Senado: el tribunal que se convirtió en la piedra en el zapato de Cristina Kirchner
Se trata de la Cámara Federal de Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz; creada por ley en 2015, la vicepresidenta aún no logra nombrar a sus jueces y la Corte no lo habilita
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LA NACIONGustavo Ybarra
Se convirtió en la piedra en el zapato de Cristina Kirchner. La designación de los tres jueces de la Cámara Federal de la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena no sólo sigue sin aprobarse sino que es motivo de divisiones y enojos al interior del bloque del Frente de Todos que, en parte, explican la inesperada demora que encuentra la vicepresidenta para seguir colonizando la justicia federal de Santa Cruz.
En lo que se anticipaba como un trámite, los pliegos de los jueces nominados iban a ser aprobados en el recinto del Senado en la sesión del 22 de septiembre pasado, la misma en la que, con lo justo, el kirchnerismo le ofrendó a Cristina Kirchner la aprobación de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia a 15 miembros. Sin embargo, el jefe del bloque oficialista, José Mayans (Formosa), sorprendió a todos y en el inicio de la reunión pidió el regreso a comisión de los tres dictámenes.
¿Qué pasó?, le preguntó LA NACION a un veterano senador oficialista que suele mirar casi como un espectador neutral los vaivenes y las preocupaciones políticas de la vicepresidenta y su grupo de seguidores en el Senado.
“Se rebeló el bloque, eso pasó”, respondió. “Algunos se quejaron porque se incluía ese tema mientras otros proyectos siguen sin ser siquiera discutidos en comisión y dijeron que no pensaban votar los pliegos sino se ampliaba el temario. A José [Mayans] no le quedó más remedio que ir a decirle a Cristina que no estaban los votos”, amplió el legislador.
Como lo que realmente interesaba era la ofensiva contra la Corte Suprema, la vicepresidenta dio luz verde para levantar del temario toda cuestión que pudiera entorpecer la ajustada mayoría -al final fueron 36 votos- con la que logró aprobar y girar a la Cámara de Diputados la ampliación del máximo tribunal. “Son los números que tenemos”, habría sido la resignada respuesta de Cristina Kirchner al momento de aceptar el retiro de las nominaciones.
Así, los pliegos de estos tres jueces se convirtieron en otra señal que expone la endeblez de Cristina Kirchner en el control de un Senado en el que cada semana le cuesta un poco más imponer su impronta personal y política. Lejos están los felices días en los que sus órdenes no sólo se cumplían al pie de la letra, sino que se ejecutaban a toda prisa, como ocurrió en los primeros dos años de su gestión en la Cámara alta.
Viejo anhelo kirchnerista
La Cámara Federal de Piedra Buena es un viejo y demorado anhelo kirchnerista. Creada por ley en julio de 2015, el entonces oficialista Frente para la Victoria justificó su constitución en la necesidad de achicar las grandes distancias de la Patagonia, acercando la justicia a la sociedad. Para la oposición, en tanto, el único objetivo era crear un tribunal que le quitara a la Cámara de Comodoro Rivadavia (Chubut) la revisión de las causas que involucraran a funcionarios nacionales con asiento o domicilio en las provincias de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, en particular los militantes kirchneristas o emparentados con la familia de la entonces jefa del Estado.
Pero aquella jugada llegó tarde y fue así como durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri el Consejo de la Magistratura cajoneó los concursos para completar el tribunal, los que se reactivaron con el regreso del kirchnerismo al poder en 2019.
Así, el Poder Ejecutivo “seleccionó” este año de las listas elevadas por el Consejo a los tres postulantes para el tribunal. Todos son o fueron funcionarios, político o judiciales, de la provincia de Santa Cruz.
El postulante más polémico
El más polémico es Marcelo Bersanelli, quien además de juez provincial fue funcionario del Ministerio de Salud en el mandato anterior de Alicia Kirchner y fue concuñado de Máximo Kirchner.
Sus lazos con la familia de la vicepresidenta no terminan ahí. Hace dos años acompañó a Cristina Kirchner en una diligencia judicial ordenada por el ya fallecido juez federal Claudio Bonadio.
Los otros dos postulados son Carlos Borges y Nelson Sánchez, también jueces en Santa Cruz. En el caso del primero, este 2022 apunta a convertirse en el año más importante de su vida: su acuerdo como camarista se sumará a la jura, en julio último, como juez de Recursos de Circunscripción de Caleta Olivia.
En el kirchnerismo aseguran que los pliegos serán aprobados en la próxima sesión, ahora con los nuevos dictámenes firmados en un trámite exprés por la Comisión de Acuerdos.
Sin embargo, en el bloque oficialista hay quienes insisten en que es un gasto de energía inútil nombrar jueces para un tribunal que no está habilitado por la Corte Suprema.
De hecho, ni siquiera tiene un lugar físico donde funcionar. A fines de agosto último la partida de $17,5 millones para comprar un predio donde construir el edificio en Piedra Buena fue bloqueada por la oposición en el Consejo de la Magistratura, a pesar del pataleo de los consejeros kirchneristas.
Al final, lejos de la mirada indiscreta del periodismo, hubo acuerdo entre oficialismo y oposición y se incluyó una partida, aunque ya no para comprar sino para alquilar una sede para el tribunal.
No obstante, esto no cambia mucho el panorama. Para que pueda funcionar, el tribunal necesitará de la luz verde de la cabeza del Poder Judicial. “La Corte nunca lo va a habilitar”, advirtió un consejero que conoce los pormenores de la sorda guerra política que vienen sosteniendo Cristina Kirchner y los cuatro jueces del tribunal que conduce Horacio Rosatti.
Por Gustavo Ybarra
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