Separan a la Prefectura de la investigación del caso Báez

La Justicia separó a la Prefectura Naval de la investigación de la causa en la que se investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez por lavado de dinero, y en su lugar las tareas de análisis pericial y propiamente policiales las realizará la Gendarmería Nacional.

La decisión la tomó el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del caso, luego de que un hombre de la Prefectura Naval, de uniforme y con la gorra en la mano, apareció en un video de seguridad saliendo de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita" de Madero Center. El ex dueño de esa firma, el financista Federico Elaskar, dijo que desde allí se armó una red para sacar del país 50 millones de euros de Lázaro Báez. Luego se desdijo.

Ante la sospecha de que ese uniformado de la Prefectura esté ligado con la empresa o la maniobra, preventivamente, el juez prescindió de la colaboración de la fuerza, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

El uniformado aún no está identificado, pero cuando lo sea, la Justicia le pedirá explicaciones sobre su presencia en la financiera. Empleados de SGI que declararon como testigos juraron que nunca la financiera contrató a la Prefectura para brindar seguridad adicional.

El juez Casanello ya había prescindido de la colaboración en esta causa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que realizó el primer allanamiento en SGI el 18 de abril, cuatro días después de la denuncia periodística y cuando contó con el dictamen fiscal que dio por iniciado el caso.

Las filmaciones de los videos de seguridad mostraron que antes de ese procedimiento y aun antes de la emisión del programa Periodismo para todos, en el que se conoció la denuncia, empleados y cadetes de SGI sacaron cajas con papeles de la empresa. El juez no descarta que el dato del procedimiento se hubiera filtrado, pero es cierto que Báez ya estaba en conocimiento de la investigación en marcha, porque los propios protagonistas, Elaskar y Leonardo Fariña, mencionaron que buscaron contactarse con él.

Casanello había elegido a la PSA a partir de la buena impresión que tuvo de la fuerza cuando visitó su sede y porque su jefatura está en manos de un civil. Pero una periodista de la producción de Jorge Lanata declaró en la causa que tenía una información que ligaba a un uniformado de la fuerza con Báez y que podía poner en riesgo la investigación. Movido por ese dato, Casanello separó a la PSA y envió a la Prefectura Naval con una orden a la sede de la PSA para secuestrar el legajo del efectivo de la fuerza sospechado de haber trabajado para Báez. Así establecieron que no había trabajado en el aeropuerto de San Fernando en una firma ligada con el empresario, como había sostenido la periodista.

Anteayer, el juez junto con el fiscal federal Guillermo Marijuan le tomaron declaración a siete empleados de la empresa que identificaron en los videos de seguridad a las personas que sacaron papeles de SGI y de la oficina contigua de la financiera, la consultora OACI, de Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez. Lograron identificar a las personas que trabajaron sacando papeles y a los que circularon por el pasillo de ese piso.

El magistrado intentará seguir el curso de esa documentación sacada de las oficinas de SGI y, en función de ello, determinar si pudieron haber sido utilizados para tal fin vehículos que tenía la financiera a disposición en la cochera del edificio.

Intentará además determinar qué cocheras de Madero Center tiene asignada la financiera SGI y qué vehículos son los que tenía a disposición. Las cámaras de seguridad muestran las patentes, de modo que se puede determinar quiénes son los propietarios de los vehículos utilizados para sacar esos papeles.

Según informaron fuentes judiciales, antes que las imágenes se difundieran en el programa Periodismo p ara todos ya habían sido secuestrados por el juzgado, pero estaban en poder de la Prefectura Naval, que venía demorando un informe final sobre su contenido.

Además, el juez resolvió ayer apurar a la Cancillería para que acelere la tramitación de los cuatro exhortos internacionales que envió para recabar información que le permitirá avanzar con otros imputados que aún no fueron indagados. En ese sentido, pidió motorizar las rogatorias enviadas a Panamá y Suiza, dos rogatorias enviadas a Uruguay para pedir datos sobre los viajes de los acusados a Montevideo y Punta del Este, y las empresas relacionadas con la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio.

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