Sebastián Casanello avanza contra Ricardo Echegaray por haber encubierto a Lázaro Báez

Por tercera vez en seis años, el juez federal Sebastián Casanello rechazó los intentos de Ricardo Echegaray y Rubén Ángel Toninelli por cerrar un expediente incómodo para ambos y reafirmó su decisión de continuar con la pesquisa. ¿Qué investiga? Si ambos protegieron al presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, mientras lideraban la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI).

Casanello concluyó que la investigación que lleva adelante desde 2015 no quedó bloqueada por un sobreseimiento con el que su entonces colega, Norberto Oyarbide, benefició a Echegaray y Toninelli poco antes de marcharse de los tribunales de Comodoro Py. Por el contrario, destacó que entre el expediente que tiene en sus manos y el que tramitó Oyarbide existe una “diferencia” que definió como “sumamente significativa”.

Para Echegaray y Toninelli, la decisión del juez Casanello representa un duro traspié, que también afecta los intereses de Lázaro Báez, quien ya arrastra una condena por lavado, y de la familia Kirchner, ya que la investigación tiene ramificaciones que llegan hasta la gestión de la obra pública entre 2003 y 2015.

En su resolución, Casanello dedicó varias páginas a distinguir su investigación de la pesquisa de Oyarbide, consciente de que las defensas de Echegaray y Toninelli volverán a apelar su decisión, como ya lo hicieron en dos ocasiones.

En esas dos oportunidades, Casanello sostuvo que su pesquisa es diferente y procesó a Echegaray y Toninelli por la presunta protección que como titulares de la AFIP y de la DGI le habrían brindado a Báez, encubriendo el fraude fiscal que desarrolló con el apoyo de varias usinas de facturas truchas en Bahía Blanca.

En esas dos ocasiones anteriores, la Cámara Federal porteña apoyó a Casanello, rechazó los planteos defensivos y confirmó sus procesamientos, al punto que el expediente llegó al Tribunal Oral Federal N° 1. Pero luego la Casación Penal revocó la resolución, devolvió el expediente a Casanello y le ordenó precisar mejor el foco de su pesquisa.

Para eso, Casanello se concentró ahora en remarcar qué distingue su expediente, centrado en el presunto encubrimiento de un fraude fiscal, del que tramitó Oyarbide, centrado en el encubrimiento del lavado de activos. Es decir, explicó, dos objetos “completamente escindibles” entre sí.

Eso no es todo, aclaró Casanello, porque en su expediente también se investigó si Toninelli delinquió al volar junto a uno de los hijos de Báez, Martín, en un avión de Báez, con destino a Río Gallegos, sede de las oficinas de Báez, mientras los inspectores de la DGI investigaban a Báez.

Ese vuelo, que ocurrió “casi tres meses después de la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca”, según remarcó Casanello, incluyó a otros dos pasajeros: el hijo de Toninelli –a su vez vinculado a la defensa legal de Báez-, y Jorge López Geraldi, al que Casanello identificó como “ingeniero jefe de la Dirección Provincial de Vialidad” de Santa Cruz.

“No existen dudas que este suceso no fue investigado en las causas 420 y 2.835/2015 [por las que tramitó Oyarbide], y debe ser juzgado, al igual que la responsabilidad de los autores dilucidada”, remarcó Casanello, “y debe tener una adecuada respuesta jurisdiccional, conforme a derecho, ya que la hipótesis sostenida por los acusadores lo exhiben como un grave hecho de corrupción institucional”.

El rol de Oyarbide

Casanello tampoco ahorró críticas a Oyarbide, al que le reprochó que no fijó “certeramente cuál fue el objeto no solo del sobreseimiento dictado […] sino de la propia investigación desplegada”, en la que además observó una “escasa actividad instructoria”. Es decir, que no investigó, pero sí firmó un sobreseimiento genérico que Echegaray y Toninelli invocan como supuesto escudo protector.

Para Casanello sin embargo, “no puede sostenerse que esas resoluciones puedan erigirse seriamente como una primera imputación de los hechos investigados en la presente causa, y menos pretender que luego de ese sobreseimiento exista una barrera impediente para investigar a los imputados por los sucesos que aquí se les endilga”.

Ahora, Casanello confía en haber zanjado de manera definitiva los planteos de “ne bis in ídem” de Echegaray y Toninelli, que sumados al tiempo que lleva cada proceso recursivo ante la Cámara Federal y la Casación Penal, remarcó, “impiden el avance del proceso y, en definitiva, que se juzguen los hechos que aquí se ventilan”.

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