La oposición en el Senado desafía el equilibrio fiscal de Milei y amenaza con aumentar el gasto medio punto del PBI
Los proyectos que recomponen los haberes jubilatorios y garantizan el financiamiento de las casas de altos estudios cuentan con el aval de una buena parte de los bloques en la Cámara alta; el posible veto presidencial
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El Senado deberá abocarse al tratamiento de dos iniciativas que ya tienen media sanción de Diputados y que desafían el equilibrio fiscal que cuida celosamente Javier Milei. Los proyectos que buscan recomponer los haberes jubilatorios y garantizar el financiamiento de las universidades cuentan con el aval de una significativa porción de la oposición y condicionan los planes de la administración libertaria. Si ambos se convierten en ley tal como salieron de la Cámara baja, supondrán un costo fiscal de más de medio punto del PBI, la mitad del superávit logrado a lo largo de los primeros seis meses de Gobierno.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadin Argañaraz, el superávit primario del primer semestre –sin contabilizar el pago de la deuda– asciende a $7 billones, lo que equivaldría a un 1,1% del producto.
El incremento de los haberes jubilatorios tuvo dictamen del plenario de comisiones a principios de agosto y ya está en condiciones de ser discutido en el recinto. Fue acompañado por radicales, kirchneristas y referentes de fuerzas provinciales. El oficialismo y el Pro, en tanto, se opusieron.
Esta iniciativa fija una recomposición del 8,1% de inflación correspondiente al mes de enero que no fue incluida en la actualización que el Presidente determinó por decreto, en abril. Sumado a esto, define al Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones, que deberán estar por encima del valor de la canasta básica de alimentos. Además, crea una clausula gatillo anual que se aplicará automáticamente siempre que los salarios hayan subido más que la inflación y será del 50% de esta diferencia. Por último, exige que en un plazo de seis meses el Poder Ejecutivo salde las deudas con las 13 provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional y cumpla las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados.
Para este año, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –dirigida por Gabriel Esterelles– estimó que estas modificaciones representarían un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de alrededor del 0,44% del PBI. En tanto, el mismo organismo estimó que las deudas con las cajas provinciales asciende a un valor corriente de $703.353 millones, monto equivalente a 0,13% del producto.
Para la diputada de Pro Daiana Fernández Molero, el impacto que calculó la OPC solo podría aplicarse para este año, dado que no contempla el refuerzo por RIPTE. La legisladora indicó a LA NACION que, con la incorporación de la variable salarial en la fórmula, el costo fiscal anual contando un período de cinco años se dispararía a 1,9% del PBI. Por eso, calificó la fórmula como “explosiva”: “Este agregado es asimétrico ya que solo se aplica en los años que el salario real sube y no lo corrige cuando baja”, enfatizó la economista.
Por su parte, el proyecto de financiamiento universitario que la semana pasada tuvo el aval de Diputados todavía no ingresó al Senado ni tampoco fue abordado por las comisiones pertinentes antes de su desembarco en el recinto. No obstante, ya hay indicios que muestran que la iniciativa cuenta con una base sólida de adhesiones, suficientes para una mayoría simple. Basta con el kirchnerismo, un puñado de radicales y algunos referentes de bloques provinciales. Es probable, incluso, que la propuesta sea acompañada por la porteña Guadalupe Tagliaferri, de Pro, quien con esta decisión se diferenciará de su bloque, férreo aliado del oficialismo. La senadora cercana al exalcalde de la Capital Federal Horacio Rodríguez Larreta defiende la universidad pública sin tapujos.
La iniciativa que prosperó, impulsada por la UCR, encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar –cada dos meses y por inflación– los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios, además de reconocer la inflación acumulada desde enero.
Para informar el gasto que, de aprobarse, supondrá el proyecto para el Estado, el legislador radical Martín Tetaz chicaneó: “Tendrá un costo similar a los fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) más la pauta presupuestaria de YPF”. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024, Milei destinó $100.000 millones para fondos reservados del órgano de inteligencia.
“El señalamiento de Tetaz es muy gráfico para explicar que el Gobierno usa selectivamente y con mucha arbitrariedad el argumento de ‘no hay plata’ o de ‘degenerados fiscales’ para lo que no le asigna prioridad, pero no tiene la menor reserva en disponer de gasto para lo que sí considera prioritario”, indicó un referente de la UCR.
La respuesta de Tetaz se funda en una estimación elaborada por la miembro informante del dictamen, Danya Tavela, que sitúa en $160.000 millones el cumplimiento de los cometidos de la iniciativa. Considera que hay que descontar lo que ya se pagó en términos de funcionamiento –270% en mayo– y de aumentos salariales, y que los incrementos podrán ser cuotificados. Según el análisis del legislador radical Lisandro Nieri, esto representa un costo de 0,03% del PBI.
Para Isidro Guardarucci, economista asociado a la Fundación de Investigaciones Económicas (FIEL), estas estimaciones son austeras. Guardarucci toma como base las transferencias a universidades en 2023, que fueron de $1,4 billones, de las cuales alrededor de un 80% supone el pago de salarios. “Según las cuentas, el deterioro real de los sueldos está en el orden del 39% y eso es lo que van a recomponer. Esto te da un gasto del 0,23% del producto”, precisó.
La OPC informó que las partidas destinadas a las casas de estudio cayeron un 31% interanual a lo largo de los primeros siete meses del año. Los fondos para el pago de salarios de personal docente y autoridades superiores sumaron $0,9 billones (-30,6%) y los de salarios de personal no docente, $0,53 billones (-26,9%). La Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitarios insumió $110.000 millones (-35,4%) y la Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios, $40.000 millones (-25,3%).
La apuesta del Gobierno
Los proyectos cuentan en el Senado con un piso de avales suficientes para convertirse en ley. Sin embargo, hay dos variables que podrían jugar a favor del Gobierno: el tiempo y las mayorías.
“Tendrá apoyo, pero no sabemos si con cambios o no”, indicó un senador dialoguista sobre el proyecto de financiamiento universitario en la Cámara baja. Así como con la recomposición de los haberes jubilatorios, el oficialismo intentará negociar con la oposición la introducción de cambios a las iniciativas para devolverlas en segunda revisión a la Cámara baja y demorar la sanción definitiva.
Como plan B, Milei también podría utilizar el veto presidencial para impugnar las leyes. El primer mandatario ya advirtió al Congreso que vetará cualquier proyecto que rompa el equilibrio fiscal, a pesar de que es probable que ir contra la voluntad de la mayoría suponga un costo político. Serán determinantes los avales con los que las propuestas resulten aprobadas en ambas Cámaras. En principio, Diputados le garantizó a la recomposición jubilatoria una mayoría especial de 160 voluntades difícil de revertir. El financiamiento a las universidades, en tanto, no logró ese caudal de adhesiones: se aprobó con 143 votos a favor, 77 negativos y una abstención.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó este viernes que “no está en agenda vetar” la ley de financiamiento universitario en caso de que sea aprobada en el Senado, pero siempre y cuando no “afecte el equilibrio fiscal”.
“Del Poder Legislativo somos respetuosos. En el caso del tema del presupuesto universitario le falta su promulgación definitiva. Lo cierto es que nosotros siempre lo hemos destacado acá que hemos incrementado los gastos de funcionamiento, siempre estuvimos abiertos al diálogo y jamás estuvo en riesgo la educación pública, menos aún las universidades”, explicó Adorni.
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