Por la inflación, se acentúa la disputa por el plan nacional alimentario
CÓRDOBA.– Frente a los reclamos presentados por las provincias que coinciden en que las partidas giradas por la Nación para cofinanciar el Programa Alimentario Nacional no registran prácticamente cambios desde hace dos años pese a la inflación, desde el Ministerio de Desarrollo Social plantearon que el plan incluye convenios entre las dos jurisdicciones y que, en esta gestión, "todas tuvieron la posibilidad de sumarse".
Por caso Buenos Aires lo hizo y Tierra del Fuego participó hasta el año pasado. Río Negro no tiene convenio y, según el organismo, " Santa Cruz aún ejecuta fondos del año pasado". Desde esa jurisdicción sostienen que están usando recursos propios.
"Hoy estamos reforzando la compra de alimentos por sistemas de compra de emergencia y compras abreviadas", afirmaron la cartera que encabeza Carolina Stanley.
Y añadieron: "Tenemos otorgadas un millón y medio de tarjetas alimentarias. Tras la última devaluación, reasignamos partidas y aumentamos un 43% el valor de las raciones de comedores comunitarios y merenderos. Estamos entregando 500.000 raciones diarias a comedores. Este aumento se suma al acumulado anual del 45,5% en el valor de la ración durante el 2018".
Las fuentes provinciales consultadas por LA NACION rechazan esos números, al menos para las partidas que reciben ellos. Desde la cartera no detallaron cómo evolucionaron esos giros monetarios. "Desde inicios de la gestión venimos aumentándolas escalonadamente y sobre todo en los momentos difíciles", fue la afirmación.
Dijeron que los convenios implican un "complemento al otorgamiento de prestaciones alimentarias definidas por parte de las provincias, en el marco de los programas alimentarios que implementa cada una. Son ellas quienes definen el alcance y tipo de cobertura".
Las administraciones provinciales lo que sostienen es que la participación nacional fue perdiendo importancia con el paso del tiempo porque no se fue actualizando conforme a la evolución de los precios.
Desarrollo Social describe que las líneas de convenio "más fuertes" son tarjetas alimentarias, comedores escolares y plan materno infantil, "pero la modalidad de implementación depende de las provincias".
Señalan que el plan, además, contempla acciones de nutrición para preservar y mejorar el correcto estado de nutrición de madres, niñas y niños, por medio del control apropiado; fortalecimiento del trabajo de comedores comunitarios, clubes, organizaciones de base, barriales, religiosas, merenderos, parroquias, etcétera "mediante transferencias condicionadas para brindar desayuno, almuerzo, meriendas, meriendas reforzadas y cenas". También se impulsa la autoproducción de alimentos mediante el armado de huertas.
"Hoy la emergencia alimentaria y social está vigente (Ley N° 25.724), el Gobierno Nacional como las provincias somos responsables en su co-ejecución -señalaron desde el ministerio que dirige Carolina Stanley -. Más allá de cualquier declaración de emergencia, las políticas de seguridad alimentaria y según lo dice la ley, le corresponde responsabilidad y ejecución al gobierno nacional y las provincias. Las partidas presupuestarias siempre estuvieron a disposición para reforzar la asistencia alimentaria. Y van a seguir estando como hasta ahora".
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