Senado: el kirchnerismo amenaza con voltear las designaciones por decreto de Lijo y García-Mansilla

Como se esperaba, el anuncio del Gobierno de que Javier Milei designará a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia por decreto provocó una ola de críticas en el Senado, donde todavía resuena la advertencia de José Mayans (Formosa) de que el bloque de Unión por la Patria, rechazará el pliego de los postulantes que acepten asumir el cargo sin tener el debido acuerdo que establece la Constitución Nacional.

Al respecto, voceros de la principal bancada de oposición y la más numerosa de la Cámara alta, con 34 legisladores, confirmaron que sigue vigente la amenaza que Mayans le transmitió en noviembre último al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando se presentó a brindar su informe ante el Senado.

Ese compromiso fue ratificado en la reunión que el bloque kirchnerista mantuvo la semana pasada, cuando decidieron no dar quórum para tratar el pliego de Lijo en una sesión que el Poder Ejecutivo quería convocar para el viernes último y de la que tuvo que desistir por falta de numero para conseguir la aprobación del dictamen.

Por lo pronto, cualquier acción que pueda tomar el Senado deberá esperar hasta la semana próxima, ya que el Congreso se encuentra en receso hasta el sábado próximo. Ese día, tal como lo establece la Constitución Nacional, comenzará un nuevo período de sesiones ordinarias y el Parlamento recuperará la facultad de discutir cualquier tema sin necesidad de habilitación por parte del Poder Ejecutivo.

El rechazo de un pliego para juez de la Corte se puede conseguir con un numero poco exigente. Se necesitan 25 senadores, uno más del tercio del cuerpo, para bloquear o impedir que cualquiera de los dos candidatos acceda al tribunal. La barrera más compleja, por el momento, sería reunir el quórum para habilitar una sesión para discutir un tema que el Gobierno intentará evitar por todos los medios.

En el caso de Lijo, el paso parece más sencillo, ya que al tener dictamen de la Comisión de Acuerdos, su diploma podría ser tratado en el recinto de la Cámara alta sin necesidad de forzar su tratamiento sobre tablas, lo que requiere del voto de los dos tercios de los presentes.

Sin embargo, fuentes oficialistas del Senado se mostraban confiados en que Lijo tiene más de 37 votos a favor de su designación, que no estarían dispuestos a habilitar un debate que termine con el rechazo del candidato. Se podría dar la paradoja de que ahora sea el Gobierno el que se niegue a tratar los pliegos después de que intentó llevar el tema al recinto la semana pasada.

A esto se suma el argumento que desde la Casa Rosada hicieron llegar a varios despachos del Senado que sostiene que el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, en el que se ampara el decreto presidencial, le garantiza estabilidad a los designados hasta el 28 de febrero del año próximo, cuando concluirá la próxima legislatura. Según esta visión, que en la Cámara alta se atribuye a García-Mansilla, el Senado estaría impedido de rechazar los pliegos en virtud de la debida garantía de independencia que la Constitución garantiza para los jueces.

En todo caso, el escenario es de total incertidumbre. Mayans sostiene que tiene los 25 votos para rechazar cualquier nominación, aunque miembros de su bancada aseguran que ese número sólo se alcanzaría con el voto en contra de senadores de otros bloques, como la UCR y Pro, ya que el juez federal consiguió romper la unidad de la bancada kirchnerista a partir de sus relaciones con gobernadores y dirigentes peronistas del interior.

Quienes apoyan a Lijo citan como ejemplo de la fractura kirchnerista el hecho de que tres miembros de Unión por la Patria firmaron el dictamen que impulsa su nominación. Ellos son Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan) y Claudia Ledesma, esposa del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. En un despacho de la oposición dialoguista contaban que el juez federal tendría al menos una decena de votos a favor entre las huestes que lidera Mayans.

No sólo el kirchnerismo elevó la voz en el Senado para criticar la designación de los jueces por decreto. El radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) aseguró que, tras la decisión del Poder Ejecutivo, decidió cambiar su voto y también rechazará la nominación de García-Mansilla.

“Me llevo una desagradable sorpresa. Estaba dispuesto a votar a García-Mansilla porque pensaba que reunía los requisitos para ser juez de la Corte, pero con esta decisión me está demostrando lo contrario. Nunca me imagine que el docto García-Masilla iba a aceptar una designación violando la Constitución Nacional”, sentenció Blanco, quien aniticpó que pedirá una sesión especial para rechazar los dos pliegos ni bien comience el período ordinario de sesiones del Congreso.

Por su parte, el exoficialista Francisco Paoltroni (Formosa) dijo que la medida “representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente”.

“Festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente; lamentable”, agregó el legislador, que fue expulsado por orden del asesor presidencial Santiago Caputo del bloque de La Libertad Avanza precisamente por su abierta oposición pública a la nominación de Lijo para el máximo tribunal,.

También cuestionó la jugada del Poder Ejecutivo la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro). “Es una decisión oportunista y peligrosa contraria al espíritu de la Constitución que pide búsqueda de consensos”, opinó la legisladora en declaraciones a LA NACION.

“Si bien es legal la herramienta, en este contexto genera una falta de legitimidad democrática, tiñe la credibilidad de esos jueces y produce un debilitamiento de la independencia judicial, están a tiro de decreto o de un rechazo en el senado. ¿Cuál es la certeza y estabilidad jurídica que dan fallos de una Corte que en un año pueden ser removidos? O, peor. ¿,Qué pasa si el Senado en un mes los rechaza? Todo esto daña brutalmente la institucionalidad del sistema”, concluyó Tagliaferri.

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