Senado: el aumento de las jubilaciones y la amenaza de Milei complicaron las negociaciones del oficialismo por la Ley Bases

Cuando el oficialismo parecía haber reconducido el diálogo con la oposición para avanzar en el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal, esta semana se sumó un nuevo eje de discusión: la recomposición de los haberes jubilatorios. El entrecruzamiento de estos dos tópicos, en medio de un diálogo por demás estresado, amenaza con complejizar los acuerdos. El Gobierno todavía ajusta las clavijas para llegar al mágico número de 37 y, con ello, aprobar en general el paquete de medidas libertarias. Sin embargo, la reacción del Presidente tras la luz verde que le otorgó Diputados al aumento previsional sumó tensión con el Congreso.

“Complica todo”, reconocieron entre los dialoguistas de la Cámara alta. Otros buscaron aliviar el peso de la búsqueda de consensos y catalogaron esta situación como “una piedra más en el camino” que “podría encapsularse”. Más allá del peso concreto, lo cierto es que el inminente ingreso del proyecto que busca mejorar los haberes de los jubilados tendrá un impacto en la ya muy demorada materialización de la Ley Bases.

Tal como sucedió con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 –rechazado por el Senado y aplazada su discusión en Diputados–, la iniciativa previsional podría ser tomada por la oposición como otro activo más de negociación con la Casa Rosada. Se le sumará a la notoria debilidad del oficialismo, presionado por los mercados para mostrar una primera victoria legislativa que contrarreste la concatenación de traspiés. Este jueves, los títulos soberanos de deuda retrocedieron hasta 3% y el riesgo país se afianzó por encima de los 1500 puntos básicos. En plena puja por llegar a acuerdos, los senadores huelen la desesperación del Gobierno y es probable que redoblen la apuesta, sobre todo si persiste la hostilidad presidencial.

“Los kirchneristas aprovechan estos malestares para convencer a los enojados del grupo de los 39″, indicaron en la oposición dialoguista sobre el compendio de legisladores a partir de los que se construyó una mayoría que le arrebató la hegemonía a Unión por la Patria (UP). Este es el número que el oficialismo debería reconstruir para evitar sorpresas durante la sesión prevista para el miércoles próximo. El jueves a la noche Villarruel firmó la convocatoria oficial a la sesión para el 12 a las 10 de la mañana.

La amenaza del veto no ayuda para la concreción de esta tarea. Refuerza la convicción del desprecio oficial por la labor parlamentaria. “El Presidente no puede agredir y después pedir favores”, le marcó hace unas semanas el senador Martín Lousteau (UCR) a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según pudo saber LA NACION, ella coincidió con el porteño.

Por eso, quienes ofician de negociadores oficiales padecen los arrebatos de ira de Milei, que muchas veces desandan un trabajoso camino. En el Senado, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) es uno de los principales aliados de los libertarios en el tejido de alianzas. Este experimentado legislador y exgobernador de su provincia fue clave para la firma de los dictámenes de la Ley Bases y el paquete fiscal, y ahora es una pieza fundamental para construcción de una mayoría que les dé el visto bueno en el recinto. Al igual que el rol que adoptó Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) en Diputados, Romero funge de intermediario con la oposición con la mira puesta en la gobernabilidad.

Desde el Ejecutivo, el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiende puentes con los gobernadores, pesos pesados en la Cámara alta. Desde hace una semana, hilvana reuniones con diferentes mandatarios provinciales para conveniar el traspaso a las provincias de obras públicas a cargo de la Nación. Mantuvo encuentros con Osvaldo Jaldo (Tucumán), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén). Según pudo saber LA NACION, se trata de obras frenadas en una etapa de ejecución avanzada que ahora podrán ser finalizadas por los gobiernos locales.

En paralelo, Francos tuvo que salir a respaldar a su jefe. “La ley [de recomposición de los haberes jubilatorios] tendrá que seguir su curso en el Senado y ver si se aprueba. Si eso sucede, será vetada como anticipó el Presidente”. Acto seguido, el funcionario profundizó la advertencia: “Si el Congreso insiste con los dos tercios de los votos, el Presidente tendrá que recortar en otros lados porque se debe mantener el equilibrio fiscal”. Inaugura así una novedosa forma de hacer política que consiste en el látigo sin billetera.

Este complejo escenario preanuncia una discusión acalorada en el recinto. Esta semana, y después de casi un mes de frenéticas conversaciones para definir la letra chica de las iniciativas impulsadas por Milei, en el Senado reinó una calma inusual. Fueron días de un impasse legislativo, donde todavía hay algunos cabos sueltos. Si bien en el oficialismo aseguran llegar a la mayoría para aprobar los proyectos en general, los acuerdos todavía son endebles y cualquier sutileza puede quebrar este frágil equilibrio.

Para el debate en particular, en tanto, los libertarios apuestan a hacerlo por capítulos y solo analizar el articulado de los puntos más espinosos, como privatizaciones. De hecho, el Gobierno teme perder la discusión por la venta de Aerolíneas Argentinas y todavía conversa con los patagónicos por Ganancias, que buscan blindar los beneficios conseguidos para la región de un posible revés en Diputados.

Con este fin, el oficialismo coordina una reunión de presidentes de bloque para el próximo lunes, donde se pondrán sobre la mesa estos puntos. Es posible que en ese espacio se cuele la discusión previsional, que ya habrá tenido ingreso formal a la Cámara alta. Para tranquilidad del Gobierno, la presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social es la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, de Pro. Una aliada del oficialismo que trabajará en sintonía con la estrategia que dicte el Gobierno. Es probable que apueste a dilatar la discusión, e incluso busque estamparle cambios al proyecto que arribará desde Diputados. Este escenario forzará la revisión de la Cámara de origen y postergará su sanción definitiva. No evitará, no obstante, que la oposición utilice esta situación para llevar agua para su propio molino.

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