El comité de expertos judiciales le entrega a Alberto Fernández sus propuestas para modificar la Justicia

La comisión de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández en temas judicialesentregará mañana el informe final de su dictamen, en el que recomienda cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, en el modo de elección del procurador general de la Nación y en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Está previsto que Fernández -que está aislado por haber sido contacto estrecho de un contagiado de coronavirus- se realice hoy un hisopado. Si el Presidente da negativo, se hará un lugar en su agenda y recibirá personalmente a los juristas que redactaron este trabajo.

Si bien no hay aún definiciones, es posible que algunas de estas iniciativas se transformen en proyectos de ley. La más urgente es la que limita el mandato del procurador general de la Nación a 5 o 7 años y que cambia las mayorías para su elección. La propuesta es pasar de los dos tercios del Senado (para los que el oficialismo necesita negociar con la oposición) a una mayoría de la mitad más uno de los senadores (que el oficialismo logra con creces). El bloque kirchnerista del Senado anticipó que espera el dictamen de la comisión asesora para discutir cambios en la ley mediante la que se elige al procurador. Daniel Rafecas, el juez que candidateó para el cargo Alberto Fernández, ya dijo que, si cambian la ley, él bajaría su postulación.

Con esta tensión política como trasfondo, los especialistas se reunieron hoy para la redacción final del documento que reúne más de 500 páginas. Allí están concentrados los puntos coincidentes y registradas las divergencias en el grupo de especialistas, en el que conviven el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi; su exsocio, el exjuez Carlos Arslanian; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista al igual que el académico Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera, y los jueces de superiores tribunales de justicia del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), junto al exjuez Enrique Bacigalupo. En la coordinación está el abogado Fabián Musso.

Los expertos llevan trabajando 90 días, desde que fueron presentados el 29 de julio en la Casa Rosada, y se reúnen tres veces por semana. Realizaron diagnósticos y propusieron soluciones sobre cuestiones planteadas en el decreto presidencial que los convocó.

Algunas ideas salen por unanimidad, otras por consenso y hay algunas diferencias de tono jurídico que se evidencian en el trabajo. Por ejemplo, con respecto a los jueces de la Corte, en las recomendaciones no se menciona la conveniencia de aumentar su número, aunque algunos como Bacigalupo plantean la necesidad de una corte al estilo europeo, que en si requiere un mayor numero de magistrados. Tienen previsto, en cambio, proponer la existencia de un tribunal intermedio anterior a la Corte. En cuanto al procurador hay diferentes visiones. Algunos prefieren dejar todo como está, otros se prestan a flexibilizar la duración del mandato y otros van más a fondo y cambian las mayorías para la elección y remoción, lo que facilita salir del actual entuerto al Gobierno, pero deja al candidato oficial a tiro para su remoción, sin la estabilidad que le dan los dos tercios del Senado. La diferencia entre las posturas es ajustada. No hay unanimidad en el asunto.

Lo que diga el consejo no es vinculante. El Presidente verá qué ideas se convierten en proyectos de ley y cuales quedan en el camino.

Los especialistas se pronunciarán tras escuchar en diversas audiencias virtuales al procurador Eduardo Casal, a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, al presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones, a la defensora general Stella Maris Martínez y a la Asociación de Magistrados, entre otros. Tenían previsto invitar a la Corte a plantear sus puntos de vista, pero coincidió con el tratamiento del caso de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, un caso de máxima tensión entre el Gobierno y el máximo tribunal, un momento poco oportuno para el convite.

Propuestas

Los jueces tienen previsto en cambio proponer la existencia de un tribunal intermedio anterior a la Corte como un modo de desagotar los casos que llegan al máximo tribunal y establecer que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad actúa como revisor de las sentencias de las Cámaras de Apelaciones de la Justicia Nacional.

En cuanto al Consejo de la Magistratura se prevé que los especialistas recomienden volver a un cuerpo más amplio, pero de 16 miembros, con una representación de 4 integrantes por estamento: jueces, abogados, legisladores y académicos. Y aprovechar estos últimos para fortalecer cuestiones de federalismo, género y diversidad de ideas. Así las cosas, el componente político del Consejo quedaría reducido, pues la enseñanza que dejaron los años es que así no funciona.

Con respecto del sistema de juicios por jurados, el Comité asesor se pronunciará por su puesta en marcha para los casos de corrupción, aunque hay debate acerca de si es necesaria o no unanimidad en las posturas.

Los especialistas además se pronunciarán por acelerar el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, terminar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal y una propuesta para reorganizar los recursos a la luz de la reforma judicial que tiene media sanción en el Senado y está paralizada en la Cámara de Diputados.

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