Senado: aprueban la prórroga de la ley que suspende los desalojos a comunidades indígenas
El debate tuvo cruces tensos en torno a los incidentes adjudicados a la RAM en la Patagonia; el oficialismo aceptó cambios pedidos por la oposición
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LA NACION
En un tenso debate en el que oficialismo y oposición se cruzaron en duros términos en torno a los violentos incidentes en la Patagonia atribuidos a grupos mapuches, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga hasta 2025 el régimen de emergencia territorial indígena.
La iniciativa extiende por cuatro años la suspensión de los desalojos y procesos judiciales por tierras ocupadas hasta que concluya un relevamiento técnico y catastral de los territorios reclamados por comunidades indígenas de todo el país.
Si bien el proyecto fue criticado por la oposición, la mayor parte de Juntos por el Cambio apoyó el texto ante la decisión del oficialismo de aceptar algunas modificaciones. Así, el proyecto fue aprobado por 43 votos a favor, 2 en contra y siete abstenciones.
Esta es la cuarta prórroga de la ley que fue sancionada en 2006. Según aquella norma, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) debió haber concluido el relevamiento en 2010. Quince años después, el trabajo sigue sin completarse.
La ley vigente vence el próximo 23 de noviembre y el oficialismo avanzó con la firma del dictamen al proyecto de prórroga en los primeros días del corriente mes. Sin embargo, los incidentes registrados en Bariloche y El Bolsón adjudicados a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) estallaron antes de que el tema pudiera llegar al recinto.
El debate en la Cámara alta subió de tono tras la fuerte intervención del cordobés Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio), quien calificó de “subversivos” a los mapuches de la RAM y afirmó que votar el proyecto no haría “más que darles excusas para que prosigan con sus actos de terrorismo”.
“La RAM busca crear una nación autónoma y su jefe proclama que la lucha se seguirá profundizando. Con esta ley, dirán que no podrá ser desocupada de ninguno de los terrenos que han ocupado en los últimos tiempos”, agregó.
Fuera de micrófono, el jefe del bloque oficialista, José Mayans (Formosa), interrumpió a Martínez para decirle que la situación no era así, que estaba exagerando.
“¿Cómo que no tiene nada que ver?”, le respondió el cordobés. “El artículo segundo dice que los jueces no podrán actuar a partir de las situaciones de hecho que vienen generando los terroristas”, completó. La postura de Martínez fue apoyada de modo enfático por su comprovinciana Laura Rodríguez Machado (Pro) quien acusó al Frente de Todos de “permitir que se produzcan tomas de tierras y que la Justicia no pueda actuar”.
La réplica estuvo a cargo del oficialista Alfredo Luenzo (Chubut), quien acusó a Martínez de hablar desde el desconocimiento y de estigmatizar a toda la comunidad mapuche por lo que consideró son delitos que debe esclarecer la Justicia.
“Es más grave usar las palabras terrorismo y subversivo, con lo que esto implica para el pueblo argentino”, redobló la apuesta Luenzo, quien adjudicó a “una estrategia electoral de la oposición en alianza con los medios hegemónicos” la repercusión nacional que tomaron los hechos de Río Negro. “Esa es la derecha que quiere instalar el concepto de que con el terrorismo no se negocia”, sentenció.
Según el senador oficialista, “la verdadera ocupación” de la Patagonia “es que hay 5900 registros de propiedades extranjeras, hay 2.600.000 hectáreas en manos extranjeras y hay sociedades extranjeras que no están identificadas a la que no se le puede cobrar el impuesto rural”.
Luenzo también se cruzó con el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), quien había deslizado sospechas sobre la participación en los incidentes de organizaciones terroristas, entre las que mencionó a Sendero Luminoso, cuando pidió la comparecencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por la reacción del gobierno nacional ante los pedidos de ayuda de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.
“Sendero Luminoso está terminado hace décadas. No hay una sola prueba. Esta ley sirve de reparación histórica, no para agitar fantasmas”, agregó Luenzo, mientras Romero le respondía fuera de micrófono.
El salteño finalmente se abstuvo, pero acusó al Gobierno de evadir la realidad. “El problema es la pobreza, el problema es la dirigencia política que no hemos podido bajar la pobreza, no es la solución levantar banderas progresistas para buscar culpables a esta situación”, afirmó Romero.
En un gesto inusual desde que volvió al poder, el kirchnerismo aceptó modificar la iniciativa a pedido de Juntos por el Cambio. Así, se puso una cláusula por la cual el INAI tendrá que brindar un informe anual al Congreso sobre el avance del relevamiento. Fue la condición que puso la oposición para aceptar la inyección de 1200 millones de pesos que en cuatro años recibirá el organismo publico para volcarlo a esta finalidad.
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