Semana clave en el Congreso: las tres amenazas que enfrenta el Gobierno y que podrían alejar más a Milei de Villarruel

Los desaires y desautorizaciones públicas de la mesa chica presidencial hacia Victoria Villarruel profundizan las complejidades parlamentarias del oficialismo, que esta semana podría sufrir un triple revés en el Congreso. El viernes pasado, la vicepresidenta fue corrida de un acto con las Fuerzas Armadas –de su especial interés– y ello supuso un punto de quiebre en la relación con Javier Milei, que necesita de su excompañera de fórmula para manejar los hilos del Senado.

La situación escaló en la antesala de una semana determinante para el oficialismo, que deberá sortear el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024 –por el que se aumentan los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)–, evitar un dictamen desfavorable de la audiencia pública que evaluará la idoneidad del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, y dilatar la sanción definitiva del proyecto que busca recomponer los haberes jubilatorios.

La interna entre el Presidente y su vice afecta la agenda oficialista en el Congreso por dos vías. No solo destruye los acuerdos que Villarruel supo tejer con la oposición para ordenar el funcionamiento de la Cámara, sino que para subsanar estas desprolijidades la titular del cuerpo se ampara en el apego irrestricto a la institucionalidad, en general perjudicial para los intereses libertarios.

El pliego de Ariel Lijo

El primer escollo que deberá superar el oficialismo será la impugnación de propios y ajenos a la nominación de Lijo para integrar el máximo tribunal de Justicia. Este lunes por la tarde, el senador libertario Francisco Paoltroni organizó una reunión de la que participaron organizaciones y referentes judiciales que están en contra del pliego del juez federal. El evento, que el formoseño coordinó junto con la extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico, se llevó adelante en el Salón Azul del Senado.

El coqueto lugar, con una ubicación central en el Palacio Legislativo, está bajo el dominio de Villarruel, quien dio el aval para su utilización. “Cada senador tiene derecho a la utilización de los salones y no se cuestiona las actividades que realizan”, dictaminan cerca de la titular del cuerpo. No obstante, es más que usual que los encuentros con agendas contrarias a los intereses del oficialismo se permitan en salas poco ventiladas de las dependencias anexas.

La conferencia de Paoltroni servirá como antecedente de la audiencia pública prevista para el miércoles, donde Lijo deberá exponer su defensa frente a los miembros de la Comisión de Acuerdos, que deberán aceptar o rechazar su postulación. Si se logra un aval, este despacho deberá superar luego el ripio del recinto con al menos dos tercios de los presentes. Una mayoría que, por ahora, el Poder Ejecutivo no tiene garantizada.

La vicepresidenta se mantiene al margen de esta batalla. Si bien dijo que le hubiese gustado que se respete la paridad de género y mencionó su desacuerdo respecto de la forma en que Lijo obró en la causa que investigó el asesinato de José Ignacio Rucci –resolvió que no fue un delito de lesa humanidad–, no obstruyó la búsqueda de votos. En la recta final de este proceso, ¿podría hacer un pronunciamiento público al respecto? Hay quienes dicen que lo considera, mientras que su entorno más cercano lo niega.

Bicameral de Inteligencia

El Gobierno tratará este miércoles de evitar en Diputados el rechazo del DNU que incrementa $100.000 millones los gastos reservados de la SIDE. La estrategia del oficialismo es aplacar los ánimos de impugnación de la oposición a través de la puesta en funcionamiento, este martes, de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Organismos y Actividades de Inteligencia, donde se ejercerá el control de dichos fondos. Para ello se deberán designar a sus autoridades, una discusión obturada por las constantes fricciones entre Milei y su vice.

Villarruel apuesta a cumplir su palabra con el macrismo, que postula al senador Martín Goerling Lara. Fue parte del compromiso que asumió la vicepresidenta en el acuerdo parlamentario inicial que le dio la mayoría circunstancial para nombrar las autoridades de la Cámara. El asesor presidencial Santiago Caputo desconoce este pacto y propone, en cambio, al senador peronista Edgardo Kueider, de Unidad Federal. Como ninguno cuenta con el aval de sus pares para hacerse con la conducción, apareció una tercera opción, mucho más nociva para el Gobierno: la del radical Martín Lousteau, quien podría ser acompañado por los seis kirchneristas, claves para destrabar la discusión.

Pro, en tanto, podría abandonar su traje de aliado si este acuerdo no se cumple. Otro revés para el oficialismo que, sin el bloque macrista, contará con una magra cosecha de 38 diputados y solo siete senadores.

Reforma previsional

El incremento de los haberes jubilatorios tuvo dictamen del plenario de comisiones a principios de agosto y ya está en condiciones de ser discutido en el recinto. Fue acompañado por radicales, kirchneristas y referentes de fuerzas provinciales. El oficialismo y el Pro, en tanto, se opusieron.

Esta iniciativa desafía el equilibrio fiscal de Milei, punto nodal del proyecto libertario. Fija una recomposición del 8,1% de inflación correspondiente al mes de enero que no fue incluida en la actualización que el Presidente determinó por decreto, en abril. Sumado a esto, define al Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones, que deberán estar por encima del valor de la canasta básica de alimentos. Además, crea una cláusula gatillo anual que se aplicará automáticamente siempre que los salarios hayan subido más que la inflación y será del 50% de esta diferencia. Por último, exige que en un plazo de seis meses el Poder Ejecutivo salde las deudas con las 13 provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional y cumpla las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados.

Frente a la abrumadora mayoría que respalda la propuesta, la estrategia del oficialismo fue dilatar su discusión. De hecho, la vicepresidenta consiguió postergar una semana su llegada al recinto y propiciar una ventana de tiempo para que José Rolandi, vicejefe de Gabinete, y María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico, puedan consensuar cambios que devuelvan la iniciativa en una segunda revisión a la Cámara baja. Según pudo saber LA NACION, la posibilidad de que esta movida prospere es remota.

Esta semana, la estrategia dilatoria del Gobierno se agotó. Si bien aún no se cursó la convocatoria oficial, es altamente probable que el jueves se celebre una sesión ordinaria para discutir la reforma previsional que llegó de Diputados. “Siempre dijimos que queremos que el Senado funcione”, sentenció un colaborador de Villarruel, para hacerle frente a las factibles críticas de la Casa Rosada.

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