Senadores kirchneristas amenazan con trabar el presupuesto y los gobernadores del PJ exigen más fondos
Cada vez es más fuerte la sospecha de que los seguidores de Cristina Kirchner repetirán la actitud adoptada con el acuerdo con el FMI; las provincias reclaman mayores subsidios al transporte y la energía; el titular de la Comisión de Hacienda negó que el peronismo busque trabar la iniciativa
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Mientras los diputados discuten el dictamen, los senadores oficialistas empezaron a levantar su voz reclamando modificaciones en el proyecto de ley de presupuesto 2023, con el aumento de subsidios energéticos para las provincias del norte y al transporte público de pasajeros del interior como punta de lanza de los pedidos que quieren que sean tenidos en cuenta por la Cámara baja.
La necesidad de cerrar todos los frentes posibles de conflicto no es un tema menor para el ministro de Economía, Sergio Massa, si se toma en cuenta que en la Cámara alta el Frente de Todos responde sin cortapisas a la voluntad política de Cristina Kirchner. Pesa el antecedente del rechazo del sector kirchnerista al acuerdo con el FMI.
Por eso, en algunos despachos oficialistas no descartaban la semana pasada la posibilidad de que se registraran “conatos de rebelión” que pudiera entorpecer o demorar la sanción del presupuesto 2023 en el Senado, aun cuando el texto salga de Diputados con el aval de Juntos por el Cambio, que ya impuso condiciones para aportar sus votos.
Es que a los tradicionales pedidos de mayores fondos y de obras públicas de las provincias se le podría sumar el ruido de la interna del Frente de Todos y la molestia creciente en el kirchnerismo con algunas de las medidas adoptadas por Massa, quien reconoció ante los diputados el día que presentó el proyecto que este presupuesto respeta los compromisos asumidos con el Fondo. Esa misma noche, la vicepresidenta lanzó por Twitter el primer el reclamo contra el ministro, pidiendo un mayor control de precios para combatir la inflación.
Los pedidos de los senadores iban a ser trasladados a la Cámara baja por el jefe del interbloque de senadores oficialista, José Mayans (Formosa), quien se encontraba recopilando las demandas cuando lo sorprendió el problema de salud que obligó a hospitalizarlo la semana pasada. Esto demoró el trámite. No obstante, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el peronista Ricardo Guerra (La Rioja), estuvo en contacto toda la semana con su par de Diputados, el ultrakirchnerista Carlos Heller.
“Frente a inapropiados artículos periodísticos desmiento categóricamente que nuestro sector esté amenazando con rechazar el presupuesto”, escribió Guerra este domingo en un hilo de tuits en el que reconoció el trabajo conjunto con sus pares de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el presidente de Presupuesto y Hacienda del Senado no es integrante del sector kirchnerista de la bancada oficialista.
Frente a inopinados artículos periodísticos, desmiento categóricamente que nuestro sector esté amenazando con rechazar el #Presupuesto para el ejercicio 2023 https://t.co/lWiR7svRER
— Ricardo Guerra (@RicardoGuerraLR) October 16, 2022
El diálogo entre los legisladores oficialistas de ambas cámaras cuando se discute el presupuesto es moneda corriente. Forma parte de la estrategia para acelerar el trámite de la iniciativa, buscando que lo que apruebe Diputados –se estima que este año sería en la última semana del corriente mes– no tenga que ser modificado en el Senado.
Si se cumple el cronograma acordado por los líderes parlamentarios de Diputados, la iniciativa redactada por Economía estaría aterrizando en la Cámara alta en la primera semana de noviembre, cuando el Frente de Todos pretende comenzar un breve tratamiento en comisión para sancionarlo, a más tardar, antes del comienzo del Mundial de Fútbol de Qatar. De que los pedidos formulados por las provincias sean atendidos en Diputados dependerá la velocidad con la que el presupuesto 2023 se convertirá en ley.
Más fondos
El de los subsidios es un tema espinoso en el presupuesto 2023, en particular el pedido de las provincias por un aumento en el aporte que el Estado nacional destina al transporte público de pasajeros. De hecho, por esta cuestión la semana pasada hubo un paro de 48 horas del sector en el interior del país.
Más aún, el reclamo unifica a oficialismo y oposición, que durante el debate en comisión de Diputados del proyecto coincidieron en exigir que se eleven a $100.000 millones los $66.000 millones presupuestados por Economía.
El pedido fue rechazado por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, quien destacó la reducción de subsidios para el transporte del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ratificó que el incremento en la partida global para el año próximo está supeditada a la implementación de la tarjeta SUBE.
Otra partida que los senadores oficialistas quieren ver modificada es la de los subsidios a la energía, en particular para las provincias del norte ante el mayor consumo eléctrico en épocas de altas temperaturas. Quieren que la promoción de hasta 450 kilovatios se eleve, al menos, a los 750 kilovatios, como reclamó el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia).
El pedido fue adoptado como propio por el senador oficialista Maurice Closs, también de la provincia mesopotámica. “El caso energético de Misiones debe ser tratado de forma distinta porque somos una provincia electrodependiente y, por tal motivo, más allá de zona fría o caliente, debemos tener volúmenes de energía subsidiados mayores a los que tiene el resto de las provincias”, afirmó el vicepresidente de la Cámara alta.
La queja viene de larga data y fue motivo de la molestia de varios legisladores oficialistas que el año pasado reclamaron un tratamiento similar para sus distritos, cuando Cristina Kirchner motorizó la sanción del proyecto de “zonas frías” que había presentado Máximo Kirchner, el que extendió los subsidios a la energía a vastas regiones del país, sobre todo a comunas del tercer cordón del conurbano bonaerense, bastión político del kirchnerismo.
La disputa promete ponerse caliente. Mucho más cuando varios senadores oficialistas del norte también miran con recelo el costo fiscal que implica la promoción industrial de Tierra del Fuego, de la que gozan unos pocos empresarios amigos del poder y que beneficia a la única provincia gobernada por La Cámpora.
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