Senado: el kirchnerismo propone que se pueda recusar a un juez por falta de perspectiva de género o discursos “de odio”

En lo que se anticipa como un nuevo frente de conflicto con la Justicia, el kirchnerismo se prepara para avanzar en el Senado con el tratamiento de un proyecto de ley que busca establecer la presunta falta de perspectiva de género y el uso de supuestos “discursos de odio” como causal de recusación de los jueces.

La iniciativa fue presentada el año pasado por Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), vicepresidenta de la bancada oficialista y una de las senadoras de diálogo fluido con Cristina Kirchner, y fue incluida la semana pasada de manera sorpresiva para su discusión en la Comisión de Justicia de la Cámara alta, que preside Oscar Parrilli (Neuquén), otro integrante del círculo de confianza de la vicepresidenta. La reunión será este martes a las 16.

En la oposición prefirieron mantener silencio oficial, pero ven en el proyecto un Caballo de Troya que le permitiría a Cristina Kirchner tener una herramienta más para desplazar a los jueces que no son de su agrado en los expedientes por causas de corrupción que la tienen como protagonista.

El proyecto modifica tres leyes: los códigos procesal federal y nacional y la ley de protección integral para erradicar la violencia contra las mujeres. En todos los casos, se establece una específica nueva causal para la recusación de los jueces.

“Si manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género”, establece el artículo uno del proyecto como causal de recusación, que modifica el artículo 55 Código Procesal Penal de la Nación. El mismo texto se lee en el artículo dos, que modifica el artículo 60 del Código Procesal Penal Federal.

La iniciativa prendió luces de alarma en la oposición. En Juntos por el Cambio sospechan que detrás de esta jugada está la mano de Cristina Kirchner y un intento por conseguir jueces y tribunales “más amables”.

“Deben tener listos algunos carpetazos”, deslizó un senador radical, quien recordó el caso de su excompañero de bancada Juan Carlos Marino, que fue denunciado por abuso sexual por una empleada del Congreso. La Justicia demostró que la acusación no tenía sustento, pero en el interín el exsenador por La Pampa perdió su cargo como vicepresidente de la Cámara alta y debió bajar su precandidatura a la gobernación en 2019.

Críticas

Para el legislador radical consultado por este diario, la iniciativa es “un disparate jurídico”. “Todas las causales de recusación de los jueces tienen que ver en relación con la causa, ya sea por alguna incompatibilidad judicial, como la de haber sido fiscal en el mismo expediente antes de ser juez, o por algún interés o relación personal, familiar o económico con algunos de los interesados; ninguna habla de las ideas o pensamientos del magistrado”, precisó.

Una fuente del Poder Judicial sostuvo que la modificación tiene pocas chances de prosperar, aún si consiguiera los votos en Diputados para convertirse en ley, ya que “tiene todos los números para ser declarada inconstitucional”.

“Con esto te pueden inventar cualquier denuncia por maltrato laboral o desenterrar una declaración por alguna cuestión religiosa o política y así correrte de una causa; es ridículo porque, además, con esta causal el magistrado recusado quedaría invalidado para siempre”, explicó.

Los fundamentos del proyecto parecen darles la razón a las sospechas de jueces y legisladores de la oposición. “Los que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que se informa, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones”, sostiene Fernández Sagasti.

En ese sentido, la senadora asegura que “el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso”.

“Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio”, agrega.

Fernández Sagasti se basa en pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que “este Tribunal ha establecido que la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad”.

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