Segunda ola de Covid y el dilema de la oposición: ¿Consensuar con el kirchnerismo o someterse a él?

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El peronismo en el poder es hijo de los hechos consumados: nunca negocia, a menos que se encuentre débil o que lo necesite por alguna emergencia y este es el caso.

Alberto Fernández dijo: “No podemos diferenciarnos en medio de la pandemia”. El problema es que él, en un extraño caso de disociación al estilo doctor Jeckyll y Mr. Hyde, se diferencia todo el tiempo y en la misma frase, dos segundos después, pide consensos. Cachetea a la oposición y después le pide amor, todo al mismo tiempo.

En la misma semana el Gobierno acusó a la oposición de negarse a terminar casas en barrios vulnerables por “odio”, de festejar la cantidad de muertos, de “covidiotas”, un término aprobado por la Real Academia Española para criticar a los que cuestionan las medidas restrictivas y que el jefe de gabinete de Kicillof aplica, por ejemplo, a las familias de clase media que defienden la presencialidad en las escuelas.

Hoy es políticamente correcto decir que hay que mostrarse unidos para consensuar medidas frente a la segunda ola del Covid, pero: ¿qué pasó el año pasado, cuando se unieron y consensuaron? ¿Fue buena la estrategia de la cuarentena eterna? ¿Fue bueno cerrar las escuelas un año? ¿Fue un consenso o un sometimiento de Larreta al kirchnerismo?

La oposición está en un problema porque solo es llamada cuando el Gobierno la necesita y después le pasa lo que le pasó a Larreta que, mientras creía que estaba consensuando, le metieron la mano en el bolsillo a la Ciudad y le quitaron fondos de la coparticipación.

En esa dinámica, la oposición corre el riesgo de caer en la trampa de la mujer golpeada, que primero es seducida y después golpeada. Y a veces aniquilada.

Con consenso o con disenso, la Argentina ya tiene un bochazo en la gestión de la pandemia. Según el sitio Bloomberg, es la Argentina es uno de los peores países donde pueda pasarse la pandemia. En el ranking de resiliencia, Bloomberg ubicó a la Argentina en el puesto 51 sobre un total de 53 países, solo superado por Polonia y Brasil.

Como cuenta Jaime Rosemberg en LA NACION, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires están intercambiando mensajes para intentar llegar a “los mayores acuerdos posibles” antes de que pierda vigencia el DNU que firmó Alberto Fernández hace 15 días.

El Presidente hablaría hoy para informar sobre las nuevas restricciones. Pero, ¿qué se sabe hasta este momento sobre ellas? Habría una mayor restricción horaria para la actividad comercial: podrían cerrar a las 18 o 19, en lugar de a las 20. De los 73 carriles de ingreso y egreso que tiene la ciudad, se bloquearían y controlarán 23. Este control comienza esa misma noche.

La Ciudad propone suspender la construcción por 15 días y también las actividades de profesionales independientes: eso implicaría quitar de circulación a unas 350 mil personas.

Se darían de baja los permisos para los “esenciales” y habría que tramitar nuevos, con más restricciones.

El conflicto sigue siendo la educación entre Nación y Ciudad. Mientras Nación busca suspender la presencialidad, la Ciudad quiere ir a una bimodalidad en la secundaria.

Pero la incoherencia acá es que el Gobierno restringe por un lado, pero suma por otro porque está estudiando sumar a los piqueteros como “personal esencial” y estudia además otorgarles 70 mil vacunas.

Los datos, de nuevo, muestran que la cosa es al revés: la columna vertebral de la Argentina, si hablamos en términos de contribución a la economía, es la clase media que aporta con sus impuestos a los subsidios que reciben los movimientos sociales. La tasa de trabajo informal, donde se inscriben los movimientos sociales, es casi del 35 por ciento en la Argentina.

Habló Sergio Berni y dijo: las restricciones para enfrentar al coronavirus no pueden ser tibias: “Si yo tuviera que tomar la decisión, ya estaríamos transitando una cuarentena totalmente estricta”.

Cerrar todo tiene un correlato obvio con la falta de vacunas. “Tenemos un problema y se llama AstraZeneca”, admitió finalmente hoy el canciller Felipe Solá: el Gobierno apostó a un empresario amigo del poder, Hugo Sigman. Pagó 60 millones de dólares por 22 millones de dosis, pero esas dosis aún no llegaron y, tal como admitió hoy el canciller, la farmacéutica no brinda “información precisa”.

Tampoco tenemos “información precisa” sobre si el acuerdo con Pfizer –que ahora intenta reflotarse- no se hizo en su momento para dejarle el mercado liberado a este empresario amigo del poder. Tampoco tenemos en claro por qué el gobierno argentino solo contrató 2,5 millones de dosis del fondo Covax de los 25 millones que, según cuenta Joaquín Morales Solá, ese fondo de la organización mundial de la salud le habría ofrecido a la Argentina.

La decisión de Brasil de frenar la importación de la vacuna Sputnik V suma apoyos en el mundo científico. La preocupación de los virólogos radica en el control de calidad de esas dosis.

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