“Si hubo algún exceso, se tomarán medidas”: el fiscal que ordenó la detención de los colectiveros respondió a las críticas
Lo informó el titular de la fiscalía contravencional de la Ciudad que lleva el caso
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LA NACION
El fiscal contravencional porteño Carlos Rolero Santurian aseguró este jueves que “si hubo algún exceso” en la detención de los colectiveros acusados de golpear al ministro de Seguridad, Sergio Berni, “se va a investigar” e “intervenir”. De esa forma, el fiscal contestó a las críticas por la dureza del operativo.
“Si fue excesivo, se tomarán las medidas que se tienen que tomar”, contestó Santurian, en declaraciones al canal TN.
Santurian había confirmado en la semana que Sergio Berni impulsó la investigación de la agresión a puñetazos que sufrió en la manifestación de colectiveros, y que, a partir de eso, ordenó el reconocimiento facial para identificar a los choferes que le pegaron al funcionario y a ocho uniformados que resultaron heridos.
“Primero se trató de establecer el círculo más próximo de quienes ejercieron violencia directa contra el cuerpo del ministro. Luego se estableció quiénes habían participado de la situación de violencia, aunque sin tener injerencia directa. Determinamos que cinco personas ejercieron violencia directa contra el minsitro y otras tantas formaron parte del contexto. De esas cinco, dos están detenidas, del grupo que ejerció violencia directa. Uno de ellos fue identificado por las imágenes, que es la persona tatuada, que ejerce un golpe directo sobre el rostro del ministro”, explicó el fiscal.
Berni había dicho que no iba a denunciar la agresión, pero luego tomó otra actitud e impulsó la acción.
En esta causa porteña se investiga de oficio -es decir, sin necesidad de denuncia- la agresión que sufrió el lunes pasado Berni cuando se hizo presente en un piquete de colectiveros que cortaba la avenida General Paz para protestar por el asesinato de un compañero, muerto de un tiro en medio de un asalto.
El fiscal Santurian tomó distancia de la agresividad del operativo, que generó fuerte rechazo. “La operatividad de la órden de allanamiento no está puesta en cabeza ni de la fiscalía ni del juzgado, está puesta en cabeza del personal policial”, contestó, cuando fue consultado sobre las críticas. Y al ser consultado si su respuesta buscaba desligarse del tema, Santurian contestó: “No nos desligamos de nada, nada queda más certificado que una intervención que ocurre dentro del poder judicial. Cualquier situación que haya que analizarse en función del cumplimiento de la orden, se analizará. Si fue excesivo, se tomarán las medidas que se tienen que tomar”.
La fiscalía ya cuenta con un informe médico del Hospital Churruca donde constan las lesiones que sufrió Berni. En un principio, sin esa información, se asumió que era un caso de lesiones leves, que es un delito de acción privada, que para ser investigado debe ser impulsado por la propia víctima. Pero ahora se sabe que son lesiones graves, que requieren más de un mes para su curación, por lo que no es necesario que el agredido impulse la denuncia.
Mas allá de esta causa, donde además de la agresión a Berni se investigan las lesiones sufridas por ocho policías de la Ciudad, hay otros expedientes abiertos en la justicia de la Ciudad relacionados con este episodio. Uno está a cargo de una fiscalía especializada en violencia institucional, donde se investiga la agresión sufrida por un colectivero, a quien un policía le pegó con su escudo antimotines, de canto, en la cabeza.
La policía de la Ciudad, con ayuda de tecnología, está tratando de establecer la identidad de los choferes que agredieron a la policía y al propio Berni, dijo el fiscal. La causa proseguirá cuando se tenga esta información, a la que sumará la declaración testimonial de Berni, cuando esté en condiciones de comparecer ante el fiscal.
La denuncia de Alak
Además, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, presentó denunció en la justicia penal nacional por el ataque, ya que considera que se produjeron los delitos de lesiones, resistencia a la autoridad e intimidación pública. Este último delito castiga a quien busca infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes y es el que habilita la competencia de la justicia penal nacional (y no la contravencional porteña), señalan en el gobierno bonaerense.
En paralelo, el fiscal Gastón Duplaá, de la UFI de Homicidios del departamento judicial de La Matanza, investiga el asesinato del chofer Daniel Barrientos, que ocurrió en la madrugada del lunes en Virrey del Pino, mientras manejaba una unidad de la Línea 620.
Por el asesinato hay varios detenidos. Uno de ellos fue reconocido por dos testigos. El fiscal Duplaá resolvió acusarlos de los delitos de homicidio “criminis causae”, es decir, de haber matado para ocultar otro delito, y de robo agravado por el uso de arma de fuego. De ser condenados por estos delitos, podrían recibir una pena de prisión perpetua.
LA NACION
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