Senado: con amplio apoyo, avanza el proyecto que prorroga por 10 años la suspensión de desalojos de los barrios de emergencia
El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados obtuvo dictamen de comisión y quedó, así, habilitado para que el Senado lo pueda sancionar en la próxima sesión; había sido cuestionado por la presidenta de Pro
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LA NACIONGustavo Ybarra
En un debate sin estridencias, oficialismo y oposición coincidieron esta tarde en darle luz verde en un plenario de comisiones del Senado al proyecto que extiende por diez años la suspensión de desalojos y expande el universo de asentamientos alcanzados por el régimen de regulación dominial y de mejoras urbanas en más de 5600 barrios populares de todo el país.
Tras la firma del dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, el proyecto quedó en condiciones de convertirse en ley en la próxima sesión de la Cámara alta. La norma original, sancionada en 2018, tenía una vigencia de cuatro años y vence el próximo 28 del corriente.
La prórroga fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados por una abrumadora mayoría, pero le dio pie a la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, para cuestionar a los legisladores de su partido, 39 en total, que habían votado el proyecto.
“Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”, escribió Bullrich en Twitter y abrió una polémica al interior del partido, ya que funcionarios de la administración porteña tomaron el guante y le salieron a contestar.
En el debate de esta tarde, las dos únicas voces del Pro que se alzaron fueron las de José Torello (Buenos Aires) y Guadalupe Tagliaferri (Capital), y ambos apoyaron el proyecto, recordando que el régimen fue votado en 2018, es decir durante el gobierno de Mauricio Macri.
De hecho, Torello se preocupó por destacar en reiteradas oportunidades el origen de la ley cuya vigencia ahora se pretende prorrogar. Y fue más allá al admitir que la propuesta generó desconfianza cuando les fue acercada al entonces gobierno de Cambiemos. “Pero nos hicieron entender de la verdadera necesidad que hay en la Argentina”.
“Esta es una política de Estado que el presidente Macri acompañó y me encanta que esto siga así”, completó Torello, hombre de estrecha confianza del exjefe del Estado, en lo que muchos leyeron como un mensaje dirigido a Bullrich.
El proyecto aprobado por Diputados amplía los alcances de la ley que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) con el objetivo de regularizar la situación de 1,2 millón de familias, más de cinco millones de personas, que viven en barrios de emergencia.
Uno de sus principales objetivos fue registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes y censar a quienes habitan en esos barrios.
Además de prorrogar la suspensión de desalojos, el texto aprobado por la Cámara baja amplía de 4400 a más de 5600 los barrios de emergencia alcanzados por la legislación.
El programa se financió en los últimos años con parte de los recaudado por los impuestos a las grandes riquezas y PAIS. Según confiaron las funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social que expusieron en el Senado, Fernanda García Monticeli y Fernanda Miño, el fondo fiduciario creado con esos recursos llegó a recaudar unos $80.000 millones de los cuales ya se han ejecutado más de $70.000 millones. Respondieron así a una de las inquietudes planteadas por el radical Víctor Zimmerman (Chaco).
El proyecto también declara la emergencia socio sanitaria y ambiental por dos años en los barrios incluidos en el registro. La intención pregonada es la de agilizar los procedimientos administrativos tendientes a regularizar la situación dominial de los habitantes de esas barriadas. También incorpora una perspectiva de género, al darle a la mujer la prioridad para la titularidad de la vivienda.
Por Gustavo Ybarra
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