Senado: aliada a los dialoguistas, Victoria Villarruel posterga una nueva derrota legislativa del Gobierno

El oportuno giro de los gobernadores radicales, que ahora no quieren aprobar la boleta única de papel, y de la mano del apoyo de los otros bloques dialoguistas la vicepresidenta Victoria Villarruel logró neutralizar, al menos por una semana, la ofensiva opositora en el Senado que pretendía sancionar la ley de financiamiento de las universidades nacionales, que Javier MIlei prometió vetar, y el rechazo definitivo al DNU que inyectó $100.000 millones en fondos reservados a la SIDE que controla el asesor presidencial Santiago Caputo.

“Queríamos evitarle una derrota al Gobierno. No estaban los votos para boleta única y para nosotros ese tema es importante”, afirmaron voceros de Villarruel para explicar la postergación de la sesión para el jueves de la semana próxima. La reunión quedo citada para las 14 y el temario contempla el tratamiento de la boleta única de papel, el financiamiento universitario y el DNU, en ese orden.

El kirchnerismo insistió con que la Cámara alta sesione este jueves para tratar los temas que complicaban al Gobierno, pero se encontró con la negativa del resto de los bloques participantes en la reunión de jefes de bloque celebrada esta tarde, que pidieron una semana más de plazo para tratar de encontrar un acuerdo en torno a la boleta única para llevarlo al recinto junto a universidades y el decreto de necesidad y urgencia.

UP bajará al recinto igual

No obstante, la bancada de Unión por la Patria anunció esta noche que mañana “bajará al recinto” a las 14 para tratar de sesionar. “Esperamos poder contar con la presencia de los otros bloques para poder darle repuesta a todos las universidades del país y ponerle un punto final al despilfarro que hizo este gobierno con los fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia”, comunicó el principal bloque de oposición.

El resultado de la reunión de labor parlamentaria fue tomado como un triunfo para la vicepresidenta que le evitó, así, al Gobierno el duro golpe legislativo que implicaba la sanción de la ley que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar por inflación el presupuesto universitario y la caída definitiva del DNU de inteligencia, que ya fue rechazado por la Cámara baja hace dos semanas.

El acuerdo que cerró el recinto de la Cámara alta por segunda semana consecutiva fue alcanzado por Villarruel con representantes de los bloques dialoguistas minutos antes de que se realizara el encuentro de jefes de bloques. Allí quedó en claro que no había acuerdo para destrabar el proyecto de ley que instaura el uso de la boleta única de papel por divergencias de última hora.

Desde la vicepresidencia aseguraron que fueron varios los bloques que plantearon diferencias con el texto que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. Sin embargo, según pudo saber LA NACION, son los gobernadores radicales quienes ahora parecen no querer saber nada con el uso de la boleta única. Un giro copernicano desconocido hasta el momento.

De acuerdo a esas fuentes, fue Gustavo Valdés (Corrientes) uno de los que habría manifestado su oposición a que avance el proyecto que elimina el uso de la boleta partidaria. El argumento que habría esgrimido es que la papeleta única complicaría las elecciones para gobernador que celebrará la provincia del año próximo, en un distrito que tiene un complejo sistema electoral con infinidad de pequeñas agrupaciones que se favorecen con el sistema de empalme de listas.

La boleta que se usa ahora es la partidaria, por la cual cada fuerza política recibe fondos del Estado para imprimir las papeletas para distribuir entre sus votantes, durante la campaña, y proveer el día de la elección en los puntos de sufragio.

El instrumento es clave en muchas de las maniobras que vulneran la voluntad popular en las elecciones, como su uso en el denominado voto cadena, y también era una fuente de erogación de fondos públicos, que debía financiar la impresión de varios padrones electorales para que los partidos puedan usarlos como parte de su campaña y en los días de las elecciones. Esto dio lugar a la proliferación de listas, sobre todo en las primarias, que reunían apenas unos pocos centenares de votos pero que hacen un gran negocio con la facturación de la impresión de boletas.

El proyecto que ahora quedó cuestionado fue impulsado por Villarruel y obtuvo dictamen de comisión en enero. Pero en una jugada de último momento, el kirchnerismo, que se negaba en redondo a aceptar la boleta única, se sumó a una propuesta alternativa planteada por los senadores de fuerzas provinciales Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Caros Arce (Frente Renovador de la Concodia de Misiones).

Por tratarse de una ley electoral, la Constitución exige una mayoría especial de mitad más uno del total de miembros del cuerpo para su aprobación, que en el caso del Senado son 37 votos. Así, el tema quedó empantanado ya que el Senado quedó parrtido en partes iguales, con 36 votos por lado a favor de cada iniciativa.

La propuesta de la rionegrina y el misionero apoyaba la boleta única, pero según el sistema que se aplica en Santa Fe, con una papeleta por cada duna e las categorías en juego en la elección. El proyecto que había aprobado Diputados impulsaba el método que se aplica en Córdoba, en el que todos los candidatos de todas las categorías están en una única papeleta.

Tras varios meses de dormir en un cajón, en las últimas cinco semanas el Gobierno decidió reactivar el tema e inició negociaciones para tratar de destrabar el debate. Para hacerlo, aceptó dos de las exigencias de las fuerzas provinciales, la eliminación del casillero que con una sola marca permite votar a todos los candidatos de un partido o alianza (conocido como tilde de lista completa), y que los nombres de las fuerzas políticas estuviera más visible en las papeletas.

Parecía que todo marchaba sobre ruedas, pero en las últimas horas los gobernadores radicales cambiaron de opinión y decidieron quitarle su apoyo a la iniciativa. Desde la vicepresidencia prometen trabajar para tratar de vencer el nuevo obstáculo. Tienen una semana para, al menos, evitar que la próxima sesión sea sólo de malas noticias para la Casa Rosada.

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