Servini denunció al ministro Soria y al Servicio Penitenciario por no investigar una causa de drogas
Hace un año que la jueza quiere averiguar sobre una denuncia en la cárcel de Devoto; como se desarmó el área de inteligencia por las denuncias de espionaje, su orden no fue acatada
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La juez federal María Servini denunció al ministro de Justicia, Martín Soria, y a la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, por supuesta obstrucción de la Justicia, ya que desde hace un año quiere investigar una denuncia de tráfico de drogas en la cárcel de Villa Devoto y no logra hacerlo porque fue desmantelada el área de inteligencia criminal del organismo penitenciario, luego de las denuncias de espionaje ilegal contra el macrismo.
Los problemas de Servini no se limitan a su juzgado, sino que otros jueces federales de Comodoro PY 2002 dijeron que se enfrentan al mismo problema, ya que los únicos que ingresan a un penal son los penitenciarios o los presos y la única manera de investigar un delito intramuros es con un uniformado, o con un policía encubierto, con los riesgos que ellos representa.
Fuentes judiciales dijeron a LA NACON que en este caso, Servini solicitó a Asuntos Internos del Servicio Penitenciario hace cerca de un año investigar una denuncia de un preso que señalaba al Centro Universitario de Devoto (CUD), el lugar donde se estudia en el penal. Incluso ante la sospecha de connivencia de las autoriades. Al tiempo, el Servicio Penitenciario Federal le informó a la jueza que no podía realizar la investigación. La magistrada pidió entonces esa tarea mediante un oficio a María Laura Garrigós , directora del Servicio Penitenciario Federal.
Pero desde el organismo le contestaron a Servini que la oficina de inteligencia había sido desmantelada y que no había nadie que desarrollara sus tareas. Fue la investigación de la “operación puf” donde se advirtió que los presos kirchenristas eran objeto de escuchas telefónicas, la que determinó el desmantelamiento del área de inteligencia del SPF.
Servini le reclamó entonces una solución al ministro de Justicia, Martín Soria, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal. Al tiempo un agente penitenciario se presentó en el juzgado diciendo que había sido designado por sus jefes y que necesitaba a auto, computadoras, personas y un espacio para trabajar.
Servini se quejó ante el Servicio Penitenciario y supo que había sido designado por el jefe de la cárcel de Devoto y que el hombre asignado estaba bajo sospecha de actividades de espionaje ilegal. En el interín llegó al juzgado un anónimo en el se narraban todos estos hechos, el nombre del penitenciario y una descripción de la maniobra ilegal que se investigaba. Servini estalló porque no solo había pasado un año desde las primeras actuaciones, sin que se hiciera nada, sino que ahora la información se había desperdigado y estaba en conocimiento de todos.
Por eso es que presentó una denuncia de obstrucción de la Justicia contra el ministro Soria y Garrigós que quedó radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini. La jueza habló de que le daba vergüenza que a caso un año del inicio del caso, la investigación estuviera a fojas cero por la inactividad de las autoridades a las que les pidieron su colaboración.
“Dicha circunstancia me permite concluir que [...] existió una clara obstrucción que deberá ser investigada y que, en definitiva, se ve reflejada tanto en la falta de celeridad para actuar, como así también en la publicidad que tomó esta investigación, que debió haber sido de carácter reservada”, escribió la jueza.
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