Sebastián Casanello volvió a intimar al Gobierno en la causa de los alimentos retenidos y le contestaron que aportarán los documentos dentro de las 24 horas

El juez federal Sebastián Casanello volvió a intimar al Gobierno a que le entregue los expedientes correspondientes a las compras de la comida acopiada en los galpones de Capital Humano y le recordó además que el fallo de la Cámara Federal, de ayer, le dió un día al ministerio para presentar en el expediente el plan de reparto de esa comida. En respuesta, la cartera que dirige Sandra Pettovello informó esta mañana que cumplirá con todo dentro de las próximas 24 horas.

Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso a la causa.

Hace diez días, Casanello firmó una medida cautelar que incluía tres órdenes al Gobierno: que presentara un plan de reparto de todo lo acopiado (esta intimación fue la que Capital Humano apeló y la Cámara confirmó ayer), que informara el stock completo de los alimentos acumulados y que aportara los expedientes de cada una de las compras.

Este último punto no fue cumplido por el Gobierno, que pidió sucesivas prórrogas, pero hasta ahora no los entregó. Por eso, Casanello volvió a ordenarle ayer que cumpliera dentro de las 24 horas. Se trata de documentación clave para la causa, que tiene como objeto determinar si hubo un delito de parte de los funcionarios públicos acusados de haber violado sus deberes en cuanto al reparto de esa comida. Eso fue lo que denunció Juan Grabois, promotor de esta causa, y lo que buscan saber la fiscal Paloma Ochoa y el juez Casanello.

En los expedientes que está reclamando el juez deben figurar las normas y las razones que justificaron la compra de los alimentos y también el destino para el que se adquirieron. Por eso, es una prueba clave para los investigadores.

En paralelo, Casanello le reclamó a Capital Humano el plan de reparto -que debía poder ejecutarse de inmediato-, basado en la urgencia que implica que esté en juego comida en medio de una grave crisis alimentaria.

Cuando el Gobierno apeló esa decisión del juez, argumentó que implicaba una “intromisión” del Poder Judicial dentro de la esfera de actuación del Poder Ejecutivo Nacional. Alegó que es al Ministerio de Capital Humano al que le compete la ejecución de la política de seguridad alimentaria. Leila Gianni, representante de Pettovello en esta causa, acusó además a Casanello de ser un “juez militante” y dijo, frente a los magistrados de la Cámara Federal, que “ningún juez” le iba a decir al Gobierno cuál debía ser su política alimentaria.

Ante la confirmación de la Cámara Federal de la decisión del juez, Capital Humano informó que presentará todo lo requerido. Firmaron el fallo de ayer los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

El voto del juez Farah fue terminante. El camarista advirtió que si Pettovello no cumplía con lo ordenado “en el plazo de 24 horas de notificada de este pronunciamiento [en referencia al fallo de la Cámara que confirmó la cautelar de Casanello], su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (art. 239 del Código Penal), más allá de comunicar, a la ciudadanía, la traición a los postulados del sistema republicano”. El juez precisó: “Quedará al juez de grado comprobar que la orden sea cumplida en tiempo y forma”.

Farah reafirmó esta instrucción a Casanello: dijo que si el Gobierno desconoce el fallo de la Cámara, él deberá “asumir la obligación de formular la correspondiente denuncia criminal”. También, que tendrá que exhibir “una mayor injerencia”, apelando al auxilio de la fuerza pública para “acceder a la custodia de la mercadería y para su inmediata disposición a través de las entidades que mejor y más rápido sirvan para que los alimentos lleguen a los más necesitados”.

En su voto, Farah dijo además que el Gobierno había elegido “cuestionar la ‘intromisión’ judicial, curiosamente a través de un recurso procesal ante otra autoridad ‘judicial”, y afirmó: “Cabe a esta altura preguntarse ante cuantas instancias ‘judiciales’ está dispuesto el Ministerio a llegar para comprender que es atribución de este Poder del Estado el control de los actos de gobierno cuando las decisiones (u omisiones) afectan derechos de las personas y existen medios disponibles para satisfacer esos derechos”.

Irurzun, en su voto, también respaldó la medida cautelar y advirtió que quedaban alimentos por repartir “cuya caducidad se encuentra próxima”, pero le encomendó además al juez que “ajuste y reencamine la pesquisa de conformidad con el objeto penal denunciado”; es decir, el presunto incumplimiento en los deberes de los funcionarios respecto del reparto.

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