Se reaviva la interna en la Cámara de Casación por las visitas de jueces a Mauricio Macri

Cuando parecía acallada, al menos internamente, la polémica en la Cámara de Casación Penal por las visitas de dos de sus jueces a Mauricio Macri cuando era presidente, el asunto volvió a hacer ruido porque una Comisión de Ética de un organismo internacional de jueces publicó un dictamen sobre el asunto con críticas a la actitud de los magistrados.

El pronunciamiento de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial se realizó luego de que una de las juezas de la Casación, Ángela Ledesma, los puso en conocimiento de la situación.

La polémica se profundizó cuando el oficialismo denunció que los jueces Gustavo Hornos, presidente del máximo tribunal penal del país, y Mariano Borinsky, visitaron a Macri cuando era jefe de Estado en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. A raíz de estas visitas, el Consejo de la Magistratura abrió una investigación sobre la conducta de los dos magistrados.

Ledesma, que promovió sin éxito la renuncia de Hornos como presidente de la Casación, le envió copia del dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial a Hornos y le pidió que lo comparta con sus colegas del tribunal. Para remover al presidente de la Casación son necesarios al menos 7 votos (de 13) y por ahora son solo tres los jueces que están promoviendo esa medida.

La Comisión de Ética judicial no tiene facultades como tribunal, sus dictámenes no son vinculantes para la Justicia y su pronunciamiento es sobre casos en general, dado que “es frecuente la visita de jueces a los más destacados líderes políticos”.

El dictamen fue inspirado en la información que Ledesma compartió con la Comisión acerca de “de altos magistrados penales con asiento en la capital de un país que frecuentan socialmente al Primer Mandatario en reiteradas oportunidades mientras en sus órganos jurisdiccionales se sustanciaban causas donde se investigaba el desempeño de altos funcionarios del gobierno cualquiera que sea su signo, sin apartarse de las mismas y rehusando tal posibilidad”.

La Comisión de Ética Judicial señaló que “en este caso se produce una afectación sensible al principio de separación de poderes y debe considerarse vulnerado por los jueces el principio ético de independencia”.

“También ha quedado afectado el principio de imparcialidad en la medida en que el trato especial de una de las partes puede inspirar temor en los demás justiciables. El hecho de que la cuestión se plantee entre los titulares de las instituciones superiores del Estado tiene una trascendencia extraordinaria para los demás jueces y funcionarios públicos”, escribieron.

“Cualquier juez de quien haya una razón legítima para temer por su falta de imparcialidad debe abstenerse” de intervenir, agregaron desde la Comisión, para reconocer que puede haber reuniones entre jueces y mandatarios pero advertir que “resulta desaconsejable de manera terminante una familiaridad y una regularidad en los intercambios y en la presencia de jueces en los organismos gubernamentales”.

“Se deberán tomar las previsiones requeridas para garantizar la transparencia y publicidad de dichos encuentros y velar para que no se celebren reuniones en privado que puedan generar algún tipo de sospecha”, aconsejaron finalmente.

Los magistrados de Cortes que integran el organismo dijeron que “resulta inadmisible en nuestros días que el juez forme parte del séquito del gobierno y resultan absolutamente contraproducentes las muestras áulicas de obsequiosidad y complacencia que pudieran tener los jueces respecto de otros poderes del Estado”.

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