Senado: el kirchnerismo le dio acuerdo a Daniel Bejas, exapoderado del PJ tucumano, para la Cámara Nacional Electoral
Con un debate político que tuvo a la igualdad de género como telón de fondo, la mayoría oficialista del Senado le dio acuerdo al juez federal Daniel Bejas, de estrecho vínculo con el poder político en Tucumán, como vocal de la Cámara Nacional Electoral, tribunal que se encuentra incompleto desde el fallecimiento de Eduardo Munné, en enero de 2016.
La designación fue rechazada por la oposición con cuestionamientos a la independencia del candidato y con duras críticas al presidente Alberto Fernández por haber impulsado la designación de Bejas en detrimento de Alejandra Lázzaro, secretaría del tribunal que había obtenido el mejor puntaje en el concurso del Consejo de la Magistratura.
"Esta es una discriminación selectiva que afecta al colectivo de las mujeres y no solo a la candidata", sentenció Luis Naidenoff (UCR-Formosa), presidente del bloque de Juntos por el Cambio, quien responsabilizó al Poder Ejecutivo por haber dejado pasar la oportunidad de designar a una mujer en la máxima instancia electoral judicial del país.
La réplica oficialista estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien acusó a la oposición de "manosear la cuestión de género" para ocultar otros intereses.
"Acá lo que estamos discutiendo no es una cuestión de género. Lo que estamos discutiendo es un interés partidario sobre la Cámara Nacional Electoral", afirmó la senadora, en alusión al interés demostrado por el radicalismo, durante el gobierno de Mauricio Macri, por la postulación de Lázzaro.
En un gesto que llamó la atención, el rionegrino Alberto Weretilneck, habitual aliado del oficialismo, se abstuvo de votar el pliego de Bejas.
Tras la muerte de Munné, la Cámara quedó integrada por los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. Una vez promulgada su designación en el Boletín Oficial, el tribunal quedará completo con la jura de Bejas.
Exapoderado del PJ
El nuevo integrante de la Cámara Nacional Electoral tuvo a su cargo el juzgado federal 1 de la capital tucumana, cargo con competencia electoral para el que fue propuesto por Cristina Kirchner en 2011.
Además de la cuestión de género, el radicalismo impugnó a Bejas por su falta de imparcialidad para ocupar el cargo.
"Lo que nos dice a nosotros que no va a ser independiente ni imparcial es la historia del juez", afirmó Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán), quien también destacó que Bejas ocultó en su currículum su pasado como apoderado del PJ tucumano.
Entre los casos que explicarían su parcialidad, la legisladora recordó que Bejas se negó a tomarle declaración indagatoria al entonces jefe del Ejército César Milani en la causa por la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo.
Recordó, además, que sobreseyó al actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en una causa por enriquecimiento ilícito cuando era ministro de Salud de la Nación del gobierno de Cristina Kirchner, "sin pedirle ni siquiera la justificación del incremento patrimonial" que surgía de su declaración jurada. Bejas también es cuestiono por su relación como apoderado de las empresas del exgobernador de Tucumán José Alperovich.
El jefe del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), defendió la idoneidad de Bejas, a quien calificó como "una persona impecable" en el ejercicio de la magistratura, tras lo cual recordó el silencio de Juntos por el Cambio cuando Macri tuvo la oportunidad de nominar dos jueces para la Corte Suprema y no eligió a una mujer. "El problema es el antiperonismo", concluyó el líder de la mayoría oficialista de la Cámara alta.
Otras noticias de Cambios en la Justicia
Más leídas de Política
"Guardia pretoriana". Preocupación en los intelectuales por la idea de crear “un brazo armado libertario” para defender al Gobierno
Análisis. Milei, entre Lula y el Gordo Dan
Está en la cárcel de Paraná. Detuvieron a Urribarri, exgobernador de Entre Ríos condenado por corrupción
Polémica. Un diputado libertario impulsa un proyecto que prohíbe el cambio de género a condenados y menores de 18 años