Serias advertencias para la Justicia independiente

Recientemente, los argentinos asistimos a un ejemplo de la celeridad y coordinación con la que diferentes órganos del Estado pueden actuar cuando sus responsables coinciden en la prioridad de un objetivo. Lamentablemente, no se trataba de la adopción de medidas para la gestión de la crisis sanitaria ni de soluciones para una economía de rodillas.

No: el cometido en el que en tiempo récord confluyeron la Presidencia y el Senado de la Nación –junto a otros organismos como el Consejo de la Magistratura– fue que tres jueces, los doctores Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, desalojasen sus despachos en la cámara de apelaciones que revisa las causas de corrupción de mayor trascendencia del país, y en el tribunal oral que deberá juzgar la causa públicamente conocida como "los cuadernos de las coimas", probablemente, el caso que mejor haya ilustrado esa enfermedad endémica de la Argentina cuyos síntomas son la coima y el retorno y entre cuyas secuelas se cuentan la degradación de las instituciones, la miseria de los ciudadanos y, en algunos casos, la muerte.

No se trató de un proceso disciplinario. Ni Bruglia, Bertuzzi y Castelli eran acusados de mal desempeño. No había, pues, un objetivo emparentado con una mejora en la administración de Justicia. Todo hace pensar que el único motivo por el que fueron desplazados es que el poder político encontró un subterfugio para reemplazarlos con magistrados en los que seguramente supongan mayor afinidad con el oficialismo o –lo que es lo mismo– menos imparcialidad e independencia.

Por cierto, esta interpretación de lo ocurrido está inspirada por un contexto en el que aparecen otras señales de alarma para la Justicia independiente. Hace pocas semanas, el Gobierno de la Nación emprendió, con briosa resolución, lo que no pocos ven como una eventual colonización de la Justicia federal.

En efecto, el proyecto de "reforma judicial" que ya tiene media sanción del Senado, al igual que el decreto por el que el presidente ha creado una comisión de juristas que deberá analizar el funcionamiento de las instituciones de la Justicia, no admiten lecturas en el sentido del fortalecimiento de las instituciones –algo que la Argentina espera hace décadas para empezar una senda de auténtico progreso y crecimiento–. Antes bien, estas iniciativas siembran preocupaciones muy concretas para la Justicia independiente en términos de impunidad y persecución de opositores.

Por lo pronto, más allá de su resultado final, puede pensarse que estos movimientos, al igual que el desplazamiento de los jueces y los patéticos cuestionamientos sobre el procurador general interino Eduardo Casal, llevan implícito un mensaje pernicioso a los magistrados que deben intervenir en las causas y los juicios contra la hoy Vicepresidente y quienes fueron sus funcionarios: quien falle en contra del poder sufrirá las consecuencias ("¿Preguntas? Preguntas van a tener que contestar ustedes").

La iniciativa de más largo alcance de las que promueve el Gobierno nacional es, sin lugar a dudas, el proyecto que pretende crear 77 cargos de magistrados (jueces, fiscales y defensores) en materia penal en la ciudad de Buenos Aires y casi otros trescientos al interior del país, amén de un millar de cargos de funcionarios y empleados.

Esta construcción faraónica es vista por algunos como una reedición del proyecto en el que colaboré entre los años 2003 y 2004 con los doctores Gustavo Béliz, Norberto Quantín e Ignacio Rodríguez Varela. Nada más alejado de la realidad. En aquel entonces, apuntábamos a fortalecer la Justicia federal porteña con los jueces de la Justicia Nacional Criminal y Correccional ordinaria: es decir, con magistrados en actividad –en muchos casos, de larga experiencia y una capacidad de trabajo probada en el terreno–.

Las nuevas vacantes en la Justicia serán cubiertas por un poder político que no ha tenido reparos de orden ético para designar al abogado defensor de la vicepresidenta en una comisión revisora de la Corte Suprema

Al aprovechar toda esa estructura judicial ya existente, aquel proyecto tenía costo cero; algo muy distinto a la hipertrofia que propone ahora el Gobierno, como si la Argentina no estuviese prácticamente quebrada, con uno de cada dos niños debajo de la línea de pobreza, una perspectiva pospandemia con niveles de desempleo e inflación apabullantes y una asfixiante presión impositiva sobre los sectores productivos llamados a absorber a esos trabajadores desocupados.

Por lo demás, las nuevas vacantes serán cubiertas por un poder político con pocas o nulas muestras de interés por una Justicia independiente, que no ha tenido reparos de orden ético para designar al abogado defensor de la señora vicepresidenta en una comisión revisora de la Corte Suprema.

Todavía más: mientras se sustancien los concursos, el proyecto contempla el nombramiento de jueces subrogantes para ocupar los flamantes juzgados federales porteños, mediante un procedimiento discrecional alejado de aquel prescripto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Uriarte". Para peor, estos verdaderos "subrogantes sin subrogado", por demás carentes de estabilidad e independencia, tendrán el monopolio de todas las causas nuevas durante el primer año desde la habilitación de los nuevos tribunales. Podría tratarse de la más formidable plataforma para la persecución ideológica con ropaje de Justicia. Eso que algunos llaman lawfare.

Por José María Campagnoli, fiscal de Instrucción

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