Senado: con las nominaciones para la Corte todavía frenadas, la comisión de Acuerdos avanzó para extenderles sus mandatos a dos camaristas federales
Los jueces Jorge Morán y Roberto Hornos buscan un nuevo aval de la Cámara alta para seguir en sus cargos después de los 75 años; defendieron sus postulaciones en una audiencia pública
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La Comisión de Acuerdos del Senado pasó a la firma los dictámenes de dos candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para extender sus cargos de camaristas federales. Se trata de Jorge Morán, de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y Roberto Hornos, de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, dos tribunales con sede en la ciudad de Buenos Aires. Ambos postulantes defendieron en una audiencia pública sus pliegos y respondieron las preguntas de los senadores.
Si bien los dos ya son camaristas, necesitan un nuevo acuerdo para seguir en sus cargos porque pronto cumplirán 75 años y la Constitución Nacional dice: “Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.
Los trámites de Hornos y Morán fueron expeditivos, a diferencia del tratamiento que esta misma comisión le dio a las nominaciones del juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla para sentarse en una de las cinco sillas de la Corte Suprema. Sus pliegos permanecen congelados por todos los bloques a la espera de que el Poder Ejecutivo dé el puntapié inicial para conversar un acuerdo más amplio que involucre otros lugares en la Justicia.
Si bien la firma de los dictámenes de Morán y Hornos todavía no concluyó, es probable que sus nominaciones avancen sin inconvenientes. En lo que va del proceso, no recibieron ninguna impugnación ni observación.
Durante la audiencia que coordinó la comisión de Acuerdos, presidida por Guadalupe Tagliaferri (Pro), los juristas fueron consultados por su opinión sobre el pago del impuesto a las ganancias. Ninguno puso reparos al respecto. Actualmente, sólo son alcanzados por este impuesto los magistrados que ingresaron al Poder Judicial después de 2017.
Pasaron tres semanas desde que Lijo y García-Mansilla defendieron sus nominaciones frente a los senadores. Sin embargo, ninguno logró el aval de la comisión para que sus pliegos puedan ser llevados al recinto. El reglamento del Senado no fija un plazo para la firma del dictamen tras la audiencia y solo menciona que debe ser “a la mayor brevedad posible”. Una definición ambigua que permite dilatar el trámite hasta que no se logren las adhesiones necesarias.
El kirchnerismo, clave para que los candidatos consigan los dos tercios del Senado, se resiste a poner el gancho hasta tanto el Poder Ejecutivo no amplíe la negociación hacia otros lugares. Hay 140 vacantes de jueces federales así como el jugoso rol de Procurador General de la Nación, que lo desempeña de manera interina por Eduardo Casal.
El radicalismo tampoco quiere quedarse afuera de esta conversación. A pesar de que muchos de sus referentes, como la santafecina Carolina Losada, ya se expresaron en contra de la postulación de Lijo, esperan un gesto del Gobierno para introducirse en esta nueva negociación.
La oposición analiza que un acuerdo integral podría destrabar las postulaciones de Milei para la Corte. La opinión pública ya no es ajena a esta discusión y nadie quiere quedar pegado a un acuerdo en el que sobrevuela la idea de una negociación para conseguir impunidad en la Justicia.
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