Se reanuda el juicio oral contra Julio De Vido y José López por el primer caso de corrupción del kirchnerismo
Declararán cuatro testigos de la transportadora de gas del sur contratada por el Estado hace casi 20 años; un audio clave hizo posible que se reactive el expediente
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Se reanuda hoy el juicio oral del caso Skanska, la causa erigida sobre presuntos sobornos pagados por una empresa de construcción para adjudicarse obra pública en el país, que tiene como procesados, además de casi a una treintena de directivos de empresas implicadas en la trama de sobreprecios y facturas truchas, a los exfuncionarios kirchneristas Julio de Vido, exministro de Planificación Federal, y José López, exsecretario de Obra Públicas. Los funcionarios son acusados de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional.
Declararán cuatro testigos de la transportadora de gas del sur frente al Tribunal Oral Federal 4, integrado por los magistrados Jorge Gorini, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez. El fiscal del caso es Abel Córdoba.
La pesquisa que impulsó el fiscal Carlos Stornelli sobre la instalación de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS) tuvo un camino sinuoso, pero luego de un parate en 2011 -cuando los procesados fueron sobreseídos- culminó en el juicio oral que comenzó el pasado 15 de abril, luego de casi 20 años de iniciada la investigación que puso en marcha la Coalición Cívica con una denuncia por irregularidades en la contratación del Proyecto de Ampliación de Gas 2005.
La investigación se vio interrumpida en 2011 y los funcionarios y empresarios procesados fueron sobreseídos por un peritaje impulsado por la Corte Suprema que no detectó sobreprecios en la obra pública. La Sala I de la Cámara Federal dictaminó la inexistencia de delito y el fiscal Germán Moldes no recurrió el fallo, que quedó firme.
Pero un audio clave, desestimado en un principio por la Justicia, fue reincorporado a la causa: en la grabación, un alto directivo de la firma sueca Skanska, Javier Azcárate, le admitió a Claudio Corizzo, el síndico de la empresa, haber pagado sobornos para quedarse con la adjudicación de obras pública en el país. Además, reconoce pagos simulados con facturas falsas para justiciar el pago de sobornos a funcionarios de Enargas y Nación Fideicomisos.
En el audio, de más de una hora de duración, el gerente comercial Azcarate le señaló a Corizzo que el mercado en Argentina, de ahora en más “es así”. “Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos. Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares”, señala. “Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación”, precisa Azcárate, y añade: “Las líneas están arregladas, hay que poner el 7,5 % más los costos que te salen. Y ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares”.
La reapertura de la causa se dio a partir de un recurso que interpuso la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA, hoy PIA), dirigida en ese entonces por Manuel Garrido, por el cual se solicitó a Casación que revisara la nulidad de ese elemento, que surgió en el marco de una auditoria interna de la firma.
Casación avaló el pedido en 2016 y la causa volvió a cobrar vida cuando el fiscal Carlos Stornelli, parado sobre el fallo de Casación, blandió la figura de “cosa juzgada írrita” y pidió la nulidad de los sobreseimientos con el argumento de que el audio -revalidado ahora como prueba- había sido declarado nulo al momento de dictar los sobreseimientos.
El juez federal Sebastián Casanello dio luz verde al pedido del fiscal y reabrió el expediente. El 3 de noviembre de 2017, el juez procesó por cohecho a directivos y exdirectivos de varias empresas, incluida Skanska, y por cohecho y administración fraudulenta a exfuncionarios públicos.
Contrapunto por el audio que reabrió el caso
El audio que dio un vuelco en la investigación y volvió a sentar en el banquillo de los acusados a De Vido y López se grabó en el marco de una investigación interna de la empresa Skanska. Corizzo, el auditor de la empresa, se entrevistó con varios ejecutivos con ese fin, pero la validez del audio en el que Azcárate admite fue puesta en duda ya que motivó distintas interpretaciones jurídicas: Azcárate no sabía que estaba siendo grabado por el auditor.
“Es erróneo decir, como lo hace la Cámara, que aciertan las defensas cuando remarcan que la totalidad de la entrevista aparece viciada por una mentira inicial”, señaló el camarista Mariano Borinsky, que entendió que el “engaño” sobre Azcárate no estaba acreditado en el expediente. “Las grabaciones efectuadas por particulares, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no puede considerarse genéricamente ilegítimas prueba, vista por algunos como “parajudicial”, argumentó.
El camarista Juan Carlos Gemignani votó en igual sentido: entendió que resguardar el “ámbito personal” de la coerción estatal, pese a provenir de “la más alta tradición liberal”, implicaba una “visión restringida” del asunto. “En la sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no infractores, y ellos también tienen derechos”, marcó. Y más adelante, señala: “Es también un derecho constitucional de las víctimas, y de los no infractores, la reconstrucción de los ilícitos”.
En línea con Borinsky, apuntó que la declaración no fue tomada de forma “subrepticia”, ni de manera “fraudulenta”. La jueza Ángela Ester Ledesma votó en disidencia. Alegó diferencias entre la parte acusatoria al apuntar que el fiscal de primera instancia no consideró que el audio en cuestión fuera “indispensable” y que la FIA, en cambio, sí lo hizo, aunque “sin expresar por qué ni para qué”. “Estamos otra vez frente a una investigación hundida en el tiempo, en el fárrago del “trámite”, cerró.
Además de De Vido, López, y Néstor Ulloa, exgerente general de Nación Fideicomisos, están procesados en la causa por la firma Skanska: Mario Piantoni, Gustavo Vago, Ignacio de Uribelarrea, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba.
También están procesados los siguientes directivos de empresas vinculadas a la presunta trama de corrupción: Adrián López (Infiniti Group); Jorge Butti (Conaza SA); Renato Cecchi (Metalúrgica Cecchi); Walter Cecchi (Metalúrgica Cecchi); Juan Cruz Ferrari (ASM SA); Rubén Gueler (Conisht SRL); Estela Insenga (SPITAL HERMANOS SRL); Danimiro Kovacik (INARGIND); Claudio Moreto (Conaza SA); Daniel Nodar (Transporte Arco Iris SRL); Raúl Orsini (CONUMI SA); Blas Luis Pierotti (GENERART SA); Jorge Roldán (Metalúrgica Roldán SA); Enrique Rubinstain (Conalbe SA); Miguel Spital (Spital Hermanos SRL); Alejandro Tettamanti (ASM SA) y Pedro Ubaldo Carrozzo (Darom Construcciones).
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