Seis diputados de La Libertad Avanza visitaron a Astiz y a otros represores en la cárcel de Ezeiza y desataron una crisis en el bloque
El entrerriano Benedit Beltrán organizó el encuentro entre los legisladores y los exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad; afirmó que “les inventaron” las pruebas
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Seis diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) visitaron el jueves pasado el penal federal de Ezeiza y se reunieron con represores detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Se trata de los legisladores Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo, quienes mantuvieron un encuentro con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti.
“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a LA NACION.
El mensaje telefónico de Benedit contiene, además, una suerte de autocuestionario que defiende sin tapujos a los detenidos, niega los crímenes probados por la Justicia y rechaza algunos consensos básicos alcanzados en democracia. “¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. ¿Los cargos han sido probados? No, muchos son inventados”, señala uno de los fragmentos. Y subraya: “Vamos a hacer un escrito que dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”.
“¿Les duela la visita humanitaria? Sí. ¿Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas? Sí”, continúa Benedit, que suma al presidente Javier Milei a su posicionamiento. “¿El Presidente combate en la política esta ideología? Sí. ¿Cuál es su última guarida? ¿El Poder Judicial? Sí. ¿Los vamos a combatir? Sí. ¿Cómo? Denunciando públicamente a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa. ¿Cómo? En el Consejo de la Magistratura?”.
Algunos de estos legisladores no sabían que iban a encontrarse con exrepresores condenados, según averiguó LA NACION. La convocatoria de Benedit, explicaron fuentes libertarias, se trató de una “visita humanitaria a personas apresadas injustamente”.
En paralelo, otros integrantes del bloque que no participaron de la convocatoria se lamentaron por lo bajo de esta visita y trataron de matizar la noticia. “Fue una visita a la cárcel en general, no a una persona en particular”, señalaron.
Tras conocerse esta noticia, la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA- A) repudió la visita y catalogó los hechos como un “desprecio por el pueblo argentino”. También hubo un fuerte rechazo por parte de agrupaciones de derechos humanos y de organizaciones de familiares desaparecidos en la dictadura militar.
En la misma línea, la UCR también cuestionó el accionar de los libertarios y lo catalogaron como “una afrenta a las víctimas, sus familiares y a todo el pueblo argentino”. El partido que preside el senador Martín Lousteau publicó esta tarde en sus redes sociales un texto en el que advierten que “deberían tener conciencia que visitar a genocidas y la charla amena con quienes violentaron los derechos más básicos de la ciudadanía es una afrenta a víctimas, familiares y a todo el pueblo argentino que decidió hace 40 años vivir en democracia y al amparo de la Constitución”.
Astiz está condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la ex-Esma. Fue considerado por el Tribunal Oral Federal N°5 coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por ser funcionario público durante la última dictadura militar. En la ESMA funcionó la mayor cárcel ilegal de la dictadura que gobernó al país entre 1976 ya 1983 y se calcula que por allí pasaron unas 5000 personas que en su mayoría integran la nómina de desaparecidos.
El mismo tribunal condenó en 2011 a prisión perpetua a Ricardo Cavallo, que integró el Grupo de Tareas 3.3.2. Su condena fue ratificada por la Casación en 2014.
El ex agente de inteligencia del Ejército Guglielminetti, en tanto, fue condenado a 25 años de prisión, junto con otros ex jefes militares y policiales, por haber cometido delitos de lesa humanidad durante su paso por los centros clandestinos de detención conocidos como Atlético, Banco y Olimpo. Guglielminetti fue sentenciado por el Tribunal Oral Federal N° 2 por los delitos de tormentos a Enrique Basile y privación ilegítima de la libertad de 68 prisioneros, algunos de ellos torturados.
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