Se profundiza la crisis en la obra social de los militares y analizan qué destino darle

La incertidumbre es la única certeza hoy para la mayoría de los 586.000 afiliados del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que mantiene una abultada deuda de $4400 millones y no puede frenar la suspensión de servicios por reclamos de los prestadores.

Muchos de los afiliados descargan en las redes sociales la impotencia por el deficiente funcionamiento de la obra social. Desde una familia que denuncia que una ambulancia para atender a una abuela, de 88 años, tardó 20 horas en llegar, hasta una prestadora que advirtió que le pagan con nueve meses de retraso, como se vio la semana pasada en Twitter.

En las últimas reuniones del directorio de Iosfa se plantearon propuestas para dividir la entidad y volver al esquema de que cada una de las fuerzas militares y de seguridad administre su propia obra social. Pero esa no es la intención de su presidente, Darío Díaz Pérez, ni del Ministerio de Defensa, aseguraron a LA NACION fuentes oficiales.

"Bajo ningún punto de vista conviene la separación, ni tampoco sumarse a otras obras sociales existentes, como la de la Policía Federal, que por ejemplo tiene un único prestador -el Hospital Churruca-, y limitaría la cobertura en todo el país", explicaron fuentes que acompañan en la gestión a Díaz Pérez y desestimaron que avance un plan en ese sentido.

La inquietud para analizar la viabilidad de que cada fuerza administre su obra social partió del área de la Prefectura, pero no tendría mayores consensos.

La expectativa de la actual gestión de Iosfa es que el blanqueo de los haberes militares anunciado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, permita mantener un equilibrio en los gastos de funcionamiento operativo de la entidad, que constituye la segunda obra social del Estado nacional en tamaño, detrás de PAMI.

"Según nuestras cuentas, el crecimiento de los aportes de los militares por el blanqueo generarían unos $200 millones por mes, lo que llevaría alivio. Pero no impactará en la reducción de la abultada deuda, que en marzo llegaba a $4900 millones y con ahorros logramos reducir a $4400 millones", confiaron a LA NACION cerca de Díaz Pérez.

El odontólogo y exintendente de Lanús sigue con atención la definición de una eventual suba de un punto de los aportes de los trabajadores a las obras sociales, que impulsa la CGT y analiza la Superintendencia de Salud y cuya aplicación se extendería al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. "Parece que todo vale a la hora de sumar recursos, en una obra social jaqueada por las deudas y los cortes de las prestaciones", evaluaron fuentes cercanas al ámbito militar.

Una medida en ese sentido profundizaría el malestar de los afiliados, que ya tuvieron que hace frente al cierre de prestaciones y a topes en el número de consultas en salud mental, odontología y kinesiología, entre otras restricciones.

Con la pandemia del coronavirus, al igual que otras obras sociales, en Iosfa se redujo la actividad en consultorios externos, pero se incrementaron los costos en varios servicios, como la atención en gerontología y otras especialidades médicas. En varios lugares del interior, como Bahía Blanca y Córdoba, hubo protestas por el recorte de servicios.

Dimensiones de cada fuerza

Un informe de la gestión anterior señala que a fines de 2019, Iosfa contaba con 586.000 afiliados y 4118 empleados, con 30 delegaciones provinciales y 116 sedes en todo el país. Del total de afiliados, 198.874 pertenecen al Ejército, 119.962 a la Gendarmería, 106.669 a la Armada, 74.676 a la Prefectura y 71.291 a la Fuerza Aérea.

Durante el gobierno de Juntos por el Cambio, cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, hubo un intento de separar a estas fuerzas de Iosfa. Prevaleció la idea del entonces presidente de Iosfa, Pedro Barrios, quien recomendó mantener la unificación.

"La ventaja de la unificación es que, al concentrar las tres fuerzas armadas y sumarles las de seguridad, se logró una masa crítica de casi 600.000 afiliados, mientras que Prefectura y Gendarmería pueden alcanzar 170.000, una cantidad que con los niveles actuales de aporte sería insuficiente para mantener una obra social de nivel nacional, sobre todo con la extensión territorial de las fuerzas", explicó Barrios, ante una consulta de LA NACION.

"No me extraña que haya resurgido y mucho menos que venga de Prefectura, que tiene establecimientos propios que bregaron mucho por ser prestadores de Iosfa y facturarle por los servicios", deslizó.

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