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Sensación de una batalla perdida entre los gendarmes
Los uniformados recibieron la orden de retornar a sus puestos de trabajo
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LA NACIONMarcelo Veneranda
Acurrucados bajo frazadas, sentados en el piso, entre cajas de alimentos, botellas de agua y termos para el mate, no más de 10 gendarmes y sus familias permanecían ayer por la tarde en el campamento frente al edificio Centinela. En el Guardacostas, de la Prefectura, no quedaba nadie. Hasta los carteles de protesta de las paredes habían sido removidos.
Nueve días después de iniciada la crisis salarial de las fuerzas de seguridad, el Gobierno logró desarticular el reclamo de gendarmes y prefectos. Fue a partir de la promesa de recomponer los salarios de los rangos más bajos, pero, sobre todo, con la implementación de un "plan de llamadas": una orden para que todos los uniformados se "apresten" en sus puestos de trabajo, hasta nuevo aviso.
Desde los sectores rebeldes y las cúpulas de ambas fuerzas dijeron no estar al tanto de negociaciones con el secretario de Seguridad, Sergio Berni , para que se mantengan algunos de los complementos salariales eliminados por el decreto 1307, que desató la protesta (ver aparte).
En el ingreso del edificio Centinela permanecían gendarmes sancionados por la protesta y sus familias, encabezados por el suboficial Raúl Maza, que fue pasado a disponibilidad por oficiar como vocero de sus pares. "La protesta no se levantó. Esto recién comienza. Sólo perdimos una batalla", dijo Maza a LA NACION.
El frío y el cansancio tras nueve días de protesta castigaban ayer el ánimo de los pocos manifestantes. "Estamos en un estado de abandono total por parte de la superioridad. No les dejan usar los baños ni siquiera a nuestros hijos y nos quitaron el único calentador de agua que teníamos", añadió otro uniformado.
La renuncia del ideólogo del decreto 1307, Raúl Garré, hermano y jefe de Gabinete de la ministra de Seguridad , Nilda Garré, no pareció haber incidido en el levantamiento de la protesta. "Una cabeza tenía que rodar. Sólo dejó en evidencia nuestra denuncia de que la Presidenta estaba siendo mal asesorada", sostuvo Maza.
"Lo que realmente pasa es que impera un «plan de llamadas» que obliga a la gente a estar en sus puestos de trabajo, algo que es ilegal si no hay una emergencia que lo justifique", completó el gendarme.
La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Seguridad, impone a los efectivos la obligación de estar "aprestos" a permanecer o presentarse en sus lugares de destino (puestos de control, pasos fronterizos, oficinas o embarcaciones) e incluye a quienes están de franco para que permanezcan atentos a un llamado de sus superiores.
Si ayer en el edificio Centinela apenas quedaban por la tarde unas 20 personas, la sede de la Prefectura estaba completamente desolada, sin las carpas que durante la semana se levantaron frente a la avenida Madero ni los carteles de protesta que cubrieron sus paredes.
A diferencia de la Gendarmería, la cúpula de la Prefectura no sancionó a ninguno de sus subalternos e intentó mantener instancias de negociación con los manifestantes. Anteayer, cuando la Casa Rosada ratificó la aplicación del decreto 1307, que elimina varios de los suplementos salariales que cobraban los uniformados, realizó reuniones informativas para prometer que los salarios de los rangos inferiores no iban a ser afectados.
"Casi la totalidad de los efectivos se retiraron conformes", indicaron fuentes de esa fuerza, para agregar que los "planes de llamadas" se realizan periódicamente y que no requieren la existencia de una situación de emergencia.
"Vamos a esperar hasta fin de mes. La gente confió en la promesa de pago del Gobierno", indicó a LA NACION uno de los suboficiales que encabezaron la protesta de la Prefectura.
Mientras tanto, los gendarmes continuaban ayer en conversaciones para definir de qué manera continuarán la protesta. Esperaban poder anunciarlo hoy.
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