Senado: polémica por la cancelación de contratos en el bloque radical
En cercanías de la vicepresidenta sostienen que eran “ñoquis” en una planta sobredimensionada; en el radicalismo hablan de una represalia por la sesión de Bienes Personales
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LA NACIONGustavo Ybarra
En medio de un clima de tensión creciente con el oficialismo, que se potenció tras la sesión en la que Juntos por el Cambio le retaceó el quorum al tratamiento de la actualización de Bienes Personales, el radicalismo acusó a Cristina Kirchner de haber dado de baja unos 40 contratos de personal legislativo del bloque.
La noticia tomó por sorpresa a la bancada que preside Luis Naidenoff (Formosa), en donde se adjudica la medida a una venganza de la vicepresidenta por el desplante opositor de la última sesión del año pasado.
Desde la presidencia del Senado se negó que el recorte de contratos tenga connotación política y aseguraron que la medida obedece a un proceso de reordenamiento que la secretaria Administrativa, María Luz Alonso, había puesto en marcha dos años atrás, pero que quedó en pausa por la pandemia de coronavirus.
Más aún, los voceros oficialistas destacaron que la medida afectó a personal que no cumplió tareas en los últimos dos años. “No se conectaron (de manera remota) nunca durante la pandemia, eran ñoquis”, sostuvieron en diálogo con LA NACION.
Este diario había consignado, en diciembre de 2019, que entre las prioridades de Alonso estaba la de poner la lupa sobre los bloques políticos y que le había llamado la atención al radicalismo por el tamaño de su planta. En aquel momento, fuentes de la UCR habían reconocido el sobredimensionamiento de personal que revestía en el bloque.
Desde el radicalismo replicaron los argumentos oficialistas destacando que, de aplicarse la misma vara, también deberían cancelarse los contratos del oficialismo, ya que mucho personal quedó sin cumplir tareas durante el tiempo que el Senado canceló sus actividades presenciales por la emergencia sanitaria declarada en marzo de 2020.
Ahora, en el bloque del centenario partido adjudican la finalización de los contratos a una represalia política impulsada por el malestar de Cristina Kirchner con la oposición.
La postura encuentra explicación en las quejas que el jefe de la bancada oficialista, José Mayans (Formosa), les ha trasladado a los líderes de Juntos por el Cambio, en particular a Naidenoff, por la supuesta falta de códigos legislativos de la coalición opositora.
El enojo oficialista se remonta a la última sesión del año pasado, cuando Juntos por el Cambio apostó a que fracasara el tratamiento de las modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales luego de que el oficialista Guillermo Andrada (Catamarca) diera positivo en el test PCR de coronavirus previo al inicio de la reunión. El impedimento del senador de ingresar al recinto dejó al Frente de Todos sin quorum, lo que obligó a gestiones de urgencia para conseguir que la peronista disidente opositora Clara Vega (La Rioja) colaborara a habilitar la sesión.
Mayans sostiene que esto provocó un fuerte malestar en la bancada que preside, que son varios los senadores oficialistas que acusan a Juntos por el Cambio de incumplir con los compromisos asumidos en Labor Parlamentaria, donde se acuerdan las dinámicas de las sesiones, rompiendo así la relación de confianza con la oposición.
Sin embargo, en la coalición opositora aseguran que la enojada es Cristina Kirchner, a quien adjudican el endurecimiento de las posturas de Mayans en su relación con sus interlocutores de Juntos por el Cambio.
Este clima amenaza con trasladarse a la composición de las comisiones, que se discutirán la semana próxima, con una represalia que se traduciría en la decisión del Frente de Todos de arrebatarle a Juntos por el Cambio las pocas presidencias que hasta diciembre estaban en manos de senadores opositores, las que repartirían entre propios y aliados.
Por Gustavo Ybarra
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