Senado: Victoria Villarruel pone en marcha un plan para “cazar ñoquis”

Mediante una resolución administrativa, la vicepresidenta Victoria Villarruel dio comienzo al proceso para reempadronar a los trabajadores de la planta permanente del Senado, paso previo para volver a implementar el control del presentismo y cumplimiento de la jornada laboral de los empleados de la cámara mediante el sistema de lectura de huella digital.

El programa, que en cercanías de la vicepresidenta bautizaron como “el busca ñoquis”, comenzará el próximo lunes y se extenderá por un plazo de 40 días, ya que finalizará el 19 de julio. Cuenta con el acuerdo de la Asociación del Personal Legislativo (APL), principal gremio del Congreso que conduce Norberto Di Próspero.

Según la resolución firmada por la secretaria Administrativa, María Laura Izzo, durante ese plazo los empleados de la Cámara alta deberán completar un formulario con la actualización de sus datos personales. Tendrán que hacerlo todos aquellos trabajadores comprendidos en el estatuto del empleado legislativo, ley 24.600, aunque quedarán exceptuados los integrantes de la planta transitoria que cumplan funciones en los despachos de los senadores.

El control del presentismo mediante la lectura de datos biométricos ya está vigente en la Cámara de Diputados y en el Senado fue instaurado en 2018, durante la gestión de la vicepresidenta Gabriela Michetti, pero se suspendió en 2020, cuando Cristina Kirchner presidía la Cámara alta, como consecuencia de la pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández.

A pesar del levantamiento de las medidas restrictivas y de la finalización oficial de la emergencia sanitaria, en mayo del año pasado, el control de ingreso y de presentismo nunca volvió a ponerse en marcha y los molinetes de acceso al palacio legislativo y al edificio anexo del Senado quedaron en desuso. En el proceso, también desapareció casi por completo la base de datos de las huellas dactilares que se habían registrado cuando Michetti puso en marcha el sistema.

El Senado cuenta en la actualidad con una planta cercana a los 4700 empleados entre permanentes y transitorios. El último gran salto ocurrió cuando Amado Boudou presidió el cuerpo. Las administraciones que lo sucedieron, Michetti y Cristina Kirchner, lograron con suerte diversa achicar la cifra heredada por sus antecesores. De hecho, la exvicepresidenta le dijo a Villarruel que había reducido en 400 lugares la planta cuando se reunieron, en noviembre del año pasado, como parte de la transición en la Cámara alta.

Ñoquis insólitos

Sin embargo, desde que asumió Izzo la Secretaría Administrativa se detectaron varios casos groseros de personas que siguen cobrando sueldos pero ni siquiera pisan las instalaciones del Senado. Uno de ellos lo protagonizó una empleada de la orquesta, que seguía percibiendo su salario pero se encontraba residiendo en Miami, donde realizaba un curso para emprendedores.

El de los “ñoquis” no es el único tipo de irregularidad detectada. Así, se desafectó de la planta a una persona que no concurría a trabajar porque estaba cumpliendo una condena por amenazas y usaba, por disposición judicial, una tobillera electrónica para controlar que cumpliera prisión domiciliaria. En otro caso, se descubrió que los hijos de una exempleada del Senado siguieron cobrando el retiro voluntario al que se había acogido la mujer durante seis meses después de su muerte.

La intención de volver a aplicar el control de presentismo es complementaria de otra medida adoptada por Villarruel y que es la creación de una comisión especial que tendrá la misión de realizar un “análisis integral de los recursos humanos” y revisar los nombramientos de los dos últimos años de Cristina Kirchner al frente de la Cámara alta.

Esta media fue resistida por los gremios, que se negaron a integrar la comisión. De hecho, APL presentó una impugnación formal contra el decreto firmado por Villarruel, por considerar que la decisión de revisar nombramientos en la planta de personal viola el estatuto de los empleado del Congreso, que garantiza estabilidad una vez superado el año de antigüedad.

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