marco legal en el que se da la negociación
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La Nación y la Ciudad volverán a verse las caras este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la discusión por la quita de fondos de la coparticipación federal destinados a cubrir la transferencia de la Policía Federal a la órbita porteña. Pese a que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió dos semanas atrás con los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Martín Guzmán (Economía) para buscar un entendimiento, las diferencias se mantienen.
Desde ese encuentro, el 18 de mayo pasado, no hubo nuevas comunicaciones entre los equipos jurídicos, económicos y de seguridad de la Ciudad y la Nación. Con lo que si no hay un encuentro previo, mañana o el martes, ambas jurisdicciones llegarán a la próxima audiencia en la Corte con las manos vacías.
El conflicto comenzó el año pasado cuando Alberto Fernández, por un decreto primero y promoviendo una ley después, recortó ese dinero que recibe la Ciudad. Fondos que, en 2016, el entonces presidente Mauricio Macri había aumentado.
Rodríguez Larreta presentó un amparo en septiembre del año pasado, con el fin de revertir la quita de fondos. La Corte, en lugar de pronunciarse sobre la demanda de inmediato, decidió convocar a una audiencia de conciliación entre la Ciudad y la Nación.
Pero no hubo acuerdo. A la primera cita, por la Ciudad concurrieron el procurador porteño Gabriel Astarloa; el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, y el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro. Por el lado de la Nación, asistieron tres abogados del Ministerio de Economía.
Hay dos puntos de conflicto en que el que ambas jurisdicciones no se ponen de acuerdo: uno es el marco en el que se da la discusión y el otro el monto y mecanismo de actualización.
Con respecto al primer asunto, el gobierno nacional propone discutir en el marco de la ley aprobada por el Congreso, donde se establece un monto anual -actualizable cada tres meses- en la discusión que se da por el presupuesto. La Ciudad rechaza esta idea y quiere discutir en el marco de la audiencia de conciliación convocada por la Corte, sin condicionamientos previos.
En cuanto al monto a pagar, la Ciudad dice que son 97.000 millones de pesos, actualizables por los sueldos del sector público y el índice de precios al consumidor. Se corresponde con la transferencia de 2015 en el presupuesto. La Nación se apega a lo que quedó establecido en 2016. Ofrecen 24.500 millones de pesos, actualizables por el índice de variación del salario de la Policía Federal y el índice de precios al consumidor de la Ciudad.
Pero para pasar a debatir los números primero hay que superar el escollo del marco en que se de esta negociación. Se trata de una negociación política que trasciende los elementos que están en juego en la demanda: esto implica que las compensaciones a la Ciudad por la quita de fondos puede que vengan no necesariamente del dinero de la coparticipación. La contrapartida puede ser, por ejemplo, obras u otros beneficios, dijo una fuente cercana a la conversaciones. Como publicó LA NACION, la Casa Rosada reducirá al mínimo las obras nacionales en la ciudad: el presupuesto actual de poco más de $26.000 millones bajará a menos de $500 millones en 2021.
Algunos indicadores alientan que, a pesar de que el diálogo está trabado, ambas partes apuestan a que el asunto se encamine por la negociación política y no mediante una sentencia de la Corte. Es la mejor solución además, para la propia Corte, que siempre prefiere que los problemas de la política no queden en manos de la Justicia. Si están en los tribunales es porque falló la política, que es la que debe encontrar la salida, insisten en el máximo tribunal.
Uno de los indicios de la voluntad de diálogo es, por el lado de la Ciudad, el hecho de que se suspendieran los plazos procesales, lo que es como si se hubiera parado el reloj en pleno partido hasta llegar a un acuerdo. Del lado de Nación, la voluntad de conversar se reflejó en la invitación de Wado de Pedro y Guzmán a Rodríguez Larreta a dialogar. En la charla, de todos modos, no se avanzó en nada: repasaron los antecedentes y quedaron en una reunión de equipos técnicos que no se concretó.
En la Ciudad observan que la presencia de Wado de Pedro en la mesa de negociaciones es una garantía de que lo se acuerde se va a respetar. Lo miran con menos desconfianza que al propio Alberto Fernández, que según el gobierno porteño, los defraudó con más de un compromiso.
La Ciudad llegará a la audiencia del 2 de junio con algunos párrafos subrayados de la última sentencia de la Corte que habilitó las clases en la Ciudad. Son los referidos al federalismo de concertación, que recuerda la necesidad de pactar entre las jurisdicciones. “La Corte debería ayudarnos a ponernos de acuerdo”, dijo una fuente de la Ciudad.
Por ahora, el problema es circular. Si no hay acuerdo, seguirá el trámite del expediente y la Corte dictará una sentencia sobre la constitucionalidad de la ley y el decreto que disponen la quita de fondos: un impacto de 65.000 millones de pesos entre 2020 y 2021, según los números del gobierno porteño.
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