Sebastián Casanello le informó a la Cámara Federal que el Gobierno incumplió la orden judicial de notificarle cómo repartirá los alimentos acumulados
El juez analiza citar al Ministerio de Capital Humano para que dé explicaciones; el plazo para responder venció ayer sin que nadie pidiera una “prórroga o suspensión”, advirtió el magistrado
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LA NACION
El juez federal Sebastián Casanello le informó a la Cámara Federal que el Gobierno incumplió la orden que él le había dado el lunes pasado de que informara cómo planeaba repartir los alimentos acumulados en los depósitos de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y Tafi Viejo, en Tucuman.
Casanello no le hizo pedido alguno a la Cámara, solo le notificó lo que está sucediendo “a los fines que [el tribunal] estime corresponder”.
Si el incumplimiento persiste, es muy probable que el juez cite a algún funcionario para que le de explicaciones, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
El plazo que el juez le había dado al Ministerio de Capital Humano venció ayer, sin que el Gobierno respondiera ni tampoco -destacó Casanello en su nota a la Cámara- “pidiera una prórroga o suspensión” de la medida dispuesta.
Lo que el juez ordenó fue la presentación de un “plan de distribución de los alimentos almacenados en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino”.
El Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, apeló el fallo de Casanello y fue con ese argumento (de que el fallo estaba apelado) que el Gobierno dijo, por vías informales, que no iba a presentar la información requerida por el juez. Sí manifestó públicamente que el Ejército Argentino iba a empezar a repartir los alimentos.
En los tribunales de Comodoro Py advirtieron que lo resuelto por el juez es una medida cautelar que debe ser cumplida aunque se esté discutiendo en la Cámara su procedencia.
El miércoles próximo, la Cámara realizará una audiencia con el Gobierno para tratar el planteo contra la cautelar de Casanello.
El camino del caso
La denuncia que dio origen a este expediente la presentó Juan Grabois contra Pettovello el 5 de febrero pasado. Sostuvo que con la parálisis en la entrega de alimentos se estaban violando las obligaciones contraídas por el Estado en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre y que estaban siendo afectadas muchas personas en situación de extrema pobreza.
La fiscal Paloma Ochoa le pidió al juez que dictara una “medida innovativa” para ordenarle al ministerio de Capital Humano que, en un máximo de cinco días, entregara los alimentos retenidos que están demandando Grabois y todos los inscriptos en el Registro Nacional de Comedores. Pero Casanello no accedió, pero le dijo al Gobierno que dentro de los tres días -plazo que venció ayer- debía presentar al juzgado el plan “preciso” de cómo va a distribuir los alimentos, con la advertencia de que debía ser un plan que se pudiera empezar a implementar de inmediato.
Además, Casanello le pidió al Ministerio de Capital Humano “el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán”. También, los expedientes de compra de cada uno de los lotes de comida.
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