Senado: es ley la prórroga por 50 años del financiamiento a la industria cultural

Con algunos cuestionamientos de legisladores del interior, molestos por la merma en los fondos coparticipables para las provincias, el Senado sancionó la extensión por 50 años de la asignación específica en una serie de impuestos para financiar a la denominada industria cultural y a las bibliotecas populares.

La ley fue aprobada por amplia mayoría de 57 votos a favor, que aportaron los bloques del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y fuerzas provinciales, 2 en contra y 9 abstenciones, todas de Pro.

Los senadores que rechazaron la ley fueron los representantes cordobeses de Pro, Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez.

La norma apunta a financiar las producciones audiovisuales y a las bibliotecas populares con parte de la recaudación por el impuesto a las entradas de espectáculos, sobre los videogramas y a los servicios de comunicación audiovisual y del gravamen de emergencia a los premios de los juegos y concursos deportivos.

El debate se convirtió en un duelo entre quienes defendieron la iniciativa como forma de fomento a la cultura y las quejas de los senadores del interior, sobre todo los de Pro, que rechazaron el texto por considerar que el plazo de 50 años de extensión en su vigencia y, sobre todo, el uso de fondos coparticipables para financiar organismos nacionales y una industria concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires viola la Constitución Nacional.

“Sí a la cultura, no a las asignaciones arbitrarias, a las asignaciones específicas que atropellan el federalismo fiscal”, afirmó Alvarez Rivero (Pro), quien denunció que con esta ley “quieren puentear por 50 años recursos que se generan en las provincias”. En la misma línea se manifestó el jefe de la bancada macrista, Humberto Schiavoni (Misiones), quien destacó que la prórroga por 50 años “desvirtúa la letra de la Constitución”. Y agregó: “Tiene que haber una revisión integral, sobre todo del plazo y de la administración de los recursos, que claramente tienen que estar en manos de las provincias, y acotar los gastos burocráticos”.

Las quejas no sólo se dejaron escuchar en la oposición. Desde el oficialismo alzó su voz Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), quien en un extenso discurso coincidió con las críticas la oposición – “Hacerlo por 50 años pasa a ser un atropello”, dijo–, pero terminó anunciando su voto a favor “por disciplina partidaria”.

Antes de los cuestionamientos, la ley había sido defendida por la presidenta de la Comisión de Educación, la oficialista Cristina López Valverde (San Juan). “La cultura es una dimensión vital de la democracia”, dijo la legisladora. “Debemos trabajar en aras de la democratización de la cultura y de una cultura democrática”, agregó, antes de destacar que la “industria cultural consolida la soberanía cultural”.

Más allá de las diferencias surgidas en el debate, en el cierre del debate la vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), destacó el carácter transversal de la ley, por los aportes de la oposición cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, y la necesidad de que “el financiamiento de la cultura sea una política de Estado”.

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