Senado: a días de perder la mayoría, el kirchnerismo quiere modificar la ley de consulta popular

Con el indudable objetivo de establecer un sistema de democracia directa, que podría servir para presionar tanto a la oposición como al gobierno de Alberto Fernández del que forma parte, el kirchnerismo presentó en el Senado un proyecto de ley que relaja las mayorías necesarias para impulsar la realización de consultas populares.

La iniciativa lleva la firma iniciadora de Oscar Parrilli (Neuquén), presidente del Instituto Patria y uno de los brazos ejecutores en la Cámara alta de las órdenes de Cristina Kirchner.

El texto modifica la ley 25.432 que reglamentó la consulta popular, sancionada en junio de 2001, y elimina la obligación de conseguir en cada cámara legislativa en el voto afirmativo de la mayoría absoluta (mitad más uno de sus miembros) para sancionar una ley convocando a consulta popular.

Según explica Parrilli en los considerandos de la iniciativa, las exigentes “mayorías adoptadas al sancionarse esta ley redundaron en la imposibilidad de convocar a Consulta Popular”.

En el caso de las consultas vinculantes, la iniciativa mantiene las restricciones constitucionales en cuanto a que no podrán ser sometidos este procedimiento proyectos de ley que requieran de mayorías especiales para su sanción o su trámite legislativo deba comenzar en una determinada Cámara.

Así, el proyecto no permitiría forzar la sanción de iniciativas sobre temas tan delicados como el arreglo de la deuda, cuestiones presupuestarias o electorales.

Sin embargo, el texto elimina esa restricción constitucional para el caso de las consultas no vinculantes, al establecer que podrán ser convocadas para tratar “todo asunto de interés general para la Nación”. Con esta nueva redacción que propone Parrilli para el artículo 6 de la ley 25.432, cualquier cuestión podría ser sometida a consulta no vinculante. Cabe recordar que, en este caso, el voto no es obligatorio.

La propuesta del kirchnerismo también elimina la prohibición de convocar a consulta popular el mismo día que se realiza otro acto eleccionario.

“La reciente experiencia en la ciudad de Berlín, en la cual en forma simultánea con la elecciones federales se sometió a consulta pública la expropiación de 243.000 departamentos en poder de grandes inmobiliarias, con el objetivo de frenar un fuerte incrementos en los alquileres de esa ciudad alemana, nos llevan a la convicción de poner en marcha los mecanismos que la Reforma Constitucional de 1994 y la Ley 25.432 crearon, empoderando y haciendo participar a la ciudadanía de las decisiones que marcarán su futuro”, sostiene Parrilli para justificar el cambio.

La intención del oficialismo es acelerar la aprobación del proyecto en el Senado. El apuro tiene una clara explicación: el próximo 10 de diciembre Cristina Kirchner perderá la cómoda mayoría de la que goza hoy. Tras las elecciones del último domingo el bloque del Frente de Todos caerá de los 41 miembros actuales a 35, es decir dos por debajo de los 37 presentes que forman quorum para iniciar una sesión y la mayoría absoluta que exige la Constitución para reglamentar el instituto de la consulta popular.

Todo indica que la iniciativa sea despachada en los próximos días en la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuya presidenta es la kirchnerista María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), quien no logró renovar su banca en estas elecciones y es una de las cofirmantes del texto.

Sin embargo, la sanción de la ley es una incógnita. El oficialismo está lejos de conseguir en la Cámara de Diputados esa mayoría absoluta (129 votos positivos) que exige el artículo 40 de la ley fundamental. No obstante, con la extensión del período de sesiones ordinarias hasta fin de año, la bancada que conduce Máximo Kirchner tendrá algo más de tiempo para tratar de bordar algún acuerdo que permita convertir en ley la iniciativa.

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